En los últimos días los grandes medios vienen desplegando una enorme campaña contra los reclamos obreros. Pero mientras hablan de empresarios “víctimas”, ocultan como se enriquecen gracias al Estado. Detalles de los negocios de ArreBeef con Macri y con Fernández.
Juan Manuel Astiazarán @juanmastiazaran
Miércoles 10 de marzo de 2021 23:03
Foto: Prensa Económica
La campaña es de manual. Los grandes medios bombardean día y noche, presentan a los empresarios como víctimas y a los trabajadores como violentos e irracionales, responsables por los cierres de empresas y por posibles desabastecimientos.
Uno de los casos más emblemáticos es el del frigorífico ArreBeef. El “llanto” de su dueño Hugo Borrel invadió los diarios y los canales de TV buscando justificar el cierre de la empresa y el intento de dejar a 1000 familias en la calle. Pero la historia de Borrel y su familia no tiene nada que ver con el relato que los medios buscan instalar: ellos están acostumbrados a contar con los favores del Estado y a manejarse con la impunidad que da el poder.
La información a la que accedió La Izquierda Diario lo comprueba: durante el macrismo se enriquecieron como nunca con las exportaciones y hasta lograron expandirse a la industria energética firmando un contrato millonario con el Estado. En 2019 llegó la “devolución de favores”: la empresa aportó más de 7 millones a la campaña presidencial de Juntos por el Cambio, a pesar de que la ley se lo prohibía.
Con Alberto Fernández mantuvieron las ganancias extraordinarias gracias a la exclusiva cuota Hilton y los salarios de miseria. Pero además, Borrel y otros empresarios frigoríficos se juntaron con el presidente e hicieron un convenio para duplicar las exportaciones, mientras se comprometían al acuerdo de precios para el mercado interno. Así y todo el precio local de la carne subió un 73% en el último año.
Un negocio multimillonario
En el año 2017 Hugo Borrel, el presidente del frigorífico, encaró un ambicioso proyecto: la conformación de ArreBeef Energía, una compañía conformada “con el propósito de generar energía eléctrica en base a los residuos orgánicos provenientes del proceso productivo de la planta frigorífica” según detalla la web oficial.
Básicamente, la decisión fue crear una nueva empresa que se desprendió de ArreBeef S.A. para generar energía eléctrica. ¿Cómo? A través del biogás producido con el 70% de estiércol y el contenido ruminal de los animales y el 30% restante con sangre, grasa vacuna y otros desechos orgánicos. ¿Para qué? Para reducir los gastos por el consumo energético del frigorífico y a su vez abastecer a la red nacional de energía eléctrica, firmando un importante contrato con el Estado.
Para lograr esto fue fundamental el programa RenovAr 2.0 de energías renovables lanzado por el macrismo un año antes. El 17 de agosto de 2017 el Ministerio de Energía que conducía Juan José Aranguren publicó una resolución (275/17) en la cual abría una nueva convocatoria a licitación pública teniendo “especialmente en cuenta la necesidad de contemplar las particularidades que presentan los proyectos de generación de fuentes biomásica y biogás”. Justo lo que ArreBeef necesitaba.
El 29 de noviembre de 2017 el Ministerio hizo públicas las adjudicaciones y ArreBeef se convirtió en una de las empresas aprobadas para proveer energía eléctrica, firmando un contrato de 20 años con Cammesa, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. Así era habilitada a construir una central de biogás de 1.5 MW de potencia nominal instalada, a un precio de US$ 150 MW/hora.
Para llevar adelante este proyecto, la empresa desembolsó una inversión de 5,5 millones de dólares para la construcción de la planta y un biodigestor propio, mientras que en 2019 fue autorizada para ingresar equipos tecnológicos libres de impuestos aduaneros por un monto de 1,43 millones de euros.
Según declaraciones de Mauricio Accietto, Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional en ArreBeef y referente de ArreBeef Energía, la empresa se comprometió inicialmente a entregar al menos unos 7200 MWh por año, lo que le garantiza un mínimo de U$S 1.080.000 de ingresos anuales.
La impunidad de los poderosos
El 2019 fue un año exitoso para la familia Borrel: no sólo fue autorizada a exportar 1357 toneladas dentro del marco que establece la Cuota Hilton (definida por el Ministerio de Agricultura), sino que superó el récord de facturación por exportaciones que había alcanzado en 2018, llegando a los 251 millones de dólares. También fue un año importante en los avances para la construcción de la central de ArreBeef Energía.
