Las elecciones del 2 de junio mostraron una victoria, más amplia de la esperada, del Morena. Aquí presentamos una explicación de su resultado, sus causas y nos asomamos a las contradicciones y perspectivas hacia el futuro.

El triunfo de Claudia Sheinbaum en las pasadas elecciones del 2 de junio, aunque esperado y pronosticado por la mayoría de las casas encuestadoras, alcanzó una magnitud que llamó la atención en México y en el mundo. La candidata del Morena, que se plantea continuar con la Cuarta Transformación [1], obtuvo casi 60 % de los votos, duplicando y más a Xochitl Gálvez, que encabezó la coalición de derecha que reune al PRI, al PAN y al PRD, que apenas alcanzó 28 %. Lejos quedó el tercero en discordia, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, con 10 % de los votos. La elección de Sheinbaum, muy cercana a Andrés Manuel López Obrador en las últimas dos décadas y que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, incluso superó el resultado electoral de AMLO en 2018, tanto en porcentaje como en votos —con 6 millones más de sufragios— y consagró a la primera mujer presidenta del país.

Sheinbaum, al frente de la coalición Sigamos haciendo Historia, de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, ganó en 31 de los 32 estados, lo cual impulsó el triunfo del partido de gobierno en todos los niveles de la elección: de las nueve gubernaturas en disputa, logró siete, incluyendo Yucatán, que estaba en manos del PAN, y ganando Ciudad de México por una diferencia holgada —que era clave después de las intermedias de 2021 cuando triunfó la oposición en esta entidad— así como en la mayoría de los distritos, alcaldías y municipios del país. El mapa electoral del país, de color guinda (característico de Morena), evidencia una tendencia ascendente desde 2018, que sólo desentona en el Norte y el Bajío, donde la oposición mantiene varias gubernaturas.

La diferencia alcanzada, superior a la esperada, tuvo consecuencias drásticas en la relación de fuerzas en el Congreso. La alianza ganadora consiguió la mayoría calificada —esto es, las dos terceras partes— en Diputados (donde tiene 73 % de los curules) y quedaría a sólo dos escaños de lograrla en el Senado. Antes de las elecciones, tanto López Obrador como los principales dirigentes de Morena anunciaron que iban por esa mayoría calificada, necesaria para impulsar el paquete de reformas constitucionales pendientes, que incluyen, entre otras, revertir las reformas al sistema de pensiones, una nueva reforma electoral, en particular una resistida reforma judicial, que supone la elección popular de jueces y ministros, así como la reducción del tiempo de estos en sus cargos, además de otras referentes al salario mínimo y los planes sociales.

La posibilidad de que esto se haga realidad, despertó, en los últimos días, turbulencias políticas y económicas, además encendió las alertas en la oposición y medios de comunicación de México y Estados Unidos, que advirtieron sobre los peligros de la sobrerrepresentación de la coalición triunfadora y la posibilidad de que Sheinbaum gobierne sin tener en cuenta a las minorías parlamentarias. A tono con esto, según el New York Times, la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dijo que “Una de las principales preocupaciones de las empresas es la posible “elección de jueces de la Suprema Corte y el virtual desmantelamiento de la independencia de los tribunales” [2].

Debacle de la oposición derechista y reconfiguración política

El resultado implica cambios bruscos y significativos: una reconfiguración en el sistema de partidos y un descalabro para la coalición opositora. Por una parte, como explicamos previamente, Morena amplía su peso institucional y hará gravitar todo a su alrededor, concentrando el gobierno de 24 estados y la mayoría en el Congreso, lo cual se refuerza por el crecimiento de sus aliados, los Verdes y el PT. Movimiento Ciudadano aumentó su presencia parlamentaria, presentándose bajo las banderas de la nueva política y formulando propuestas electorales para aparecer a la izquierda de Morena, lo cual le permitió obtener votos provenientes de la juventud y las clases medias. Esto se suma a los dos estados que gobierna desde hace varios años, Jalisco y Nuevo León, dos de las cuatro economías más importantes del país [3].

