Hace menos de una semana pudimos ver por todos los medios de comunicación como se desarrollaba una brutal represión por parte de la Policía Metropolitana y Gendarmería nacional en Villa Lugano, Buenos Aires. Como si fuera la dictadura militar del 76, las topadoras pasaron por arriba de las casas de la gente. Esta es la “solución” al problema de la vivienda que ofrecen los gobiernos de distintos signo. En Córdoba, como se señaló en este diario ayer, son más de 250 los imputados por la toma de un predio en la localidad de Juárez Celman, al norte de la ciudad capital.
Jueves 4 de septiembre de 2014
Lejos de un problema aislado, el déficit habitacional se ha transformado en una cuestión estructural que, a pesar de que la construcción fue una de las actividades más dinámicas en la década K, está lejos de haberse revertido.
“Boom inmobiliario” y reproducción de la pobreza en la ciudad
Lejos de ser un problema puramente local, la crisis habitacional recorre el planeta como padecimiento de los sectores más pobres de la población. “El motor de la urbanización se encuentra en la reproducción de la pobreza y no en la reproducción del empleo, dando lugar a la producción en masa de áreas urbanas hiperdegradadas (villas miserias)” afirma el sociólogo e investigador Mike Davis en su libro Planet of Slums ("Planeta de las Villas Miserias").
Se trata de zonas donde se combinan hacinamiento, vivienda informal, falta de acceso a las redes sanitarias y agua potable e inestabilidad en la propiedad, es decir no saber hasta cuándo se puede continuar con la ocupación del terreno. A partir de una brillante investigación, Davis señala que, en todo el mundo, más de 1000 millones de personas viven en esta situación. Se trata, es preciso señalarlo, de un tercio de la población urbana mundial.
En Argentina el déficit habitacional es de 3.5 millones de hogares, lo que indica que unas 14 millones de personas viven en condiciones precarias. Esta situación es el resultado de un modelo heredado de la dictadura del 76’ que se continuó bajo el régimen de la democracia -hiperinflación e hiperdesocupación mediante- y que significó un enorme empobrecimiento de amplios sectores del pueblo trabajador.
Dicha estructura económico-social no fue modificada por el kirchnerismo. Por el contrario se profundizó. Pese a la reactivación económica que caracterizó la década pasada, los niveles de precarización del empleo siguen siendo importantes, lo que dificultad a las familias trabajadoras el acceso a una vivienda digna.
Durante la última década se sumaron a este cuadro las consecuencias sociales del llamado “boom de la soja”. Los enormes volúmenes de renta obtenidos a partir de los altos precios internacionales de este producto empujaron un proceso de inversión en grandes proyectos inmobiliarios de alto costo que, esencialmente, benefician a sectores altos de las clases medias y de la propia clase burguesa. Esto generó, en el polo opuesto de la sociedad, una situación de mayor segregación social y espacial.
Mientras se registraban un boom de la construcción en zonas cuya densidad de población era baja, pero que tenían como destino a los sectores más altos de la sociedad, en el otro extremo, millones de personas de bajos recursos seguían sin acceso a la vivienda. Así, en las zonas donde más se construyó no hubo aumento poblacional significativo, mientras que en las zonas de escasa construcción sucedió todo lo contrario.
El famoso “boom inmobiliario” en Argentina fue liderado por edificios de lujo y viviendas para los sectores de mayores recursos: un 75 % de lo construido en los últimos años es de alta categoría. Se construye no en función de las necesidades sociales sino de la acumulación de hiperganancias de las grandes constructoras, los mega emprendimientos inmobiliarios y los grandes sojeros.
Este proceso empuja al alza del precio del suelo urbano, el costo de construcción del metro cuadrado y el precio del alquiler, haciendo aún más dificultoso el acceso de sectores de trabajadores a la vivienda. En la actualidad los salarios promedio se encuentran, en relación a los alquileres, un 21 % por debajo en comparación con el promedio de la década del 90. Según diversos analistas, antes de la devaluación del 2002 se necesitaban 35 sueldos brutos para construir una vivienda tipo, mientras que, en la actualidad, se necesitan 45 sueldos brutos.
Córdoba no es la excepción
En la ciudad de Córdoba, esta tendencia se evidencia en megaemprendimientos de empresarios como Petrone (GAMA) o Bugliotti (grupo Dinosaurio) que, con el favor de los gobiernos provincial y municipal, dominan el suelo de la ciudad, amasando enormes ganancias. La contracara de esta acumulación de riqueza la constituyen las muertes obreras que, en años anteriores, han estado entre los índices más altos del país.
En Córdoba, en el 2013, 21.300 familias vivían en asentamientos. A su vez, según la ONG Techo, éstos crecieron un 62 % entre 2001 y 2011. Allí, se combina el hacinamiento y la precariedad de las viviendas con la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, redes cloacales, gas natural, e inclusive el propio sistema de transportes.
No está de más recordar que los actuales “barrios-ciudades”, donde se pueden encontrar todos los problemas que hemos señalado antes, fueron una política del gobernador De la Sota para deslocalizar a los habitantes que vivían en las villas miserias y confinarlos a estos “barrios-ghettos” donde, incluso, el transporte público es completamente deficiente.
Considerado de conjunto, el problema del acceso a un terreno o a una vivienda, está lejos de ser un problema individual. El desarrollo anárquico de la construcción de viviendas, así como la imposibilidad de acceder a la misma para millones de familias, son consecuencias de la organización capitalista de la construcción, basada en la búsqueda desenfrenada de ganancias por parte de las corporaciones inmobiliarias.
