24M. El plan genocida y el intento de disciplinar a las mujeres

Aunque aún no existía el grado de feminización del trabajo que conocemos hoy, durante la década del 70 las mujeres fueron mayoría en fábricas textiles, alimenticias, telefónicas y en muchas empresas estatales. Desde allí, estuvieron a la cabeza de impulsar paros y movilizaciones contra los planes de ajuste, fueron parte junto a sus compañeros de las coordinadoras fabriles y en muchos casos se destacaron como delegadas, como militantes políticas y como dirigentes de sus organizaciones.

Impulsaron Comisiones de mujeres que sentaron también un precedente histórico y promovieron tomas, ollas populares y marchas de apoyo a sus padres, novios, esposos y familiares obreros en lucha, que enfrentaban ese plan desde sus lugares de trabajo. Pasó en el Cordobazo, en Villa Constitución y también en la huelga general conocida como Rodrigazo, cuando millones de trabajadores y trabajadoras se alzaron contra el plan de Celestino Rodrigo, el ministro de Isabel Perón.

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Muchas veces, ante el rol traidor de las burocracias sindicales, con el apoyo de las organizaciones de izquierda, las mujeres levantaron además sus propias reivindicaciones. El reclamo de igual salario por igual trabajo, de mejores categorías, de "guarderías" en el trabajo o el pago equivalente a cargo de la empresa, de la anulación del decreto que prohibía el uso de anticonceptivos, del derecho al aborto, fueron algunos de ellos.

Disciplinar a las mujeres

Para derrotar la insurgencia obrera, en medio de una crisis brutal del capital, los modernos grupos económicos, la oligarquía y el capital financiero sellaron su alianza con la bendición de las Iglesias y el apoyo militar. El plan genocida tuvo así su eje central contra la insurgencia de los trabajadores y trabajadoras. Para eso, también intentó imponer un “disciplinamiento de género” y desarrolló un particular ensañamiento con las mujeres, consideradas doblemente transgresoras: de los mandatos que las confinaban al mundo del hogar y del orden social que se buscaba conservar con el golpe de Estado.

Que ellas asumieran su “destino natural”, como esposas y como madres, era clave para esos fines. La historia ya había demostrado que cuando las mujeres se ponían de pie, los movimientos de lucha se fortalecían enormemente. En medio de un proceso profundo, que también incluyó el resurgimiento del movimiento de mujeres a nivel internacional, los inicios de la última dictadura en Argentina ya señalaban, con un importante protagonismo de jóvenes y trabajadoras, la potencialidad de esa alianza.

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No es casual, por eso, que la exaltación de los roles asignados socialmente a varones y mujeres también fuera parte indispensable de esa ideología que buscaban imponer a punta de garrote. Para fortalecer su valoración, asociada siempre al mundo de lo “privado”, de las tareas del hogar, del cuidado y la crianza de los hijos, la dictadura condenó particularmente a quienes los desafiaban. El modelo que dice que somos “malas mujeres” si no cumplimos esos mandatos sirvió para sostener su teoría de “la subversiva” como aquella que transgredía la supuesta esencia femenina.

“Cuando se acusaba a las Madres de Plaza de Mayo de no haber cuidado lo suficiente a sus hijos, lo que se estaba diciendo es que las mujeres tenían que ser delegadas del control del terrorismo de Estado. Cuando a nuestras madres se las acusaba de haber elegido la militancia por encima del cuidado de sus hijos, se intentaba reponer a las mujeres en el lugar de sumisión”, denunció la periodista Marta Dillon en el juicio donde testificó por la desaparición de su mamá.

La demonización de las madres

Alejandrina Barry, hija de Susana Mata y Juan Alejandro Barry, asesinados en 1977 tras un operativo conjunto de las fuerzas uruguayas y argentinas, cuenta que “la dictadura montó un enorme aparato de propaganda, que los militares llamaban ‘medidas de acción psicológicas’, que colaboró en desarrollar este ensañamiento contra las mujeres”. Esa operación, afirma, consistió en “contraponer nuestra historia, como hijos e hijas de detenidos-desaparecidos, con la de la heroica lucha que iniciaban las Madres de Plaza de Mayo, sin que la dictadura pudiera decir otra cosa que ‘son unas viejas locas’".