Los grandes perdedores se encuentran en la coalición Fuerza y Corazón por México, del PRI, el PAN y el PRD, con un retroceso absoluto en el Congreso de la Unión y en todo el país. El PRI, partido hegemónico durante más de 70 años —nacido como nacionalismo burgués, que luego se volvió aplicador de los planes neoliberales, cuestión que lo llevó a la debacle actual— está en franca decadencia: es la quinta fuerza en la Cámara de Diputados y, a lo largo del sexenio, ha retrocedido abruptamente en su peso político e institucional a nivel nacional, pasando de gobernar quince estados en 2018 a sólo dos en la actualidad.

Un dato gráfico de esto es que, como partido, sacó menos votos que Movimiento Ciudadano [4] y puede esperarse que proliferen los tránsfugas del priismo, como fue el caso de los ex gobernadores tricolores y candidatos a gobernadores en el Estado de Mexico, Eruviel Avila, Alejandra del Moral y Alfredo del Mazo. Por su parte, el PRD, surgido en 1988 y durante muchos años la expresión histórica de la centroizquierda mexicana, perderá su registro y desaparecerá como fuerza política, por no alcanzar el 3 % de los votos: solo logró el 1.9 %. En tanto que el PAN hizo su peor elección de las últimas dos décadas: su presencia en la Cámara de Diputados cayó de 114 a 72 curules, solo ganó, junto a sus aliados, en Aguascalientes, y perdió incluso en los estados que gobierna.

De manera catastrófica culmina un largo proceso de crisis de estos partidos, piedra basal del régimen político mexicano desde los inicios de la llamada alternancia en el 2000, que encabezaron una ofensiva neoliberal que moldeó la geografía del degradado capitalismo mexicano, caracterizada por la precarización laboral, la militarización, la llamada “guerra contra el narco” y el saqueo de los bienes naturales comunes. Continúan las consecuencias de la crisis orgánica abierta en 2014 con la irrupción de las movilizaciones por la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que sacudieron México desde sus cimientos y marcaron un punto sin retorno en la pérdida de legitimidad social de estos tres partidos, lo cual fue posteriormente capitalizado por Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Las causas de un triunfo esperado

¿Cuáles son las causas profundas de esta victoria y de los contornos que adquirió? En primer lugar, el obradorismo conquistó una importante hegemonía que le permitió llegar a este momento con 60 % de popularidad [5] y que descansa en el fuerte impacto que han tenido distintas medidas como los programas sociales del Bienestar, el aumento al salario mínimo o la reforma laboral. Como plantea Bárbara Funes, las distintas reformas realizadas por la 4T, “refuerzan la percepción del Estado como garante de derechos para las mayorías populares” [6]. En estos años, López Obrador, a partir de capitalizar la crisis histórica de la oposición, de sus programas sociales encuadrados en su “primero los pobres” y de cultivar un fuerte imaginario de corte popular y progresista, dio forma a un movimiento político y social con base de masas, fuertemente estructurado en torno al Morena y su figura, lo cual se expresó en las urnas de manera arrolladora.

Si bien las medidas mencionadas más arriba, tienen un carácter limitado y se enmarcan en el proyecto capitalista que defiende AMLO, esto es, no alcanzan a toda la población trabajadora —el incremento al salario mínimo se limita a un 29 % del empleo formal— y, en el caso de los programas sociales, no resuelven de fondo la situación estructural de pobreza, el hecho es que han generado una amplia simpatía y apoyo social respecto al gobierno, y son vistas como una orientación distinta a la que llevaron adelante las administraciones neoliberales previas [7]. Esto, en tanto que las condiciones laborales y salariales que enfrentan la mayoría de la población continúan marcadas por la precarización del empleo y el salario, el peso del trabajo informal y jornadas que promedian las 12 horas.

