La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), mediante la presentación de un informe-memoria sobre los hechos acaecidos el 2019, no solo intenta lavarle la cara al golpismo, sino que también intenta ocultar el rol protagónico que tuvo en el Golpe cívico-militar y clerical.
Lunes 21 de junio de 2021
Esta semana la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), presentó un informe-memoria sobre los hechos acaecidos desde el 20 de octubre del año 2019 hasta el 20 de enero de 2020, periodo donde se consolidó el Golpe de Estado en Bolivia, cuyos funestos resultados fueron las masacres de Senkata, Sacaba, Montero, Betanzos, Ovejuyo y El Pedregal.
Aunque la presentación del cuestionable informe pretenda lavarle la cara al golpismo, fiel y consecuente a su rol histórico, tal como lo hizo en las dictaduras militares, lo que en realidad intenta esconder con este documento, es el papel protagónico que tuvo la Iglesia Católica en el Golpe cívico-militar y clerical.
Este informe fue entregado de oficio, es decir, sin que nadie se los pidiera, a la máxima autoridad del Vaticano, la Secretaría de Estado de la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica en Bolivia, al Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y a las diferentes conferencias episcopales de Latinoamérica y el Caribe. Del mismo modo, pero de una manera menos pomposa, fue entregado al ministerio Público, enditad donde se está desarrollando -con bastante demora- la investigación sobre estos hechos.
A su vez, los sectores de derecha, sobre todo los involucrados en el golpe, han recibido este informe como si de una sentencia inapelable se tratara o como si lo establecido en él, fuera una verdad absoluta e irrebatible; tal es el caso de la ex senadora, Jeanine Áñez, actualmente recluida con detención preventiva, que mediante un comunicado en su cuenta de Twiter expresó lo siguiente: "En nombre de la decencia y de la necesidad histórica de revelar la verdad, y para poner definitivamente punto final a esta patraña del MAS de pretender que el fraude, la incitación a la violencia y las renuncias masivas que tenían como objeto dejar un país ingobernable, se conviertan falsamente en un golpe que nunca ha existido, solicito encarecidamente y en honor a la verdad, a la Embajada de España, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Embajada del Brasil, tengan a bien confirmar la plena veracidad de los hechos revelados por la Iglesia Católica".
Lo llamativo de dicho comunicado, más allá de la jocosa invocación de la “decencia” como argumento para dar validez a dicho documento, es que se pretenda de esta forma, nuevamente generar la aceptación de la narrativa del “fraude” por parte de las organizaciones internacionales y la misma opinión pública, apostando por segunda vez al uso de la afinidad religiosa de la población, para la aceptación de un relato hasta ahora no demostrado, tal como sucedió el año 2019.
Ya analizando netamente el contenido del informe de 24 hojas, elaborado por la máxima jerarquía de la iglesia en Bolivia, podemos constatar que uno de los elementos más importantes de este, es la calificación como “enfrentamiento” a la masacre de más de 30 personas durante el régimen de Jeanine Áñez y de esta manera pretender generar la idea de que las muertes, producto de la consumación del golpe, fueron a causa de un enfrentamiento entre iguales o provocado por la violencia de un grupo de personas, a quienes siempre se los tildó falazmente de “terroristas, sediciosos y salvajes”, omitiendo neciamente algo que está abundantemente comprobado: que los fallecimientos de estas personas corresponden a la acción violenta de las Fuerzas Armadas y la Policía, siempre secundada por las bandas fascistoides que reproducían la violencia en las ciudades.
Con este argumento la iglesia también busca deslindar responsabilidad a las fuerzas conjuntas que operaron durante todo el golpe. Niegan así la represión impuesta a la población que resistía el golpe de Estado, asimismo, con esta minimización de las masacres se pone en riesgo los procesos judiciales que están llevando las víctimas de estos hechos luctuosos y también se busca garantizar la impunidad de sus autores, materiales y políticos.
Otro elemento “digno” de destacar del contradictorio informe, es el intento de establecer como verdad la teoría del “vacío de poder” para justificar la ilegal transición presidencial de Jeanine Áñez y consecuentemente las muertes perpetradas en las masacres de Senkata, Sacaba, Montero, Betanzos, Ovejuyo y El Pedregal. Para tal efecto la Iglesia señala que la ex vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, renunció antes de la autoproclamación de la ex senadora Áñez en fecha 12 de noviembre de 2019, no obstante, en desmedro de la credibilidad este documento episcopal, esta semana la ex legisladora Rivero, que se presentó de manera voluntaria al ministerio Público para dar su declaración en el marco de las investigaciones del caso denominado Golpe de Estado, desmintió esa versión y señaló que renunció recién el 14 de noviembre del 2020, confirmando que el alegato religioso de “vacío de poder” fue para matar.
De estos y otros similares argumentos, se valieron los representantes de la Fe, para procurar esconder su verdadera participación en este episodio negro de la historia de nuestro país y aunque se trate de reforzar la retórica del “fraude” mediante informes o comunicados, es imposible ocultar una verdad tan evidente, pues el rol de la Iglesia no solo estuvo presente en los hechos del 2019, sino que su participación se constituyó en una condición sine qua non para la planificación, ejecución y consumación del golpe.
Por todo lo anteriormente expuesto, es importante mencionar que la participación de la iglesia y la instrumentalización de la Fe no solo estuvieron de manera simbólica en la toma forzada del poder político, puesto que su protagonismo trascendió las oraciones que se realizaban con grupos paramilitares en diversos puntos de los bloqueos cívicos durante la asonada derechista así como en las plegarias de Luis Fernando Camacho en los pies del cristo en Santa Cruz y el retorno de la biblia en el palacio de Gobierno.
Sin embargo, no hay que olvidar que un salto en la participación de la Iglesia en el golpe se dio con la gestión de reuniones de conspiración con distintos líderes políticos, entre ellos Ricardo Paz y Carlos Alarcón de Comunicad Ciudadana; Samuel Doria Medina y Roberto Moscoso de Unidad Nacional; Oscar Ortíz de Unidad Demócrata; el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga y Luis Vásquez; por los Comités Cívicos, Jerjes Justiniano; por el Conade, Rolando Villena, ex defensor del Pueblo y Waldo Albarracín como rector de la UMSA ese momento. Pero además hay que tener presente que en dichas reuniones también estuvieron presentes representantes del Movimiento al Socialismo (MAS) lo cual, como señalamos en reiteradas ocasiones, no significa otra cosa que evidenciar su propia responsabilidad ya que lejos de haber enfrentado el golpe no dejaron de negociar -antes, durante y después- con los golpistas, usando como moneda de cambio, la sangre derramada del pueblo en las masacres.
De esta manera la Iglesia se potenció en sus facultades de deliberación y toma de decisiones que supuestamente no tenía, toda vez que nos encontramos en un Estado que se presumía Laico. Sin embargo, basta mencionar, para matizar un poco más, el grado de participación que tuvo esta entidad religiosa, ya que inclusive esta toma de decisiones políticas se desarrollaron en instalaciones de la Universidad Católica de Bolivia (UCB), lugar donde se definió quien asumiría la presidencia del Estado, más claro agua.
En este sentido, negar la participación fundamental de la Iglesia en el golpe de Estado o mantener el discurso de que las masacres perpetradas el 2019 fueron para “pacificar” el país, tal como da a entender el contradictorio informe eclesiástico, no es más que un ocioso intento de querer tapar el sol con un dedo.
