Cruces entre el gobierno nacional y la gobernadora de Río Negro sobre la gigantesca propiedad de Joe Lewis, quien se adueña hasta de un lago en plena cordillera. La violencia con matones privados en la estancia y la pregunta del millón: ¿cuándo se va a tomar una medida elemental de defensa nacional contra estos magnates? Preparar una lucha para expropiar a este empresario imperialista.
Martes 15 de febrero de 2022 11:23
La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, junto al presidente Alberto Fernández.
Pongamos las cosas en contexto. En momentos en que los matones de Joe Lewis actuaban como una policía privada prohibiendo el acceso a un espacio público al Lago Escondido, la gobernadora Arabela Carreras y el Presidente Alberto Fernández compartían comitiva nacional hacia China. Antes de ese viaje la gobernadora ya había saludado el acuerdo del Presidente con el FMI, una manera de aclarar para qué lado votarán en el Congreso sus legisladores. Quien apoya el acuerdo con el Fondo, acepta el ajuste que se viene. No hay medias tintas en eso.
En el marco de esa "buena sintonía" es que se desató la polémica sobre el lago. La gobernadora, fiel a esa tradición cipaya de la derecha nacional, tuvo dos expresiones que la pintan de cuerpo entero. En primer lugar, ante el apriete fascistoide de los encapuchados a caballo amigos de Lewis, quienes amedrentaron a los manifestantes de la marcha, desde China habló de que: "los pobladores ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica". Sin sonrojarse, aplicó una vez más el discurso de impunidad con el que ampara a esta derecha gorila acostumbrada a atacar comunidades mapuche y que se apropia de toda tierra que sea plausible de transformarse en un negocio inmobiliario. Para la gobernadora la apropiación de un espejo de agua como lo es el Lago Escondido, es simplemente una cuestión ideológica. Más cipaya no se puede.
Como contraparte a esto, Alberto Fernández salió tibiamente a bancar la marcha de la soberanía sobre el Lago Escondido, hablando de la necesidad de asegurar un paso público, algo que tiene vedado este magnate. Fue ahí cuando la gobernadora Carreras sacó a relucir su segunda argumentación discursiva: "hay otras prioridades". Es un intento de tirar la pelota para otro lado, planteándole al Presidente supuestas necesidades de pavimentar caminos que son prioridad para las y los rionegrinos. Desde ya que para la mandataria sus prioridades no son las del ciudadano común, quienes salen a trabajar día a día en las ciudades o en los campos sufriendo la enorme precariedad de infraestructura, que es precariedad de su propia vida. Para ella se trata de obras que sean "prioridad" para los grupos económicos que proyectan un nuevo saqueo de nuestros recursos. Por eso es que habló de realizar un acceso a Punta Colorada, lugar donde se planea la venida del capital australiano que quiere invertir en una planta de hidrógeno.
Para la gobernadora la apropiación de un espejo de agua como lo es el Lago Escondido, es simplemente una cuestión ideológica. Más cipaya no se puede.
Es decir, la gobernadora no da puntada sin hilo: aprovechó cada momento de este lío para seguir desarrollando el decálogo de la derecha fascistoide de la cordillera y mostrándose como una socia de todo negociado empresarial. Y todo eso sin mencionar ni una sola vez el nombre Joe Lewis. Una defensa abierta del poder casi feudal de este multimillonario.
Defender la soberanía es tener una política consecuentemente anti-imperialista
La gobernadora no puede tapar el sol con las manos. El sentido común en la provincia es que Joe Lewis es un apropiador que maneja impune toda una empresa gigantesca con matones incluídos, en un paraíso al cual ningún habitante puede acceder. En el marco de la destrucción del bosque nativo que a cada año tenemos que ver con los incendios; un pedazo de la cordillera, con río y lago incluídos es de un capitalista que vive la mayor parte del año en un yate en Barbados. Ese es el poder real de los grandes empresarios para los que gobierna Carreras. Una entrega de soberanía que realiza día a día, como ya lo ha hecho el partido gobernante con el endeudamiento millonario del plan Castello con la banca privada neoyorquina.
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Ese es el perfil que es núcleo duro del gobierno provincial: hacer negocios, bancar "las instituciones", es decir apoyando el pacto del gobierno con el Fondo y pararse a la derecha del peronismo en estas cuestiones, que reiteramos, juzga como cosa "ideológica". Por su parte, Alberto Fernández solo atinó a plantear un "porfis", como si la soberanía sobre nuestro territorio se resolviese con un paso abierto en la tranquera de estancia de este patrón. No decir nada más que eso, también es impunidad para los matones de esa gigantesca propiedad de 12 mil hectáreas de paraíso cordillerano.
Por su parte, ATE y el staff de organizaciones sociales y sindicales que impulsaron la marcha, plantean correctamente la defensa nacional del lago. Pero para recuperar el Lago Escondido se hace evidente que hay que dar una lucha en serio. ¿Cómo borrar de un plumazo el poder de violencia que ejercen los matones de las estancias cordilleranas sin enfrentarlos seriamente?
No se puede escindir la pelea por defender nuestra soberanía con la defensa frente al ajuste que se viene. Pelear por la recuperación de tierras, ríos y lagos obligadamente implica tomar seriamente la defensa de la causa de las comunidades mapuche; quienes vienen sufriendo el despojo y asesinatos como los de Elías Garay o Rafael Nahuel. A su vez, enfrentar el poder de Lewis implica romper los pactos de gobernabilidad que ata a estas organizaciones sindicales y sociales con los gobiernos de turno. Rodolfo Aguiar, el sindicalista que mueve los hilos de ATE Río Negro y uno de los impulsores de la marcha junto a otras organizaciones sociales ligadas al peronismo, no dudó en sacarse la foto con la gobernadora anticipando que los nuevos aumentos de sueldo serán como lo determina Nación, un 40%, obviamente a la baja.
Hay una cosa que resulta evidente de todo este debate: no se puede enfrentar al imperialismo con medidas de lucha para la televisión. Impulsar la expropiación de Lewis implica enfrentar el conjunto de una política que es común de ambos gobiernos: la defensa de la propiedad privada de los grandes terratenientes. Y para ello es necesario romper amarras y compromisos con Carreras y Fernández e impulsar un verdadero plan de lucha, acciones en cada ciudad, frente al poder político, impulsando asambleas en las universidades y lugares de trabajo. Solo de esa manera se podrá estar en mejores condiciones para enfrentar a esta derecha cipaya y a un gobierno nacional que ajusta, imponiendo la expropiación de grandes terratenientes como los Lewis.