Hay que tomar en cuenta también el contexto de estabilidad macroeconómica, favorecido por la integración productiva y comercial con Estados Unidos y Canadá vía TMEC y, ahora, por la perspectiva del nearshoring o relocalización productiva, que en 2023 supuso un récord de inversión de 36 mil millones de dólares, que le ha permitido al gobierno mantener una buena relación con las cámaras patronales, más allá de algunos roces que no alteran sustancialmente esto. Este panorama económico permitió justamente la ampliación del gasto social y en infraestructura, aunque no ha estado exento de tendencias inflacionarias que encarecen la vida para las masas populares.

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Junto a esto, y a la crisis que arrastra la oposición desde antes del 2 de junio, hay que tomar en cuenta la atracción electoral que generó la candidatura de una mujer, con un perfil progresista, considerando la dimensión que tomó en la última década el movimiento de mujeres en México y su movilización contra la violencia, los feminicidios y por el derecho al aborto seguro, legal, libre y gratuito. Aunque AMLO se confrontó en distintos momentos con el movimiento feminista que, en los últimos años, logró la despenalización del aborto en algunos estados, aunque Morena intentó presentarlo como una concesión al movimiento de mujeres y buscó por distintas vías su cooptación. El discurso de Sheinbaum (“Llegamos todas”) es un guiño al movimiento de mujeres, aunque esto difícilmente obtenga un cheque en blanco hacia adelante.

Cabe señalar, que la fuerza política y social que mencionamos no se explica sin considerar que el gobierno logró pasivizar al movimiento obrero y de masas, lo cual se expresó particularmente en la ausencia de procesos de movilización generalizada como las que se desarrollaron en los años pasados. Como dice Modonesi “Un dato innegable es que no se registran en estos seis años nuevos significativos focos de conflictualidad y, menos aún, oleadas de movilización y politización como las que habían marcado el electrocardiograma socio-político de los sexenios anteriores del milenio: marcha por el color de la tierra, desafuero y luchas contra el fraude, Paz con Justicia y Dignidad, Apoyo al SME, luchas del magisterio en contra de la reforma educativa, #Yosoy132 y Ayotzinapa” [8]. Aún así, y en ese marco, hay que decir que se desplegaron procesos de movilización y politización en la clase obrera, que tuvieron un carácter fundamentalmente sectorial y parcial, así como la movilización del movimiento de mujeres y sectores de la juventud.

En esta contención y pasivización relativa de la lucha de clases fueron muy importantes las políticas gubernamentales antes mencionadas, pero también el papel de las conducciones sindicales y políticas, que se cuidaron de alentar la solidaridad y coordinación de los conflictos emergentes, y se alinearon al gobierno. Esto no sólo incluyó al llamado sindicalismo democrático (como la Unión Nacional de Trabajadores y el SME) y a las direcciones orgánicamente morenistas (como la CATEM y el sindicato minero), sino también a centrales y sindicatos referenciados con el PRI, como la CROM, la CROC, el sindicato petrolero, el SNTE (magisterio), entre otros. Incluso la priista CTM mantuvo buenas relaciones con el obradorismo.

De esta manera, AMLO consolidó una importante base de apoyo entre la mayoría de las cúpulas sindicales. Esto es otra muestra descarnada de la mencionada crisis histórica del priismo, que basó su hegemonía durante décadas en su control de las organizaciones obreras a través de la burocracia charra, y que ahora es desplazado por Morena. Parte importante de los liderazgos de estos sindicatos llamaron a votar por Claudia Sheinbaum, fortaleciendo electoramente al Morena, verdadera culminación de su subordinación política al partido gobernante. En contraste, sólo la conducción del magisterio democrático de la CNTE declaró su autonomía respecto al gobierno y la derecha.

Planteados estos elementos, una visión profunda no puede quedarse en ellos, sino que debe ir más allá de la superficie y considerar las contradicciones que el nuevo gobierno tiene por delante, las cuales ponen límites a su hegemonía. Aproximémonos entonces a éstas y a las perspectivas que se abren.