Como se puede observar, ganó como nunca antes favorecida por las políticas oficiales. Quizás sea por eso que la firma que preside Hugo Borrel aportó 7,2 millones de pesos para la campaña presidencial de Juntos por el Cambio. Aunque claro, no fue la única.
Los frigoríficos y las empresas vinculadas al comercio de granos fueron grandes ganadoras durante el macrismo y por eso muchas de esas firmas estuvieron entre las principales aportantes de la campaña presidencial de la fórmula Macri-Pichetto, incluso violando la ley de financiamiento de los partidos políticos. ArreBeef no fue la excepción.
En su artículo 15 la ley prohíbe las contribuciones de “permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores” de la Nación o las provincias. La compañía de Borrel entra en esta definición al haber sido seleccionada para proveer al Estado del servicio de energía eléctrica a través del programa RenovAr 2.0. con un contrato por 20 años. Sin embargo realizó las donaciones igual.
Casos como este se repiten con otras empresas, por lo cual una auditoría de la Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió un dictamen en el cual recomendaba rechazar la rendición de cuentas presentada por Juntos por el Cambio. La causa quedó a cargo de la jueza María Servini en la Justicia Electoral.
La violación de la ley electoral establece una sanción económica para las personas o las empresas que incumplan esta prohibición “con una multa de igual monto que la contribución o donación y hasta diez veces más de dicho monto” (art. 66). Lo mismo rige para los partidos políticos que hagan uso de esos fondos. Sin embargo, nada de eso sucedió: la jueza Servini todavía tiene durmiendo incluso la resolución sobre las irregularidades de la campaña de 2015 que involucran a las dos principales fuerzas políticas del país.
A su antojo
La prepotencia de los grandes empresarios como Borrel es conocida. Así actúan los dueños de todo, convencidos de que las reglas del juego fueron hechas para ellos y que cuando es necesario, pueden quebrantarlas sin temor a sufrir consecuencias.
Quien piense que sus beneficios se terminaron con la salida del macrismo se equivoca. Durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández el frigorífico volvió a beneficiarse con la exclusiva cuota Hilton (exportando 1.613 toneladas a un precio cercano a los U$S 10.000 la tonelada) y su facturación superó por tercer año consecutivo la barrera de los 200 millones de dólares. Pero sus trabajadores denuncian que ni siquiera cumplen con los acuerdos paritarios, con el aval del sindicato de la carne.
En noviembre de 2020 Borrel participó de un acto de Gobierno junto a otros empresarios que conforman el consorcio de frigoríficos exportadores ABC. Fue en las instalaciones del Frigorífico Rioplatense y contó con la participación de Axel Kicillof y del presidente.
En esa ocasión firmaron un acuerdo para incrementar las exportaciones y Fernández no ahorró en elogios. Pero además se refirió al mercado interno y aseguró: “Debemos cuidar que los precios internacionales de la carne no se vuelvan precios locales en Argentina. Trabajar en eso también es tarea de los que buscan el desarrollo y la verdad que con alegría veo que estos empresarios miran ese problema igual que yo”.
El final es conocido: días después el precio de la carne se disparó y en total acumuló un 73% anual. Luego de esto el Gobierno cerró el magro acuerdo de "cortes populares" del que ArreBeef es parte.
Ahora, Borrel no sólo anunció que el frigorífico dejaría de producir, sino que busca quebrar el reclamo de sus trabajadores aplicando fuertes descuentos sobre la última quincena, presionando a las familias con el hambre y las deudas que se acumulan. Y mientras esto sucede, los ministerios de Trabajo de la Provincia y de la Nación miran para otro lado y permiten el accionar de la empresa.
Hasta ahora lo único que se pudo conocer de parte de la cartera que conduce Claudio Moroni son las supuestas declaraciones que trascendieron en el diario La Nación, donde se replica la mentira empresaria de la “interna sindical”.
Una mentira que los grandes medios repiten una y otra vez mientras ocultan los negocios de Borrel con el Estado -antes con Macri, ahora con Fernández- y las maniobras para pisotear los derechos laborales de sus empleados con el aval del sindicato y la complicidad del Ministerio de Trabajo.