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Alejandrina, hoy militante junto a Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDh), y legisladora porteña por el PTS/Frente de Izquierda, detalla también que “hubo toda una acción común entre los medios de la Editorial Atlántida y los marinos de la ESMA”, contra los que es querellante. “Me mostraban a mí como una nena abandonada y a mi mamá como una mujer que, en lugar de madre, era una ‘fabricadora de huérfanos’, como llegaron a publicar con miles de ejemplares”, cuenta.

"Para eso hacían estas campañas, para contraponer la lucha de quienes buscaban a sus hijos, con las mujeres que supuestamente los abandonaban; para demonizar su militancia y mostrar al Ejército como ‘salvador’, para justificar su accionar genocida. Eso fue lo que quisieron hacer con la desaparición de mi mamá, que era una militante docente muy reconocida, fundadora de la CTERA en la clandestinidad, con una enorme entrega hacia los sectores populares”, afirma Alejandrina.

Disciplinar los cuerpos, controlar las vidas

Esa política orientada al disciplinamiento de las mujeres, contó también con la colaboración invaluable del empresariado y de la jerarquía de la Iglesia Católica, y entre otras cosas tuvo su expresión en los cerca de seiscientos Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en el país.

Según el Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), el 33% de los desaparecidos entre 1976 y 1983 eran mujeres y el 10% de ellas estaba embarazada. Fue el valiente testimonio de aquellas que sobrevivieron el que permitió conocer que allí, bajo las órdenes del poder de mando, también tuvo lugar una violencia específica, de género, que fue ejercida sobre casi todas las detenidas como parte de ese plan.

La desnudez contínua, la humillación, las violaciones, los embarazos y los abortos forzados, el sometimiento a la esclavitud sexual o la pornografía, surgen surgen de los numerosos testimonios como algunas de las prácticas más comunes.

Ya en el juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, en el año 2006, la abogada y diputada porteña Myriam Bregman, querellante en varias de las causas que iniciaron ese año, señalaba que “la violencia sexual implementada como parte del terrorismo de Estado” también debía considerarse como constitutiva de ese plan, que orquestaron las grandes patronales nacionales y extranjeras, los civiles y militares del último golpe de 1976. Sin embargo, recién en 2010 se consiguió que esos crímenes dejaran de ser considerados como “tormentos” o “tormentos agravados” y fueran reconocidos como tales en un puñado de casos, lo que muestra también hasta qué grado se perpetúa desde el Estado la violencia patriarcal y la impunidad a los genocidas.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hasta el 8 de Marzo pasado solamente 36 de las 254 sentencias que hubo hasta ahora reconocieron a esos delitos como parte del plan genocida y condenaron por ello a 121 de las 1013 personas condenadas hasta hoy. El número representa el 11% del total de condenados. Mucho menos que un genocida por Centro Clandestino de Detención.

Voces que no callan, luchas que no cesan

A estas formas atroces y sistemáticas de violencia se sumó la apropiación ilegal de cientos de bebés y el posterior robo y sustitución de sus verdaderas identidades. Un accionar que también contó con la colaboración de empresarios y representantes de la curia a los que se sigue protegiendo con impunidad desde el Estado y desde la cúpula de la Iglesia, incluído el también denunciado Papa Bergoglio.

Como señalamos en otra nota publicada en La Izquierda Diario, el financiamiento de la Iglesia por parte del Estado tiene buena parte de sus raíces en el rol que jugó esta institución durante la última dictadura. Es por eso que como diputados del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño presentaron en el Congreso Nacional varios proyectos que exigen la derogación de los diversos decretos de la dictadura que garantizan ese financiamiento por parte del Estado, así como su injerencia en las políticas públicas.

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María Victoria Moyano Artigas fue una de las primeras nietas restituida, en 1987. Querellante en los juicios por el Plan Sistemático de Robo de Bebés y Plan Cóndor, ella denuncia que “la Iglesia colaboró activamente”.

Nacida en el Centro Clandestino de Detención conocido como “El Pozo” de Banfield, donde su mamá María Asunción Artigas Nilo dio a luz el 25 de agosto de 1978, Victoria sostiene que “contar nuestra historia es parte de la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y por eso tenemos que recordar que hubo instituciones nefastas, como la del Movimiento Familiar Cristiano, que participaron de la apropiación de los hijos”.