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Más allá del triunfo electoral

La elección en México despertó importantes expectativas en América Latina, entre sectores progresistas y de izquierda, en un momento donde triunfaron variantes de derecha como Milei en Argentina o Bukele en El Salvador. Desde otro ángulo, la prensa imperialista también está expectante, especulando en torno a la relación de Sheinbaum con AMLO y si dejará atrás los gestos populistas. Los recientes anuncios de López Obrador de que utilizará la mayoría calificada antes del traspaso presidencial para votar las reformas, dieron bríos al nerviosismo de los mercados.

El obradorismo surgió como un progresismo tardío [9], cuyas políticas sociales se inscriben en una perspectiva de un cierto desarrollismo económico que mantiene la primacía del Estado en ciertas áreas —como en el sector energético— preservando los intereses de los capitalistas nativos y las trasnacionales imperialistas. Más allá de su retórica progresista y algunas posturas disruptivas, tanto en el terreno diplomático como en la confrontación con la oposición interna, la realidad es que se posicionó más al centro de lo que muchos en el progresismo latinoamericano están dispuestos a aceptar: aumento de la militarización —acrecentando la influencia económica y política de las fuerzas armadas— política migratoria a tono con las exigencias de Trump primero y con Biden después y un claro alineamiento con los Estados Unidos en el terreno económico, productivo y comercial.

Las señales dadas por Sheinbaum indican una senda que muchos definen como de mayor moderación, incluso respecto a las políticas mencionadas. Respecto a las reformas, la presidenta electa anunció que apuesta al diálogo, lo cual sugiere, como posibilidad en el horizonte, que podría negociar algunas de aquellas, para evitar escenarios de mayor polarización y conflictividad política. De igual manera, ante la caída del peso mexicano, el actual secretario de Hacienda, que se mantendrá en el cargo, sostuvo una conferencia con banqueros e inversores buscando calmar las aguas, y la misma Sheinbaum se comunicó con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Juan Ramón de la Fuente, encargado de transición, dijo que no se replicará mecánicamente el estilo de López Obrador y lo sintetizó en una frase muy clara: “la transición será sin ruptura y sin sumisión respecto a AMLO”, respondiendo a quienes suponen que éste será el poder detrás del trono. El analista Jorge Zepeda Patterson escribió recientemente, que “Todas las señales apuntan a una estrategia de conciliación por parte del nuevo gobierno y a contrapelo de una presunta conducción doctrinaria o autoritaria.

El equipo de trabajo de Sheinbaum es plural y francamente moderado; el acercamiento a la iniciativa privada en sus giras muestra la determinación de activar un clima de negocios que propicie el crecimiento y la generación de empleos”. Además, puntualizó, que “López Obrador puso en marcha un singular modelo que, en el fondo es irrepetible: una importante derrama social hacia a los de abajo sin quitarle a los de arriba. La fuente de esos recursos salió del gobierno mismo, achicándose y consumiendo grasa y guardaditos. Eso se agotó. Ahora se requiere, sin abandonar lo anterior, aumentar la riqueza. Y eso no será posible sin la reactivación de la inversión privada. Tender puentes, buscar soluciones conjuntas y consensos, restañar heridas” [10].

Zepeda apunta a un problema tangible: hasta ahora, lo logrado por el gobierno de AMLO depende de determinadas condiciones internacionales, y de la relación con Estados Unidos a través del TMEC en particular, en el marco de su disputa con China. Aunque se trata de condiciones notables, no parecen comparables a las que nutrieron la primera oleada de gobiernos posneoliberales de Latinoamérica, con el ciclo de bonanza de las materias primas, que les brindó estabilidad durante la primera década del milenio y los recursos para aplicar políticas sociales limitadas de corte reformista. En el caso mexicano, para garantizar la continuidad del modelo obradorista, Sheinbaum apuesta al nearshoring, con proyectos de infraestructura y desarrollo industrial, que se extienden también al sur del país. Aún así, este plan continúa inscrito en la dependencia extrema de la dinámica de la economía internacional y estadounidense, lo cual puede volverse el talón de Aquiles del proyecto de la 4T y acotar sus márgenes.

