La multiplicidad de alzamientos populares en Bolivia de la década del 2000, tras costarle al pueblo muchas vidas, abre las puertas a un proceso constituyente ¿En qué se parece esto a lo que sucede hoy en Chile? ¿Qué lecciones podemos sacar?

En pleno apogeo del ciclo neoliberal, en la década de los ‘90s, se desarrollaban una seguidilla de movilizaciones de resistencia en Bolivia donde campesinos e indígenas enfrentaban los planes neoliberales del imperialismo y las burguesías nacionales. Desde entonces comenzó a sonar fuerte la demanda por una Asamblea Constituyente con el fin de discutir el problema de la tierra. Como describiera nuestro camarada Eduardo Molina:

“El ascenso campesino es de alcance nacional y abarca una problemática muy compleja: la crisis de la pequeña economía campesina del Altiplano y los Valles ante el agotamiento de la reforma agraria de 1953; la lucha del movimiento campesino del Oriente contra el latifundio y la penetración de las empresas agroindustriales, forestales, petroleras, etc.; la lucha de los colonizadores (y cocaleros) en las zonas de Yungas de La Paz y Cochabamba y áreas de Santa Cruz.” [1]

Al movimiento campesino se suman los pueblos indígenas:

“El despertar nacional aymara, quechua y guaraní es más amplio que el proceso campesino, pues si bien tiene en las masas indígenas del agro a sus principales componentes, incorpora a amplios sectores de la población urbana, capas de la pequeña burguesía e incluso estratos de una burguesía comercial de origen plebeyo, que chocan con el racismo y opresión del Estado burgués.” [2]

Con la Guerra del Agua en abril del 2000 se produjo un levantamiento nacional en el marco de procesos de lucha de clases en toda Latinoamérica (Ecuador, Costa Rica, Argentina) cambiando la situación política de todo el cono sur radicalmente. Se desarrolló una cadena de levantamientos populares, aspecto central para comprender que los mecanismos de ejecución y el resultado de los procesos constituyentes dependen de la relación de fuerzas del movimiento de masas con el Estado y sus instituciones.

En septiembre del 2000 le siguió un levantamiento aymara, y nuevas movilizaciones de marzo y abril del 2001 abrieron una crisis nacional que se prolongó hasta parte del 2003. El 12 y 13 de febrero del 2003 el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, apoyado por Estados Unidos y por la OEA, intentó resolver una crisis de déficit fiscal mediante un impuesto al salario y se abrió una situación pre revolucionaria de crisis y pre levantamientos. Un motín policial inició una confrontación con los militares, a lo que se sumó una rebelión popular con cortes de calle, quema de edificios públicos y sedes de partidos políticos, que terminó con 35 muertos y más de 200 heridos de bala. El gobierno derogó su decreto, sin embargo se ingresó a una crisis de largo aliento.

En el mes de septiembre del mismo año un grupo de campesinos en la localidad de Warisata estaban haciendo un bloqueo de carreteras en el marco de lo que se llamó la Guerra del Gas que buscaba frenar las exportaciones de gas por vía marítima a través de Chile. La localidad de Warisata, ubicada justo a la mitad del camino de Sorata, es un lugar turístico al cual había viajado una delegación de la embajada norteamericana. Alrededor de 80 turistas se encontraban retenidos y no podían salir por el bloqueo. Al gobierno de Sánchez de Losada no se le ocurre nada mejor que despejar la ruta a fuerza de intervención policial y militar. El 20 de septiembre de ese año las noticias dan 6 campesinos muertos, entre ellos una niña y cerca de 24 heridos.

