Informe. El punitivismo no es salida: por qué el peronismo votó las leyes de mano dura de Bullrich y Milei

Con el aporte de Jesica Calcagno

La agenda mediática otra vez es absorbida por brutales casos de violencia callejera. Montados en la terrible muerte de la pequeña Kim de La Plata, se reinstalan los discursos más reaccionarios. El estafador Milei sugiere “intervenir” la provincia de Buenos Aires. El excitado Espert pide mutar ladrones en queso gruyere. El inefable Berni reaparece con su chamuyo tras haber conducido por cuatro años a La Bonaerense junto a Kicillof.

Entre ellos Bullrich, experta en encubrir magnates del crimen organizado, descargar su furia en los eslabones más vulnerables de esas cadenas de la economía ilegal y, cómo no, detectar “delincuentes” en quienes luchan y se organizan contra el plan de guerra de La Libertad Avanza.

¿Cuánta “seguridad” puede dar una ministra que carga con las muertes, a manos de Gendarmería, del cocalero salteño Gómez y del albañil jujeño Torres? ¿Qué autoridad tiene la responsable política de los crímenes macristas de los jóvenes Maldonado y Nahuel? ¿Cuán seria puede ser quien aún no explicó el contrabando de municiones para los golpistas bolivianos en 2019?

Sin embargo ella, que no encuentra a Loan Peña y encubre a su jefe criptoestafador, acaba de arrancarle al Congreso nada menos que un paquete de leyes para reforzar la mano dura contra el pueblo. Pese a sus famélicas bancadas de diputados y senadores, LLA consiguió la aprobación de las leyes 27.784, 27.785 y 27.786 (abajo se detalla el contenido de cada una). Fue con apoyo del PRO, la UCR y también de Unión por la Patria.

Cuando el año pasado esos proyectos se debatieron en comisiones de Diputados, sólo los defendieron personajes oficialistas. En su contra llovieron críticas y rechazos de académicos, especialistas, fiscales, defensores oficiales, organismos de derechos humanos y víctimas del gatillo fácil y la represión (te lo contamos acá, acá y acá). Algunos habían sido convocados por el mismo peronismo que, curiosamene, meses después votó a favor de darle esas herramientas represivas a Bullrich.

“Organizaciones criminales”

Milei vocifera su “teoría” de que el Estado es la mayor organización criminal que existe. Pero Bullrich procura darle al Estado cada vez más poder de fuego. ¿Paradoja? Para nada. Tienen claro que, para garantizar los negocios del “sector privado” (léase grandes capitalistas) el Estado debe armarse hasta los dientes.

Y no es sólo la ultraderecha nostálgica de la dictadura la que ayuda al libertarianismo. Tras la mascarada de la “lucha contra el delito”, también hay “progres” que dicen defender derechos humanos pero le votan esas leyes a Milei justo en su peor momento político. ¿Paradoja? Para nada. La criminalización social es una “cuestión de Estado” y allí las “grietas” se desdibujan. Porque, como siempre decimos, “el ajuste más grande de la historia” no puede pasar sin reprimir a quienes lo resisten.

Las pruebas están a la vista. El jueves 20, en la sesión maratónica donde se resolvió no formar una Comisión Investigadora para analizar el caso $Libra y satisfacer el deseo de Milei de suspender las PASO, el Senado también convirtió en ley ese paquete represivo propuesto por Bullrich.

En octubre de 2024 Diputados ya había dado media sanción al proyecto de ley de “abordaje integral del crimen organizado”, más conocido como “Ley Antimafia”. Y en febrero, durante las extraordinarias, también votó los proyectos de “reincidencia”, “reiterancia”, unificación de penas y “juicio en ausencia”. Finalmente, entre gallos y medianoche, la semana pasada el Senado le dio a todo eso fuerza de ley.

Aquí un repaso de los puntos centrales, cuáles son sus efectos y con qué apoyos parlamentarios contaron.

Myriam Bregman y Christian Castillo denuncian la colaboración del peronismo con las leyes represivas de Bullrich

“Antimafias”

“La Ley Antimafias va a ser la solución a las bandas que hay en la provincia de Buenos Aires”, dijo este jueves en A24 la ministra Bullrich, polarizando con el gobernador Kicillof en torno al caso Kim. Agradeció a quienes votaron a favor y agregó: “Con esta ley la capacidad de operación que tenemos es infinitamente mayor”. ¿A qué se refiere?

