En la provincia de Neuquén actualmente funciona solo un refugio para albergar a las mujeres de toda la provincia que sufren violencia en sus hogares encontrándose en extrema situación de vulnerabilidad, desde el Observatorio Social de Género investigamos acerca de las condiciones del mismo y sobre como en el comienzo del periodo de aislamiento funcionó el mismo.
Miércoles 2 de septiembre de 2020 11:57
En toda la provincia hay un total de 3 refugios habilitados, uno provincial en la ciudad de Neuquén, y dos municipales, uno en Las Lajas y otro en Cutral Có en donde albergan a mujeres locales. Hay otros dos refugios para mujeres, uno en la ciudad de Aluminé y el de Rincón de los Sauces, que no están funcionando por falta de presupuesto y personal. En la ciudad de Plottier se está construyendo uno con fondos del municipio, en Chos Malal está disponible un terreno (asignado por la municipalidad) a la espera del comienzo de la construcción de un edificio por parte del gobierno provincial, tal como prometió Gutiérrez.
En San Martín de los Andes se reactivó la construcción de un edificio, pero se estima que no estará terminado hasta fines de año, y por último en Zapala se finalizó un edificio que había comenzado a construirse hacia 6 años con fondos provenientes de Nación, y que se esperaba inaugurar en junio de este año, pero con el lanzamiento de la cuarentena aún se encuentra con las puertas cerradas, más allá de la urgencia latente que se profundizó en el marco de este contexto de crisis.
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La Ley Nº 2.785 “Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar” establece que le corresponde al gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, garantizar a las víctimas de violencia familiar protección y alojamiento transitorio en refugios seguros, en conjunto con intervención psicosocial y asistencia material y económica inmediata.
El único refugio con alcance provincial que actualmente funciona sólo cuenta con 32 plazas para las 184.000 mujeres y sus hijas o hijos, es decir que hay un lugar por cada 5.750 mujeres que habitan en la provincia, y para acceder a una plaza en el mismo éstas deben comunicarse al servicio de la Línea 148 y encontrarse en una situación de extrema emergencia y vulnerabilidad.
En este sentido, el Observatorio Social de Género, a su vez entrevistó a trabajadoras de dicha Línea, las cuales denuncian precarización laboral por parte del Estado.
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Estas trabajadoras que brindan un servicio de contención y acompañamiento a personas víctimas de violencias, comentan que de no haber lugares disponibles en el refugio, ellas se encargan de articular el traslado y/o reubicación de las mujeres (muchas veces con sus hijes) a hoteles u hostel´s determinados, donde quedan “a resguardo por algunos días”, y luego se continúa con el seguimiento de las situaciones desde los equipos correspondientes.
Por otro lado, las trabajadoras también resaltan que las situaciones que pueden ser derivadas a refugios, según el protocolo, son las de “Código A”, es decir aquellas consideradas de emergencia, donde la víctima corre peligro inminente de vida e integridad psicofísica, quedando así muchísimas situaciones que ingresan a la Línea catalogadas como “Código B” que, si bien no se registra un peligro de vida inminente, siguen siendo gravísimas.
“Es muy importante estudiar las situaciones de manera integral y global, ya que muchas veces esa mujer hoy tiene una demanda por estar en situación de calle, pero tal vez es víctima de violencia desde hace años, lo cual la llevó a estar en la actualidad en esa situación. Y esa es la particularidad del refugio y el Código A, donde la mujer tiene que haber sufrido una situación de violencia de riesgo de vida hoy o ayer, porque si pasaron más días deja de ser Código A y no puede acceder al refugio” expresan las trabajadoras de la Línea 148. Y agregan que “además de eso, la mujer también tiene que haber hecho la denuncia por violencia de género para poder ingresar al refugio, siendo una exigencia institucional aunque no está estipulado en el protocolo”. Así, queda de manifiesto la falta de políticas sociales reales para intervenir en estas situaciones, con recursos escasos y falsas promesas del gobierno.
A partir de las entregas anteriores, nos contactamos con mujeres que se alojaron en el refugio “Madre Teresa” a modo de poder profundizar la investigación. A su vez, entendiendo que en los medios hegemónicos de comunicación sólo se le da voz a las autoridades de esos servicios, intentamos entrevistar (aunque sin éxito) a trabajadoras del refugio para visibilizar sus testimonios, ya que sabemos que sus voces muchas veces son silenciadas por las mismas autoridades a la hora de reclamar de forma pública por recursos y personal.
“Las condiciones edilicias del refugio no son buenas. Sólo había agua caliente en una de las 32 habitaciones”, expresó una de las mujeres que estuvo alojada en el refugio “Madre Teresa”. No tienen ningún espacio para distensión o de encuentro e intercambio entre las demás mujeres que están allí, sólo acceden a una atención y acompañamiento psicosocial individual de un equipo interdisciplinario, tratamiento que muchas veces continúa luego de finalizado el alojamiento de las mujeres.
Por otro lado, comentan que algunas reciben, luego de haberse retirado del alojamiento, un pequeño aporte económico para el alquiler entre $5000 y $6000 por 6 meses que debe ser renovado cumpliendo determinados requisitos excluyentes.
A su vez, y a pesar de que el Estado debería garantizar, también resaltan que ninguna de ellas recibió algún tipo de asesoramiento y/o acompañamiento con respecto a la reinserción laboral luego de irse del alojamiento, lo cual es de vital para que las mujeres logren independencia económica y material de ellas con respecto al agresor. “Desde un principio manifesté mi necesidad de trabajar. La Ley 2.785 habla sobre la reinserción laboral de ambas partes. Sin embargo no brindan esa posibilidad, y encima me dicen que la situación está difícil como para que consiga trabajo. He podido leer e informarme sobre mis derechos y sé que deberían ayudarnos con eso”, expresa una de las mujeres entrevistadas.
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En este sentido, desde las bancas del FIT Unidad, vienen presentando en el Congreso, en Legislaturas Provinciales y reclamado en las calles, proyectos para que se declare la Emergencia contra la Violencia hacia las Mujeres y se aprueben el Plan Integral propuesto, en base al Impuesto a las grandes fortunas.
Sin embargo todos los proyectos continúan cajoneados por los gobiernos oficialistas como "opositores", por eso las mujeres seguiremos luchando porque el Estado se haga cargo de esta problemática, y porque si tocan a una nos movilizamos miles.