Casi inmediatamente la Confederación Campesina de todo el país en repudio a la matanza lanza un bloqueo de caminos generalizado y la situación se empieza a radicalizar. Se comienzan a sumar diversos grupos sociales. Los primeros días de octubre la Central Obrera Boliviana (COB) determinó el inicio de la huelga general indefinida con bloqueo de caminos en apoyo al movimiento campesino. A la par, en Senkata, barrio periférico de la ciudad de El Alto donde está la planta de combustible, también se realizan cortes de camino fortaleciendo el paro al bloquear la circulación de transporte. Se produce un levantamiento nacional. En la ciudad de El Alto empieza una insurrección, y la ciudad de hecho comienza a ser controlada por las juntas de vecinos. Según comenta Eduardo Molina “El levantamiento insurreccional fue un durísimo golpe (...) y abrió una nueva etapa política en el país, de carácter revolucionario, poniendo en juego la cuestión del poder.” [3] [4]

En todos estos procesos de lucha y movilización el pueblo levantaba la consigna de la asamblea constituyente ligada a otras demandas como que el gas que se iba a vender a EEUU no saliera por Chile por la cuestión marítima. El 17 de octubre del 2003, con más de 60 muertos, cerca de 400 heridos y varios desaparecidos cae el gobierno [5] y asume Carlos Mesa quien tendrá un gobierno relativamente tranquilo hasta el 2004, tranquilidad asegurada por una agenda política contraria al desarrollo de la movilizaciones de octubre que impulsaron la caída de Sanchez de Losada con propuestas pensadas para el desvío y para “cambiar algo para que nada cambie” a través de: referéndum, reforma de la Ley de Hidrocarburos y Asamblea Constituyente. El propio MAS, el partido de Evo Morales, que dirigía los principales sindicatos y agrupaciones de masas, jugó un importante rol otorgándole una tregua social y política, mientras en la calle dejó de convocar a movilizaciones: “en el Parlamento, el rol de los diputados y senadores del MAS es esencial para viabilizar las iniciativas de un gobierno que carece de representación parlamentaria propia”. [6]

El año 2005 renunció Carlos Mesa, el presidente de la cámara de diputados y también el presidente de la cámara de senadores ante el riesgo de un nuevo estallido popular. Eduardo Rodríguez Veltzé asume la presidencia y convocó anticipadamente a elecciones en diciembre del 2005 donde ganó Evo Morales como parte del MAS para inaugurar su primer gobierno.

El gobierno de Evo Morales no tenía ⅔ en el parlamento del 2006 [7], pero como la demanda de asamblea constituyente había sido exigida en cada una de las movilizaciones decide presentar un proyecto de Ley en el parlamento para que surja una asamblea constituyente. Pero, ¿por qué levantar una asamblea constituyente en los marcos del viejo régimen en ruinas existiendo una movilización y fuerza detrás para imponerla en los términos del pueblo trabajador, índigena y campesino? La vieja derecha ve la oportunidad de salir de la crisis social y conquistar una estabilidad a su favor buscando entregar votos a favor de la reforma del MAS pero poniendo como exigencia el enorme límite de que el texto constitucional final debía ser refrendado por ⅔ de un parlamento en crisis. Es decir, impulsa una constituyente derivada, alejándose de la idea de una asamblea constituyente originaria, libre y soberana aprovechando la fuerza en las calles de los sectores en lucha y su autooorganización. Como plabteaba el 2004 Eduardo Molina:

“El MAS ha abandonado de hecho su consigna de “Asamblea Popular Constituyente” con participación de los movimientos sociales y pueblos originarios, para avenirse a la convocatoria a una Asamblea Constituyente pactada, (...) en lugar de luchar por la derogación de la nefasta Ley 1008, impuesta por el imperialismo, que legaliza la persecución a los cocaleros y la estrategia de erradicación de la hoja de coca, el MAS pide la modificación de su Art.19. Frente a la acuciante cuestión de la tierra, el MAS plantea la reversión de los “latifundios improductivos”, pero no la liquidación del latifundio como base de una verdadera revolución agraria sin la cual no hay salida a la situación campesina. Ha convertido la lucha por la autodeterminación de los pueblos originarios en una lucha por la “inclusión” en los marcos del “pluri-multismo” que no cuestiona las bases materiales de la opresión.” [8]

Esta estrategia de conciliación de clases impidió que se pudieran resolver demandas tan sentidas como la recuperación del gas, la defensa de la coca, la tierra y el territorio, o que se resolvieran problemas relativos a la cuestión del trabajo, salario, salud, educación o seguridad social. Todas estas cuestiones vitales exigen afectar los intereses y la propiedad de las transnacionales, los terratenientes y los grandes empresarios.