Presentada como “de abordaje integral del crimen organizado”, en concreto la Ley 27.786 le da un poder exorbitante al Ministerio de Seguridad y las fuerzas represivas federales para actuar en vastos territorios del país donde se considere que operan “organizaciones criminales”.

¿Qué sería una “organización criminal”? Según la norma, son grupos de tres o más personas “que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. Allí entran el narcotráfico, el lavado, la corrupción, el tráfico de órganos, la trata, la prostitución, la corrupción de menores, los atentados y el enriquecimiento ilícito, entre otros delitos federales.

Más allá de las declamadas intenciones, en la práctica la ley avanza fuerte contra las libertades democráticas y garantías constitucionales.

• • Trata de igual manera a quien se hace millonario con un negocio ilegal y a quien, lejos de enriquecerse, es parte de esa cadena a la fuerza. Bullrich, que nunca detiene a ningún magnate narco (de esos que financian campañas electorales) ahora puede llenar las cárceles de “soldaditos” y hasta de cultivadores de cannabis ajenos a cualquier conducta criminal.

• • Al igualar responsabilidades, se igualan las penas: entre 8 y 20 años para quien “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o mantenimiento” de una “organización criminal”. Sin distinción. A todos les cabrá “la pena que correspondiere al delito más grave” cometido por cualquiera de ellos. Así, a una mujer que es obligada a prostituirse se le pueden aplicar los mismos cargos que a su proxeneta (y no es difícil adivinar quién irá tras las rejas). Todo depende de la arbitrariedad de ministros, fiscales, jueces y policías.

• • Se podrá detener hasta 48 horas por “averiguación” a cualquiera que sea sindicado como potencial miembro de una “organización criminal”. Y si la investigación se considera “compleja”, la detención puede durar hasta 30 días.

• • Se podrá allanar, embargar y secuestrar bienes “presuntamente vinculados” al delito investigado. Aún sin juicio ni condena, basta con que haya “sospecha fundamentada de origen ilícito” de un bien para decomisarlo y hasta subastarlo. Ahora bien, si el imputado es sobreseído o absuelto se le devolverá el bien, pero no habrá compensación por daño moral ni lucro cesante.

• • Se habilita el espionaje sobre las comunicaciones y redes de las personas sindicadas como miembros de la organización, aún si no se les imputa un delito concreto. Si hay “urgencia fundada”, el espionaje puede no tener plazos. La fundamentación es “no malograr una pesquisa”.

• • Si alguien “cooperó” con la “organización” sin saber sus fines, ya no contará con el atenuante que contempla el Código Penal. Y nadie que sea considerado miembro de una “organización criminal” tendrá siquiera la posibilidad de tener un juicio abreviado.

• • Se incorpora el concepto de “zona sujeta a investigación especial”. A pedido de un fiscal o del mismo Ministerio, un juez puede habilitar la militarización de un barrio e incluso de “una o más ciudades”, donde actuará una “Comisión Investigadora Conjunta” con los gobiernos y policías locales.

• • Dentro de una “zona sujeta a investigación especial” todo podrá ser allanado, incluso sin orden judicial. Alcanza con que se considere que un domicilio “se relaciona” con otro sobre el que sí hay orden. En ese caso, una Fiscalía autorizará “por cualquier medio” (por ejemplo un mensaje de Whatsapp , fácilmente borrable) a las fuerzas represivas a actuar.

La “Ley Antimafias” tuvo media sanción en Diputados el 2 de octubre del año pasado, con 137 votos afirmativos (entre ellos uno de Unión por la Patria), 92 negativos y 27 ausentes. No hubo abstenciones. Este 20 de febrero el Senado le dio sanción definitiva. Se aprobó con 38 votos a favor, ninguno en contra, sin abstenciones y con 34 ausencias.

Entre los 38 votos positivos están los de senadores peronistas como Carolina Moisés de Jujuy, Marcelo Lewandowski de Santa Fe, Cándida López de Tierra del Fuego y María Florencia López de La Rioja. El resto del bloque peronista se levantó antes de votar, pero esos cuatro fueron decisivos. Si se ausentaban dos, la sesión se caía por falta de quórum.

