La Comunidad de Madrid inicia un nuevo lavado de imagen a una empresa privada. Se trata en este caso de Glovo, cuya imagen resulta bastante difícil de pensar como algo "limpio" de abusos, irregularidades y extrema precariedad hacia su plantilla. La multinacional repartirá en la Comunidad de Madrid comida a familias vulnerables.
Viernes 3 de febrero de 2023
Se trata de un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y la empresa Glovo supuestamente sin compensación económica hacia la empresa, la cual no ha dejado de verse envuelta de polémicas debido al trato hacia sus trabajadores y trabajadoras.
La consejería de Política Social y Familias alardea de esta buena acción social, presumiendo de no atascarse con las "tontas" exigencias de la izquierda, como las inspecciones de trabajo.
De esta forma, ensalzando la labor social de Glovo, la Comunidad de Madrid blanquea a una empresa que sistemáticamente ha sorteado la llamada "ley rider", recibiendo sólo en el último mes una multa de 56,7 millones de euros. Por no hablar de los millones en multas anteriores que ya debía. Además, Glovo ha anunciado el despido de más de un 6% de su plantilla.
No nos sorprende una actuación de este estilo. Ya en 2020, durante el confinamiento, Ayuso eligió a Telepizza y a Rodilla para dar de comer a menores en situación de vulnerabilidad. Algo que fue denunciado por las familias y los trabajadores de estas empresas millonarias dada la baja calidad de los productos. Algo que como denunciaban era un verdadero “salvataje” a estas empresas sin ningún tipo de control de calidad y que no garantizaba las necesidades de estos menores.
La nueva noticia que involucra a Glovo es una situación más que muestra la desfachatez de la derecha hacia la clase trabajadora con menos recursos. Debates como este surgieron en la pandemia e invitan a pensar en la necesidad de cómo la infraestructura de empresas como esta podrían ponerse al servicio de los sectores con mayores necesidades en la sociedad. Algo que en ningún caso puede venir dado desde las instituciones gestoras del régimen burgués que defiende los intereses de las empresas, sino que estos recursos solo pueden ser utilizados bajo la gestión, organización y decisión de sus propios trabajadores y las familias que recurren a estas ayudas sociales.