Cuando en Bolivia se firma el proyecto de ley pactado con la derecha, se está levantando una asamblea derivada de la institucionalidad anterior, al igual que en Chile, donde el proceso constitucional surge del Acuerdo por la Paz firmado desde la derecha hasta el Frente Amplio y con la tregua entreguista del Partido Comunista que hizo retroceder el paro general iniciado el 12 de noviembre asegurando y garantizando el pacto social fraguado por los partidos del régimen para desviar la movilización.

Los límites del proceso constituyente boliviano

Las diferencias entre el proceso boliviano y el chileno son múltiples, pero volver al desarrollo de la resistencia obrera, indígena y campesina de nuestro país hermano nos sirve, sin duda, para reflexionar sobre el proceso constitucional en curso en el caso chileno. Uno de los factores que habría que tomar en cuenta son los límites y trabas puestas a un proceso constituyente surgido de la movilización de masas.

La Asamblea Constituyente boliviana se inauguró en Sucre, una ciudad muy conservadora y de fuerte tradición española. Cuando se estaba por aprobar el texto constitucional, se produce una gran asonada derechista y deciden trasladar la Asamblea Constituyente a la ciudad de Oruro, sin embargo, el MAS había ya negociado algunos puntos con la derecha lavando el texto inicial.

El 2008 será de mucha violencia en Santa Cruz contra campesinos y pueblos indígenas. El 11 de septiembre alrededor de 16 campesinos fueron asesinados en el marco de la ofensiva derechista. Al día siguiente la COB llama a movilización, la crisis se comienza a agravar, la derecha comienza a tomar las oficinas públicas, Santa Cruz y el oriente exigía independencia de Bolivia lo que alentaba la guerra civil. La matanza de los campesinos que fue filmada y televisada en todo el país, provocó una movilización espontánea principalmente de la región oriental: miles de campesinos empiezan a marchar a la ciudad de Santa Cruz de manera espontánea y armados. Si las movilizaciones llegaban a la ciudad de Santa Cruz iba a terminar en una carnicería. El primer enfrentamiento terminó con tres muertos, toman la ciudad del Pailón y comienza de manera desesperada una negociación para eliminar los artículos más de izquierda de la constitución que se tenía que aprobar. En octubre se firma un acuerdo para pacificar el país que consistió en que 4 diputados, dos de la derecha y dos del MAS, iban a reescribir los artículos polémicos de la constitución.

Las aspiraciones del pueblo de ir a una constituyente libre y soberana se fueron burlando una a una: la primera burla fue la convocatoria misma porque ésta ya establecía que cualquier texto que se aprobara tenía que ser sí o sí ratificado en el parlamento, es decir, no era una asamblea constituyente si no una especie de comisión parlamentaria formada por alrededor de 300 o 400 constituyentes que escribiría un texto para ser aprobado o rechazado por el mismo parlamento del viejo régimen.

Luego, el 21 de octubre del 2008, como parte del plan de pacificación entre la derecha y el MAS, se arma una comisión de 4 diputados. Los del MAS estaban dirigidos por Álvaro García Linera y los de derecha estaban dirigidos por Carlos Börth. En esta comisión se cambian más o menos 100 artículos, es decir, cuatro diputados que no habían sido parte de la asamblea constituyente porque eran diputados, reformaron 100 artículos, entre ellos, en cuanto a la propiedad, se restablece el derecho a herencia.

En conclusión, se hizo un pacto a espaldas del movimiento de masas, traicionando las expectativas y esperanzas democráticas, culminando en la aprobación de un texto constitucional en febrero del 2009, momento a partir del cual se calma la situación del país, lo que se refuerza por una economía en ascenso producto del auge de las exportaciones, habilitando a la derecha y el empresariado a la realización de negocios, lo que le permitirá al gobierno una relativa paz social hasta el 2019, cuando se produce el Golpe de Estado.