La gravedad de esta ley es muy gráfica, no es especulación. Quien la promueve y aplicará es el mismo Gobierno que el año pasado armó causas truchas por “terrorismo” contra 33 manifestantes que protestaban frente al Congreso y este verano detuvo a brigadistas y atacó comunidades mapuche bajo falsas acusaciones de provocar los incendios en la Patagonia. Pese a que no fue “noticia”, la ausencia de pruebas hizo caer esos expedientes motorizados por Bullrich y sus socios.

Reiterancia

Antes del proyecto Antimafias el Senado trató la “modificación del Código Penal, Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal en materia de reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas”. Ahí la votación fue más abultada: 67 afirmativos, ninguno en contra ni abstenciones. Sólo se ausentaron cinco.

La Ley lleva el número 27.785 y va en línea con las políticas de criminalización de la pobreza y de la protesta social por parte del Estado, profundizadas por La Libertad Avanza desde que llegó a la Casa Rosada.

Se trata de una norma que ya se aplica en algunas provincias y, lejos de terminar con la “inseguridad”, se usa especialmente para perseguir las luchas obreras y sociales. Como denunció Nicolás del Caño en la sesión de Diputados en la que se trató el proyecto, en Mendoza hace años se aplica esa ley contra ambientalistas, dirigentes sindicales y referentes del movimiento de desocupados.

• • Cambia el concepto de “reincidente”. Antes, se consideraba así a quien “habiendo cumplido, total o parcialmente, pena privativa de libertad” comete un nuevo delito “punible también con esa clase de pena”. Ahora, es reincidente quien, ya teniendo una condena firme, es nuevamente condenado “a una pena privativa de libertad”, sin necesidad de que sea de la misma clase.

• • En cuanto a la unificación de penas, cuando un “reincidente” es condenado por un nuevo delito, el juez que aplicó la pena mayor debe dictar una “única sentencia”. Hasta ahora esa pena unificada se establecía por el método “composicional”. Ahora el juez está obligado a sumar aritméticamente todas las penas acumuladas. Es decir, tras las rejas por muchos más años y hasta décadas.

• • Se crea el concepto de “reiterancia delictiva”. Hasta ahora la prisión preventiva (anterior a una condena) se aplicaba si un juez entendía que había “peligro real de fuga” o de “obstaculización de la investigación”. Con la nueva ley, se puede encarcelar a cualquier imputado que afronte una causa “en forma coexistente con otro u otros procesos”, aún si son inconexos. Una invitación al armado de causas truchas. Si un manifestante ambientalista es acusado de “resistencia a la autoridad”, basta con que tenga un proceso previo por cuestiones de tránsito para que le nieguen la excarcelación.

Según datos oficiales relevados por el CELS, entre 2010 y 2022 las prisiones preventivas aumentaron un 40 % y en el mismo período los delitos crecieron un 44 %. Llenar las cárceles (de por sí superpobladas) de más personas sin juicio ni condena no significa ningún avance contra el crimen. Esa idea es falsa y sus promotores lo saben.

Como se dijo arriba, en el Senado esta ley recibió un fuerte apoyo de todas las bancadas opositoras. Aquí es llamativa la conducta de Unión por la Patria. En Diputados el proyecto se trató el 6 de febrero. De los 138 votos afirmativos que le dieron media sanción, ninguno fue peronista. Pero catorce días después ese espacio político giró 180 grados y aportó 30 de los 67 votos afirmativos.

Entre los que levantaron la mano de Unión por la Patria están los “progres” Wado de Pedro, Juliana Di Tullio, Alicia Kirchner, José Mayans, Oscar Parrilli y Mariano Recalde. Un regalo parlamentario a Milei y Bullrich avalado (¿impulsado?) por Cristina Kirchner, jefa de esos senadores.

Que el kirchnerista Parrilli dijera que iban a proponer algunas modificaciones “en particular” es anecdótico. El oficialismo necesitaba que votaran en general y el bloque peronista se sumó unánimemente. Incluso propusieron sobre la “unificación de condenas” que la “suma aritmética” fuera sólo para delitos dolosos y no culposos, pero ante el rechazo del oficialismo, votaron igual.

La lista de votos positivos incluye a Camau Espínola, ex UxP y socio del caído en desgracia Edgardo Kueider.

