Cercano a cumplirse cinco años de la revuelta de Octubre de 2019, y en el marco de una frágil restauración del equilibrio en favor de las clases dominantes con desmovilización social, el régimen político está crujiendo bajo el desenvolvimiento de una de las crisis político-institucionales más graves de las últimas décadas, y profundiza lo que en estas páginas llamamos como crisis orgánica.

La descomposición del régimen

La historia es más o menos conocida. Luis Hermosilla, alto abogado de la plaza, gestor de intereses de un sector de la alta burguesía, ex asesor de Piñera, tras las sombras del poder judicial, fue encerrado en prisión preventiva por presuntos delitos tributarios, soborno y cohecho. Hasta ahora escaló a la Corte Suprema, con la suspensión de Ángela Vivanco, se anunciaron acusaciones constitucionales para destituir a cinco Ministros del supremo tribunal, un verdadero descabezamiento en un proceso que durará meses. La Fiscalía está entre cejas. La derecha cayó al centro de la tormenta y en Chile Vamos la crisis no hace más que aumentar bajo el silencio de Chadwick. Es apresurado saber cuánto afectará las elecciones municipales y la candidatura presidencial de la UDI Evelyn Matthei (y cuanto golpea o pueda capitalizar Republicanos y socialcristianos que se ubican en el extremo derecho del tablero con un creciente discurso anti-elite tradicional), pero ya la crisis la ha golpeado duramente.

Diariamente aparecen nuevos chats entre las más de un millón de páginas de conversaciones. ¿Hasta dónde llegará la crisis? Según Cristian Valdivieso “no pueden poner un círculo de hasta dónde llega la enfermedad, puede ser una crisis generalizada, pero puede tornar en una septicemia”. En caso que lograra ser encapsulada en la Corte Suprema (hacia algún tipo de auto-reforma judicial), el parlamento también sufrirá desgaste corporativo, desangrando en meses de tramitación y juzgamiento vía acusaciones constitucionales a Ministros de la Corte Suprema. Como señala Carlos Huneeus, uno de los más agudos analistas del régimen chileno de la transición, “este es un tema que es la punta del iceberg, es una bomba de racimo que ha explotado y ha desnudado la debilidad del sistema político. Y una de las debilidades del sistema político se encuentra en el Congreso, con partidos muy fragmentados, que han mostrado escasa capacidad de cumplir sus funciones fundamentales, que es legislar, resolver las cuestiones fundamentales de la ciudadanía.”

¿Impactará en las elecciones municipales? Hay opiniones divergentes, así como un cierto consenso en un posible equilibrio de fuerzas entre oposición y oficialismo. En la coyuntura, el débil gobierno de Boric usó la crisis política desde una ubicación populista (la “élite cree que a los poderosos no se les puede tocar”) y el oficialismo se ha fortalecido relativamente en plena batalla electoral, e incluso se habla de una aceleración de nuevas reformas, como la Condonación del CAE.

Hay un doble carácter de la crisis. Por un lado, es de coyuntura, que por ahora se ve improbable que pueda abrir agitación social. Pero por otro lado, es expresión activa de la profundización de una crisis de hegemonía de las clases dirigentes y de los límites de cualquier intento restauracionista si no hay resolución estructural de la crisis abierta en la revuelta de Octubre de 2019. Desde este ángulo, el caso Hermosilla es un fenómeno mórbido que evidencia la descomposición y anacronismo del régimen de la Constitución del 80, ese que se impuso bajo el terror y las balas, del régimen de la transición pactada entre militares, burgueses, derecha y Concertación, y que se sobrevive en el marco de un Gobierno liderado por el Frente Amplio y el Partido Comunista junto a la vieja Concertación (“Socialismo Democrático”), que no hace más que postergar nuevas crisis, sin resolver ninguno de los problemas fundamentales de las masas.

Según Huneeus: “Estamos en el peor momento de nuestro sistema democrático. La opinión pública es muy crítica y viene desde hace mucho tiempo. Yo me aburrí con las encuestas del CEP que durante 20, 30 años, han mostrado la baja confianza en las instituciones, la desconfianza en los partidos políticos que viene desde los años ‘90. Entonces, ¿qué ha pasado? El mundo político no ve la realidad, no salen de sus oficinas, no salen del Congreso.”

