Así lo decidió el Tribunal de Apelaciones de Entre Ríos, tras una larga espera de las víctimas. Para la referente nacional Julieta Añazco “es un logro que hace muy felices a todos los sobrevivientes”.
Viernes 30 de septiembre de 2016
“No lo puedo creer, pasaron cuatro años. Bah, lo esperamos 25 años”. Fabián Schunk, la única víctima que rompió el anonimato, se alivió cuando se enteró de que, finalmente, luego del proceso iniciado en 2012, el cura Justo José Ilarraz irá a juicio oral.
Investigado por abusos sexuales contra al menos medio centenar de chicos de entre 10 y 14 años, Ilarraz sufrió un duro revés luego de que se conociese que el Tribunal de Apelaciones, integrado por los jueces Pablo Vírgala, Marina Barbagelata y Gustavo Maldonado, decidió rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa del sacerdote.
Según la resolución, “bajo el ropaje de lo que señala como ‘nulidades’ pretende que cierta prueba legítimamente ingresada al proceso (…) sea ahora declarada nula”, lo cual es “contradictorio”. A su vez, los magistrados le impusieron a Ilarraz el pago de honorarios de los abogados querellantes, suma que alcanza los $ 94.500.
Leé también Fabián Schunk: “A Ilarraz lo investigan por insistencia de las víctimas, no de la Iglesia”
Después de las quejas de los jóvenes seminaristas, en julio de 1995, el entonces arzobispo de Paraná, Estanislao Karlic, había ordenado por decreto una investigación sobre la conducta de Ilarraz. En esa ocasión el futuro presidente del Episcopado tomó especial cuidado en señalar que la pesquisa debía ser realizada “con el mayor sigilo, una vez terminada y resuelto cómo actuar, según prescribe el c. 1718, se guarde en el archivo secreto de la curia (...)”. Y así fue por casi veinte años.
Ilarraz fue prefecto de Disciplina en el Seminario Menor desde 1985 hasta 1993. Y fue también director espiritual de los chicos que cursaban el secundario en el internado, camino a su formación sacerdotal en el Seminario Mayor.
“Fueron cuatro años desde que comenzó a actuar la justicia. Cuatro años que te llevan a preguntarte por qué la justicia se demora tanto. Las trabas vinieron siempre por parte de los defensores de Ilarraz, que antepusieron un montón de objeciones. No nos acompañaron quienes nos tenían que acompañar, aquellos que tenían la obligación religiosa de hacer. Sí tuvimos todo el tiempo las puertas abiertas del procurador y del fiscal”, marcó Schunk en conversación con este medio.
Asímismo añadió que “esperamos sentarnos frente a frente sin dilaciones. Queremos que se haga justicia de una vez por todas. Las víctimas creemos que la justicia humana cuando es humilde y de puertas abiertas también es justicia divina cuando es justa”.
Schunk, desde que el caso trascendió en septiembre de 2012, fue uno de los motorizadores públicos de una causa que estaba trabada en la justicia provincial. Lo hizo no sólo relatando con precisión lo que padecieron entre mediados de los 80 y comienzo de los 90, sino también indicando la responsabilidad tanto del cardenal emérito Karlic, y del actual arzobispo Juan Alberto Puíggari, entre otros.
“A mediados de los 90 a Ilarraz lo juzgaron, a su manera, y le aplicaron una sentencia y una pena, vergonzosa, pero pena al fin y al cabo, con lo que eso implica; que hoy Ilarraz esté siendo investigado nuevamente se da por insistencia de las víctimas y no por un acto autocrítico de la Iglesia”, resumió Schunk.
En una entrevista con La Izquierda Diario, Schunk había revelado que “yo di el paso por mí y por el resto de los muchachos, incluso por aquellos que son víctimas y no lo denunciaron. Se siente liberación, se siente lo que se siente cuando se saca un gran peso de encima. Uno no solamente dice algo, sino que rompe y quiebra una atadura impuesta por los que resguardaron su prestigio a costa del dolor”.
Leé también Curas pedófilos: “Hay un patrón sistemático que hay que romper”
“Somos muchos”
Julieta Añazco, referente nacional de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico (SNAP en inglés), indicó que “somos muchos los que estamos detrás de la causa de ellos. Es un logro que nos hace muy felices a todos los sobrevivientes de abuso sexual cometidos por sacerdotes. Los abrazo fuertemente desde mi corazón. Nos dan más fuerza para seguir luchando”.
La propia Añazco denunció al cura Ricardo Giménez, quien por el abuso de cinco menores en Magdalena (provincia de Buenos Aires) fue arrestado en 1996, pero luego fue liberado por los jueces Raúl Delbés y Horacio Piombo. En 2013 Añazco lo denunció por los vejámenes que padeció durante la década del 80 en otra localidad bonaerense, Bavio.
En tanto que uno de los abogados que más causas aglutina contra curas por este tipo de delitos, Carlos Lombardi, destacó que “la elevación a juicio de la causa Ilarraz representa un gran paso para las víctimas de ese sacerdote ya que los tribunales del Estado argentino (laicos e independientes) cumplen sobradamente con la garantía de defensa en juicio, como manda la Constitución Nacional”.
El mendocino viene enfatizando la ambigüedad de la jerarquía eclesiástica: “No puede decirse lo mismo respecto a los tribunales de la Iglesia Católica (que funcionan en nuestro país por un privilegio concedido por el anacrónico Concordato de 1966) donde derechos humanos como el debido proceso legal y el derecho a conocer la verdad son violados sistemáticamente por un procedimiento canónico que es una parodia. Procedimiento pergeñado por curas y para curas. El caso que comentamos es un claro ejemplo”.
“Los hechos están demostrando que la valentía de las víctimas, el acompañamiento de los medios de comunicación y el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado han permitido conocer los aberrantes abusos sexuales encubiertos por años por la jerarquía eclesiástica. No sólo eso. También demuestran que el modus operandi mafioso del alto clero es un sistema perfectamente aceitado para proteger a los abusadores con sotana. Dicho sistema es mantenido en la actualidad por el papa Francisco, aunque por su enorme demagogia, diga otra cosa. Desde la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina acompañamos el accionar de la justicia entrerriana y esperamos que luego de un juicio justo, se sancione a los responsables de tan aberrantes hechos”, concluyó Lombardi.