Juicio en ausencia

Por último, en esa misma sesión se aprobó la Ley 27.784 que modifica artículos del Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal, habilitando desde ahora al Poder Judicial a juzgar y condenar a quien no ha sido hallado por el Estado o bien se encuentra en otro país.

• • La “Justicia” podrá investigar, procesar, juzgar y condenar a cualquier persona que haya sido declarada “en rebeldía” o, directamente, “ausente”. Hasta ahora sólo estaba permitido investigar “en ausencia” durante la etapa de instrucción.

• • A su vez, si por la razón que fuera el acusado no nombra un defensor particular, el juez estará obligado a designarle uno oficial. Como el “derecho a defensa” es una garantía constitucional, esta modificación les da vía libre a jueces y fiscales para concretar el proceso judicial, sea quien sea el imputado.

• • El “juicio en ausencia” se aplicará a quien, independientemente de las razones que lo justifiquen, no se presente ante el juez tras ser citado por una causa en su contra. También corre incluso en casos de extradición degenerada por el Estado en el que se refugia el imputado. E incluso si pasaron cuatro meses sin éxito de un pedido de captura.

• • Con el mero aviso de parte del juez al defensor oficial o a la familia del imputado, el juicio sigue su curso. Si el imputado se presenta durante el juicio, sólo tendrá derecho a “ser oído”. Y si se presenta una vez terminado, dentro de los 10 días puede pedir un nuevo juicio sólo si “no tomó conocimiento del proceso” o si no pudo estar debido a un “grave y legítimo impedimento”.

En un país como Argentina, con una larga historia de exilios y persecuciones políticas, la aplicación del “juicio en ausencia” no significa otra cosa que otro avance del Estado sobre las libertades democráticas de las y los ciudadanos. Algo con lo que parece acordar buena parte de la oposición. Por eso Bullrich y sus secuaces festejan.

La Ley 27.784 fue aprobada en Diputados el 7 de febrero y en el Senado el 20. En la Cámara baja cosechó 147 votos afirmativos, 68 negativos, 9 abstenciones y 32 ausencias. Allí Unión por la Patria aportó 13 votos a favor y 63 en contra, 7 se abstuvieron y 15 se borraron. En el Senado el voto positivo del peronismo fue proporcionalmente mayor. De 45 aportó 8, entre ellos los del tucumano Juan Manzur, el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés y los santiagueños Gerardo Montenegro y José Neder.

En el debate Parrilli y Mayans criticaron el proyecto y anunciaron que votarían en contra. Pero reconocieron (como lo debe haber hecho también CFK) que varios de sus colegas apoyarían al oficialismo.

El partido del orden

En la misma noche parlamentaria del jueves, el peronismo le hizo un doble favor a Milei. Por un lado, convalidó la suspensión de las PASO con la que La Libertad Avanza busca llevar agua para su molino en las elecciones de este año y fortalecer sus bloques parlamentarios. Por el otro, aportaron votos muy valiosos para los deseos de Bullrich.

¿Qué pesa más a la hora del balance? ¿Ese aporte inestimable para crear leyes represivas o los chispazos discursivos que por estas horas se retribuyen Milei y Kicillof o la ministra Bullrich y el ministro Javier Alonso? Para la tribuna, los progres buscan separarse de los liberfachos. A la hora de los bifes, las cosas pueden ser más vidriosas.

Este viernes, agobiado por la Casa Rosada y la campaña de la prensa canalla que usa cínicamente casos como el de Kim, el Gobernador le propuso “públicamente al Presidente una reunión para trabajar en conjunto para abordar el tema” de la llamada “inseguridad” en la Provincia. Si bien los diputados y senadores más identificados con Kicillof fueron los que “menos” aportaron votos para las leyes de Bullrich, el jefe de La Bonaerense necesita como el agua algún tipo de “gobernabilidad”.

Mientras, Bullrich pide que todas las provincias adecúen sus códigos penales al paquete de leyes recién cocinadas en el Congreso. ¿Qué va a hacer el peronismo en la Legislatura Bonaerense? Lo más probable es que sea leal a su historia, marcada a fuego por el pacto permanente con la Maldita Policía y los magnates del crimen organizado. Por algo muchos lo consideran el “partido del orden”.