El martes recién pasado, se rechazó en la Cámara de Diputados el impuesto a los “súper ricos” levantado por el Partido Comunista y el resto de la oposición. Con falta de quórum y sin alcanzar los votos de los tres quintos, sólo pasó al Senado la reducción del IVA para productos esenciales. El fracaso del impuesto a los súper ricos, muestra el fracaso de la estrategia del Partido Comunista, es decir, reducir la conquista de las necesidades del pueblo trabajador a la acción parlamentaria y la tregua con Piñera dirigiendo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a pesar de las crítica de Camila Vallejos de que “la calle se las va a cobrar” a quienes votaron en contra.
Viernes 21 de mayo de 2021
El proyecto del impuesto a los “súper ricos” pasó sin el corazón al Senado, quedando fuera el impuesto del 2,5% al patrimonio que supere los US$22 millones, ya que la mayoría de la derecha de Chile Vamos votó en contra o se abstuvo, sin poder conseguir la oposición en la Cámara los tres quintos para dicha reforma constitucional.
También fueron rechazados el alza transitoria del 3% a las empresas con ventas desde los US$41 millones; la eliminación de la exención tributaria a favor del mercado de capitales, como los fondos de inversión privada y a las ganancias del capital en operaciones bursátiles líquidas. La derecha rechazó los impuestos a las fortunas, aunque mínimos, en la votación a pesar de que durante abril un gran sector del oficialismo había apoyado la idea de legislar.
Lo único que pasó del proyecto de reforma, fue la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para productos considerados esenciales hasta el 31 de diciembre del 2022. Esta reducción contemplaría bajar a 10% el IVA para bienes y servicios como alimentos, productos sanitarios, hotelería y servicios deportivos; a 4% para el pan, harina, frutas, verduras, libros, medicamentos, prótesis, y servicios de teleasistencia; y se rechazó rebajar la tasa a 10% para combustibles, petróleo, diésel gas licuado de petróleo de consumo vehicular y gas natural comprimido de consumo vehicular.
Tras la votación, la diputada del PC, Camila Vallejos lanzó algunas críticas a los partidos del Gobierno, planteando que hay una “contradicción de los parlamentarios de Chile Vamos, que aprobaron la idea de legislar, pero hoy día rechazaron el impuesto a las grandes fortunas, nuevamente protegiéndole el bolsillo al Presidente de la República, a sus amigos súper millonarios que en plena pandemia aumentaron su patrimonio y su riqueza en más de un 74% (...) en la calle se lo van a cobrar”.
A Vallejos, se sumó el democratacristiano Walker y el diputado del PS, Marcos Illabaca, para entregar a la Presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), indicaciones para reponer el corazón que no pasó la Sala
Hay que organizar un gran paro nacional y la movilización para conquistar un Plan de Emergencia basado en el impuesto extraordinario a las grandes fortunas y las grandes mineras
Más allá de las tibias declaraciones de Vallejos, el fracaso en la votación del proyecto de impuesto a los “súper ricos”, es expresión del fracaso de la estrategia del Partido Comunista, que al igual como lo han mostrado dirigiendo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con un llamado a paro el 30 de abril pasado que llegó hasta la mesa de negociación de Provoste y Piñera, apelan al sentido moral del empresario y Presidente de la República Piñera y sus partidos, con total confianza en el parlamento pero ninguna confianza en la fuerza de la clase obrera.
Desde el Acuerdo por “la Paz y Nueva Constitución”, que el PC a la cabeza de la CUT, le ha declarado una tregua al odiado Gobierno, que ante las miserias que han aquejado al pueblo pobre y trabajador, las cuales se profundizaron con la pandemia, con la complicidad de la “oposición” del Frente Amplio y el PC, respaldando leyes como la de “protección” al empleo que es la causante de aumentar el desempleo en el país y precarizar la vida de millones, no han movilizado la fuerza de las y los trabajadores, dirigiendo los principales sindicatos y varios de ellos ligados a sectores estratégicos como los de la minería del cobre.
Ahora, después de los resultados de la elección de constituyentes, en la cual la derecha y partidos de la ex Concertación recibieron una aplastante derrota, no es de sorprender que los partidos empresariales y sus políticos, van a buscar defender los intereses de los capitalista con todas las formas posibles. Mientras, un sector de la burguesía plantea que respaldarán a los constituyentes que promuevan la libertad pro empresa, la autonomía del Banco Central y el respeto a la propiedad privada, el PC, el FA y el conjunto de la oposición hacen depender del parlamento las necesidades que hoy tiene el pueblo.
Es necesario que la CUT, haga un llamado a todos los sindicatos, organizaciones sociales y políticas a levantar un gran paro nacional, pero no de 11 minutos ni tampoco con el objetivo de sentarse a presentar un cuarto plan de emergencia, sino una gran movilización organizada desde las bases junto a un plan de lucha para conquistar un verdadero Plan de Emergencia basado en los impuestos extraordinarios a los súper ricos y grandes mineras del 20%, impuestos extraordinarios a los magnates como Luksic o grandes firmas mineras imperialistas como BHP, que doblegaron sus ganancias durante la pandemia a costa de la salud y la vida del pueblo trabajador junto a nuestras familias.
A la vez, creemos que todos los independientes de la Lista del Pueblo que ha sido respaldada por la gran mayoría en las elecciones, la alianza FA y PC que dirige la central obrera más importante del país, hagan una llamado a organizar asambleas en los lugares de trabajo desde las bases para asegurar un gran paro nacional, porque así como lo demostró la fuerza de los portuarios para derrotar a Piñera y al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del tercer 10%, es la fuerza de la clase trabajadora y sus sectores estratégicos quienes pueden imponer con lucha y organización que esta crisis la paguen los empresarios y no nuestras familias, con esta fuerza podríamos conquistar una renta universal básica de $550.000 para todos y todas sin restricciones, prohibir los despidos y derogar la maldita ley de protección al empleo que tiene a dos millones de personas no viviendo, sino sobreviviendo desde que comenzó la pandemia, y así también reducir la jornada laboral a seis horas cinco días a la semana, para repartir las horas de trabajo entre todas las manos que puedan trabajar para terminar con la cesantía.