O sea, no es solo el Poder Judicial, sino todo el sistema político completo, incapaz de salir del bloqueo. Según Axel Callis: “Esta crisis puede ser demoledora, porque destruye el contrato social, destruye la base por la cual las sociedades se forman, que es la noción de igualdad ante la ley. Es la piedra angular de todo.” Pero tampoco es solo el sistema político, sino también las “élites”. Es correcto lo que señala Valdivieso, que con esta crisis en parte “resurge la lógica del estallido social: se reinstaló el relato de que las élites económicas y políticas, son las grandes abusadoras”. En los intersticios de la crisis, también los restauradores sufren la denuncia, aspecto que abre espacios de posibilidad de un cuestionamiento mayor a la clase capitalista. “Se produjo una tormenta perfecta para darle nuevamente entidad al relato contra las élites. (…) el informe del PNUD y el Caso Audio, hacen match para resucitar esta narrativa respecto de las élites abusadoras, que viven en un mundo desconectado respecto a lo que experimenta la mayoría de la gente.” De allí que Boric intente sacar rédito apelando a un discurso populista de tipo pueblo vs élite, que en parte le ha resultado, aunque se debilite el régimen de conjunto. Pero la suya es una táctica superficial, pues su Gobierno se ha mostrado como el más fiel promotor de las auto-reformas desde arriba del viejo régimen.

Esto acontece sin embargo bajo la desmovilización social, la crisis de seguridad y un cierto temor artificialmente alterado bajo los intentos restauracionistas en particular bajo el dinamismo y radicalización de la derecha, que empujan sentimientos de “autoridad” y “orden” en sectores sociales que resienten los fenómenos de desintegración social en despliegue. La crisis de Hermosilla es la expresión activa de un régimen que se sigue debilitando, que aumenta la desconfianza de sectores de masas en las instituciones y que alimenta subterráneamente tendencias a mayor inestabilidad. Orgánicamente, es también expresión del estancamiento. Si en la foto en la economía hay una recuperación parcial que en la coyuntura puede ayudar al Gobierno y generar cierta estabilidad social, la película es más contradictoria pues hay un estancamiento del capitalismo chileno.

Previamente a la revuelta de Octubre de 2019 el régimen institucional sufrió embates de la lucha de clases como el enorme movimiento estudiantil del 2011, que sin embargo había logrado canalizar parcialmente con intentos de auto-reformas desde arriba con la Nueva Mayoría y Bachelet. Pero también por arriba sufrió enormes crisis por escándalos de corrupción que salpicaron a casi todos los sectores, en el marco de un estancamiento económico y precarización de las condiciones de vida y trabajo. La fractura social y política se pronunció de forma más o menos caótica bajo los fuegos de Octubre y del paro general del 12 de Noviembre, que sacudió el Oasis del neoliberalismo desde sus cimientos. El infame Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución salvó a Piñera de caer, y abrió un desvío institucional que posibilitó la derrota de la revuelta y la desmovilización de masas a través de la apertura de procesos constituyentes encorsetados bajo las reglas del régimen. Dicho intento logró un resultado no menor: desmovilizar y pasivizar al movimiento de masas, cerrar un proceso de lucha de clases, generar un retroceso en variadas organizaciones sindicales, estudiantiles, del movimiento feminista. La institucionalización fue clave y el PC y FA jugaron un papel central en ello, conformando posteriormente una coalición con el “progresismo neoliberal” y un Gobierno que se ha comportado como una nueva Concertación a todos los efectos de administrar, con rostro más humano, el neoliberalismo chileno. A la derrota de la Nueva Constitución progresista, que no obstante recibir el odio de un amplio sector de las clases dominantes no pretendía tocar los pilares del capitalismo chileno, siguió la desmoralización y desilusión social, que profundizó el retroceso de los movimientos. Parecía que la restauración conservadora tenía el camino despejado, y los Republicanos de extrema derecha conquistaron la mayoría del Consejo Constitucional pactado, y desde aquella mayoría creyeron imponer lo que significaría una habilitación consensual a un proyecto autoritario de ataques del gran empresariado y de retroceso en derechos sociales y libertades públicas. Aquel proyecto fracasó, y las mayorías trabajadoras y populares pusieron un freno.

