La Audiencia Nacional reabre una querella contra Brahim Ghali, líder polisario, por genocidio. La acción del Gobierno “progresista” a través del brazo judicial para resolver la crisis en Ceuta y fortalecer las relaciones del Estado español con la monarquía marroquí y su ocupación del Sáhara.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 19 de mayo de 2021
Foto: EFE
El movimiento sale de los juzgados de la Audiencia Nacional por decisión del juez Pedraz, pero ante el nivel de la crisis humanitaria vivida ayer en Ceuta, no hay duda que se trata de una operación de Estado que cuenta con el apoyo de todo el Gobierno “progresista”.
La querella contra Brahim Ghali, líder polisario, es el segundo procedimiento desde que entró en el Estado español hace un mes. En esta querella reabre una causa contra Ghali por presuntos delitos de tortura o genocidio.
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El líder polisario está citado el próximo 1 de junio, si bien Ghali rechazó firmar la citación que le entregó la Policía el pasado 18 de abril en Logroño, donde se encontraba hospitalizado para tratarse de coronavirus.
Esta es la forma como el ejecutivo de Sánchez al completo, con Podemos e Izquierda Unida asumiendo la política imperialista del Estado español, busca zanjar la crisis humanitaria en Ceuta. Una crisis, que si bien este martes se vivió una jornada sin precedentes por la llegada de más de 6 mil personas migrantes, 1.500 de ellos menores de edad, no es una situación ni mucho menos nueva.
A la vía judicial se le suma la militar, y es que el despliegue del ejército en las playas ceutíes ha servido para la devolución en caliente de más de 4.000 personas. Una entrega a la policía marroquí de estas personas sin ningún tipo de control legal o sanitario. Una auténtica vulneración de los derechos humanos y cualquier tratado internacional. Algo que por otra parte el Estado español y la UE no tienen problema en convertir en papel mojado cuando hay intereses económicos por medio.
De este modo el Gobierno “más progresista de la historia”, continuando con la política de Estado que han tenido todos los gobiernos anteriores, busca mantener una relación privilegiada con Mohammed VI, el tiránico monarca marroquí que hace de “gendarme” para controlar a las personas migrantes que tratan de llegar al Estado español en busca de una vida mejor.
En los últimos años el régimen marroquí, junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, custodian las vallas y las playas donde miles de personas han perdido ya la vida, bien ahogados, bien por caídas o por diferentes lesiones. Y es que las fuerzas represivas no dudan en usar todo su material represivo para evitar el cruce de frontera, como sucedió en la matanza del Tarajal donde 15 inmigrantes murieron ahogados mientras agentes de la Guardia Civil les disparaban pelotas de goma en 2014.
Además la decisión de la Audiencia Nacional tiene un claro guiño a la monarquía marroquí en relación al conflicto del Sáhara, territorio entregado por el Régimen del 78 por cortesía de Juan Carlos I, y que supuso la condena del pueblo saharaui a vivir entre un régimen de ocupación y el exilio en el desierto argelino. Esta querella quiere ser la prueba que de parte del imperialismo español no hay un solo atisbo de complicidad o ayuda con el pueblo saharaui que el pasado noviembre volvió a levantarse en armas contra la ocupación de la monarquía marroquí.
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Ante esta situación donde las potencias europeas y el Estado español buscan seguir haciendo negocio en la zona del Sáhara a través del expolio de los recursos pesqueros de sus costas, los fosfatos y otras materias primas, y la monarquía marroquí que usa su rol de gendarme de las fronteras de la UE para mantener el apoyo de estos en su ocupación de las tierras saharauis, las únicas víctimas son las personas migrantes que abandonan sus casas en busca de una vida mejor.
Desde el Estado español es importante la movilización y denunciar enérgicamente su papel imperialista y sus acciones criminales.
Hay que movilizarse contra esta política criminal del gobierno “progresista”. ¡No al despliegue del ejército! ¡No a las devoluciones en caliente! Por la devolución de los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla. Por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui al que el Estado español y la UE entregaron como moneda de cambio.