El proceso constituyente boliviano dio por resultado una constitución burguesa cuyo texto final se terminó redactando con la derecha a espaldas del movimiento de masas, sin embargo no podía dejar de reflejar la relación de fuerzas que se había desatado con enorme energía en las calles desde abril del 2000 en adelante. Con la constitución aprobada surge un nuevo régimen, muchas cosas cambiaron: Bolivia ya no se considera un Estado mononacional, se establece el reconocimiento al trabajo doméstico, entre otras cuestiones que si bien no cambian en lo inmediato la vida de las masas, sí abren la posibilidad de peleas legales a futuro y se muestran como el ejemplo más fehaciente de que se podía ir por más.

Ahora, como toda constitución, es un papel, lo que significa que no es garantía de su aplicabilidad en la realidad, y eso ya lo vimos el 2019 con el Golpe de Estado y la explosión de racismo y violencia paramilitar que en última instancia convirtieron el texto constitucional en papel mojado.

Por otro lado, y más allá de los derechos arrancados por la movilización, una nueva constitución burguesa, modificada vía reformas en los marcos del régimen, aunque sea "más a izquierda", sólo permitirá hacer más exigibles ciertos derechos, pero aún en el marco de un desvío reaccionario como ocurrió en Chile y Bolivia: lo que la burguesía cede para no perderlo todo. En este sentido no refleja sino distorsionadamente la relación de fuerzas en un momento dado, precisamente como medida para detener un proceso que aspira a convertirse en algo mayor. Es una respuesta de los partidos del orden y de la conciliación de clases para que no pueda seguir desarrollándose la lucha hacia una solución cabal y revolucionaria de las demandas, en un marco, además, de crecimiento económico y boom de las materias primas que permitirá a la burguesía hacer concesiones sin perder su capacidad de acumulación de capital.

El profundo proceso de movilización de masas en Bolivia fue canalizado y cercenado por la Asamblea Constituyente pactada, frenando el desarrollo de organismos de autoorganización de obreros y campesinos, comités de autodefensa y abrir un camino así a la revolución obrera y socialista, única vía para asegurar hasta el final todos los derechos democráticos del pueblo trabajador. Sabemos que más allá del carácter de la constitución que resulte de todo proceso constituyente, su aplicación efectiva se terminará de definir en las calles, por la correlación de fuerza de las clases sociales.

Hoy la burguesía le tiene terror no sólo al socialismo, si no a la posibilidad de que surjan democracias más generosas, precisamente porque ya no existe el factor económico que permitió ensayar reformas del régimen más arriesgadas, menos aún con la inestabilidad y crisis económica generada por el mal manejo de la crisis sanitaria.

En Chile no es diferente, el proceso constitucional fue producto de un desvío de la rebelión de Octubre del 2019 que cobró muertos, mutilados, torturados y mujeres víctimas de violencia política-sexual. Las trampas de la actual convención constitucional van desde las trabas impuestas para la participación de independientes y organizaciones sociales, el veto a la participación de los jóvenes mayores de 14 años que iniciaron la rebelión, los ⅔ que se exigen para aprobar las diferentes propuestas que se impulsen, hasta la propia elección de los constituyentes que está definida según las reglas del juego del viejo régimen agonizante. Y este es sólo el punto de partida, estamos por conocer qué otros fuegos de artificio nos tienen preparados los partidos del régimen.

Confiar en nuestras propias fuerzas, denunciar las trampas del proceso y continuar la lucha por una asamblea constituyente verdaderamente libre y soberana que se levante sin Piñera y sobre las ruinas de este régimen es imperante si es que queremos conquistar nuestros derechos. Pero además, para mantenerlos y asegurarlos en el tiempo necesitamos pelear por un gobierno de las y los trabajadores de ruptura con el capitalismo.