La contradicción entre desactivar la lucha de clases pero sin recomponer la hegemonía burguesa (pérdida del consenso, crisis de representación, deslegitimación de las instituciones, etc.), abre brechas para que aquella crisis se siga profundizando. No hay ninguna salida actual que sea estable o duradera y se van incubando nuevas crisis de otro carácter.

Tras el patrón de fundo y el lobo de Wall Street chilensis, el temor burgués

Los audios revelados en el Caso Hermosilla del empresario Jalaff ilustran una arista excepcional respecto a la revuelta de Octubre de 2019: por aquellos días Jalaff habló de buscar una salida manu militari (“Trump way” le llamó) para acabar con “los rotos de mierda” (retomando una jerga clásica de las oligarquías del siglo XIX y XX),: “Estoy armando mi propio ejército. 500 efectivos. Hermano. Necesitamos mano dura. Que respeten estos rotos de mierda.” El viejo patrón de fundo del orden portaliano chileno nacía de las entrañas del capital financiero, rentista y multinacional. Al calor de la intensificación de la rebelión popular, pasó del odio contra los rotos al temor burgués de perder todo: “Me voy a sumar a las 500 lucas y 40 horas.” Es decir hablaba de sumarse a Luksic, líder del consorcio capitalista más importante del país, quien había dicho que a sus trabajadores les aumentaría el sueldo base a 500 mil pesos. Morel, la esposa de Piñera, frente a la “invasión alienígena”, había dicho esos días a una amiga: “vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás". El temor burgués al fantasma de una aguda lucha de clases se tornó presencia en el marco de una revuelta que abrió elementos de una situación revolucionaria el 12 de noviembre con el paro nacional convocado por Unidad Social. De allí que buscaron contener con una trampa político-institucional, el Acuerdo por la Paz firmado por Boric y Piñera.

Esta misma clase empresarial que buscó dirigir los intentos restauradores del viejo régimen, con un empresariado cada vez más activo en la defensa de sus intereses corporativos, no han podido salir sin embargo del cuestionamiento, y esta nueva crisis parece volver a alimentarlos.

Las condiciones de nuevas crisis. Construir una salida por izquierda

¿Cuáles son las posibles salidas? Como prima la crisis, no hay salida única, sino una disputa de salidas.
Por un lado, la derecha con Chile Vamos está entre empatar la crisis en la Corte Suprema (acusaciones constitucionales) y ve si hay posibilidades de enlodar al Gobierno, como pasó en su momento tras Penta. Hermosilla por su parte parece querer que el caso se resuelva “manchando a todos” sobre todo a altos cargos del régimen. Boric titubea entre mantener un discurso populista para este caso, a llegar a hablar de acuerdos en su sector. Matthei incluso ha llegado a decir “caiga quien caiga” buscando jugar al populismo de derechas, ¿Se podrá llegar a algún “gran acuerdo” como piden varios analistas, para salir un poco del pantano?

Muchas voces lo piden, pero se ve difícil. El “acuerdo” tras los casos Penta y Caval tuvieron que pasar más de dos años en una crisis que desangró al régimen para poder llegar a algo, que fue bastante superficial. En aquel entonces, tras el descubrimiento de financiamiento ilegal de la política con Penta, el círculo de Bachelet aprovechó su fortaleza relativa en ese momento (y el hundimiento derecha involucrados nada menos que los cinco viejos "coroneles" UDI) para hacer la reforma al binominal, gratuidad con letra chica, etc. Cuando el caso Caval se destapa, posterior a eso, el 2016, el hundimiento del conjunto de los partidos es brutal (incluso en pasividad social). Esos años se generan las condiciones de crisis de los viejos partidos tradicionales, de emergencia d nuevos espacios (en ese momento el propio FA) y asimismo se incubó lentamente las condiciones de la Revuelta del 2019. Actualmente más allá de la presión coyuntural a cerrar la crisis Audio, estructuralmente está debilitando las viejas estructuras. Incluso con algún acuerdo de reforma del sistema de nombramiento de jueces, ya el daño está hecho, y no se sabe qué tipo de reforma sería y ningún partido ni coalición está en condiciones de imponer sus ideas. Lo más alto que se podría llegar sería acordar la reforma al sistema política para impedir la fragmentación, pero aquello lleva años pateándose, y no avizora ninguna salida estructura.