Su actuación, afirma, “estaba acreditada por el Episcopado, y eso le permitió entregarlos en adopción con convenios que se hicieron con la Secretaría del Menor”, cuenta, y destaca que, en general, los apropiadores “eran dueños o personal jerárquico de grandes empresas, incluso multinacionales y familias acomodadas”, como es el caso de los gerentes de la farmacéutica alemana Bayer y de la automotriz Mercedes Benz, que hasta donó equipamiento al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionó una de las principales maternidades clandestinas de la dictadura cívico militar.

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Como diputada nacional, Bregman también insistió sobre estos hechos al exigir la aprobación en el Congreso de un proyecto en el que propuso la apertura de todos los archivos de la represión que permanecen ocultos y en manos del Estado, sin que ningún gobierno constitucional se haya dispuesto a publicarlos.

“A los únicos que ha favorecido esta situación es a los que participaron del genocidio, civiles y militares. Queremos que los archivos se hagan públicos para quebrar este pilar de la impunidad que rige desde la dictadura hasta el día de hoy”, reiteraba hace poco tiempo la diputada del Frente de Izquierda Unidad.

Contra la impunidad de ayer y hoy

A 47 años, la gran mayoría de los civiles y militares que impulsaron el golpe, siguen impunes; las fuerzas represivas del Estado continúan repletas de genocidas en funciones; los empresarios que se beneficiaron directamente con el plan económico de la dictadura siguen acumulando ganancias y, como sucedió recientemente con el empresario Carlos Blaquier, dueño de Ledesma y uno de los responsables de la Noche del Apagón, mueren impunes.

Y los gobiernos, uno tras otro, sean del partido que sean, siguen pagando peso por peso la fraudulenta deuda externa con el FMI, que aumentó enormemente con el gobierno de Macri y que con el gobierno de Alberto Fernández se sigue profundizando. El costo, como siempre, lo descargan sobre nuestras familias, con ajustes, recortes presupuestarios, quita de planes asistenciales que se suman al golpe por la inflación y a los tarifazos, que también afectan más a las mujeres trabajadoras y pobres, muchas de las cuales son jefas de hogar.

De la mano de este accionar, vemos surgir las aspiraciones de personajes como Milei, que quiere convencer a la juventud de que no hubo un genocidio, mientras hace alianzas electorales con políticos como Bussi en Tucumán, el hijo de uno de los responsables de ese plan genocida, que llama a darle continuidad reivindicando la mano dura y el terrorismo de Estado. Como planteamos en esta declaración de Pan y Rosas, "Milei tiene que ocultar que fue necesario exterminar a una generación entera de luchadores y luchadoras para imponer el mismo programa económico que él propone repetir y profundizar hundiendo al pueblo trabajador y pobre".

La cúpula de la Iglesia católica también sigue haciendo lo suyo: mantiene su silencio y sigue encubriendo a los apropiadores de bebés con el financiamiento del Estado, gracias a todos los decretos que impusieron Videla, Martínez de Hoz y otros. Como denuncian madres y abuelas de Plaza de Mayo, gran parte de los hijos e hijas ilegalmente apropiados durante el terrorismo de Estado, desconoce todavía cuál es su identidad. La misma institución que se opone a la educación pública y gratuita, a la educación sexual integral, al divorcio, a la legalización del aborto, es la que calla con su complicidad dónde están.

Porque fueron los militares, pero también los empresarios y las sotanas, este 24 de marzo te invitamos a marchar con Pan y Rosas y el PTS-Frente de Izquierda, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en todo el país. Contra la impunidad de ayer y de hoy, por juicio y castigo a todos los responsables militares, civiles y eclesiásticos de la última dictadura y la represión y criminalización de la protesta social en la actualidad; contra el pago de la fraudulenta deuda externa; contra el gobierno golpista de Dina Boluarte en Perú; por la separación de la Iglesia del Estado y por la apertura de los todos los archivos de la dictadura. Contra la impunidad de ayer, y contra la impunidad de hoy.

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