Esta crisis se desarrolla en un marco de pasividad y no ha generado un escándalo activo en las masas. Sin embargo, estructuralmente puede seguir debilitando a los partidos tradicionales y abrir espacios de nuevos sentidos comunes, ya sea por izquierda o por derecha. En las bases de la irresolución de la crisis abierta en la revuelta, está el deterioro de las condiciones de vida y la incapacidad del régimen de procesar las contradicciones del capitalismo contemporáneo chileno, del estancamiento económico y de su crisis de legitimidad.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile publicó hace algunas semanas un informe titulado ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar?, donde destaca un optimismo decreciente o cierto pesimismo colectivo en aumento y una percepción de injusticia en la población. Según el informe existe malestar y desafección, relacionados a la incapacidad del sistema político para canalizar cambios estructurales y demandas que se tradujeron en la revuelta. Según el informe “el deseo de cambios profundos persiste entre las grandes mayorías”, aunque ahora se trataría de cambios graduales (de un 37%, en 2013, a un 57% el año pasado). Asimismo una mayoría opta por soluciones públicas (o estatales) en pensiones (64%), explotación del cobre y litio (62% y 60% respectivamente), en la gestión del agua y la electricidad (55%), en educación y salud (53%). El informe plantea la continuación de la apertura de una disputa de carácter estructural.

La profundización de la crisis orgánica implica una oportunidad para dar una lucha política por una salida de las y los trabajadores y por izquierda; para desarrollar una denuncia al funcionamiento corruptivo de un régimen que funciona al servicio de los dueños del país y las multinacionales; porque reabre condiciones de un malestar estructural, que se sigue profundizando, que eventualmente se puede expresar en reapertura de procesos de lucha de clases; porque reabre la disputa por el relato o balance sobre la Revuelta.

Pero también entraña la posibilidad de situaciones peligrosas como serían salidas más autoritarias y conservadoras que empiezan a tomar fuerza y dinamismo con las corrientes de extrema derecha y bonapartistas. Para hacerles frente de forma consecuente, es clave empezar a discutir la necesidad de construir un partido de izquierda revolucionaria y socialista, que combata duramente a las nuevas extremas derechas, que sea independiente y no deposite ninguna confianza en gobiernos “progresistas” como el de Boric que no tiene nada más que ofrecer que reformas parciales al capitalismo y al viejo régimen.

Un partido revolucionario que a la vez que enfrente las auto-reformas del régimen, articule un programa que partiendo de las necesidades sociales de las grandes mayorías, como la defensa de la salud y educación pública, gratuita y de calidad, fin al negocio y especulación con las viviendas, poner fin a pensiones y salarios de miseria, condonación inmediata del CAE sin pago a los bancos, etc., combine estas peleas con una denuncia al conjunto del régimen anti-popular, como la denuncia a toda la casta judicial (y sus auto reformas) como parte un régimen construido en dictadura heredero del pinochetismo, y acordado bajo una transición pactada al servicio de los poderosos y millonarios dueños del país, un régimen que para continuar oprimiendo salvó a Piñera e impidió cualquier cambio en beneficio de las mayorías trabajadoras. Solo una salida de la clase trabajadora y el pueblo, con su movilización y autoorganización podrá poner fin a este viejo régimen y al reinado de un puñado de familias. Hace falta construir una organización que se plantee esa lucha, en la perspectiva de un gobierno de trabajadores en ruptura con el capitalismo.