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Además, el nuevo gobierno tiene un problema en el déficit fiscal, donde el gasto público se incrementó 27 % sólo en este 2024. Como se puede leer en el Wall Street Journal, “La próxima administración heredará uno de los déficits fiscales más grandes que haya tenido México, dijo Malcolm Dorson, jefe de estrategia de mercados emergentes de la firma de fondos cotizados en bolsa Global X, con sede en Nueva York. Dijo que será difícil frenar el gasto, particularmente en programas de asistencia social, sin aplastar la popularidad del gobierno. La otra opción es aumentar los impuestos, lo cual tampoco es algo popular” [11].

Otro aspecto, que aparece complejo en el horizonte, es la relación con la Casa Blanca, que renovará a su habitante en noviembre o tendrá cambio de inquilino. El endurecimiento de la política migratoria, que Biden inició en estos días con las restricciones del asilo y urgido por las necesidades de la pelea doméstica con Donald Trump, puede abrir una nueva crisis para el gobierno de Sheinbaum, como la que ocurrió en 2018, con las caravanas migrantes.
Además, hay que tener en cuenta que en 2026 se renueva el TMEC y, aunque hasta ahora México aceptó todas las exigencias de sus socios, existen áreas de disputa en el sector agropecuario y energético; pero es la relación de México con China, y en particular las inversiones anunciadas por parte del país asiático, el factor más crítico, que ya se expresó virulentamente en la campaña de Trump; gane quien gane, estarán más que presentes las presiones para blindar el tratado en términos proteccionistas.

Finalmente, la relación con Estados Unidos y la situación interna del país está cruzada por la cuestión del narcotráfico y la violencia creciente, que ha tenido terribles consecuencias en las últimas décadas, con cientos de miles de desaparecidos y asesinados. Esto no ha menguado durante el sexenio de López Obrador, quien ha mantenido la fórmula, exigida por Washington, que descansa esencialmente en la militarización, y que perpetúa una situación cuyas bases profundas están en la degradación que provoca la opresión imperialista.

Sheinbaum tiene por delante múltiples contradicciones relacionadas con la dependencia de los ritmos de la economía del vecino del Norte y su subordinación política, militar y en materia de seguridad, las que pretende afrontar en base a su capital político. La moderación que distintos analistas le vaticinan a Sheinbaum, y que se rastrea también en las personalidades de quienes la rodean, apuntaría a un segundo mandato de corte más conservador. Del desarrollo de las tendencias y tensiones que planteamos antes, podría depender de qué tan rápido cambie una dinámica signada, hasta ahora, por una relativa estabilidad y una baja lucha de clases.

Hacia adelante

Aunque cuente con 60 % de los votos, Sheinbaum no es López Obrador, ni ocupa en el imaginario popular un lugar similar al que éste tuvo en las últimas décadas. Eso es un factor no despreciable cuando de contener la movilización y la conflictividad social se trata. Como plantea Modonesi: “La presidencia de Claudia Sheinbaum se anuncia mucho más precaria de lo que indican los resultados electorales y la correspondiente ocupación de espacios de poder estatal a nivel federal y local. Difícilmente podrá sostenerse a través de la ordinaria continuidad del obradorismo, de un viraje tecnocrático y socialdemocrático, como parece indicar la selección y el perfil de la sucesora” [12]. En el México capitalista dependiente, hay heridas profundas que continúan abiertas, agravios no resueltos y demandas pendientes que han sido y son un factor de movilización popular: los feminicidios, la violencia social y la militarización, el despojo a las comunidades y pueblos originarios, que se enlaza con la cuestión ambiental, la pobreza y la precarización del trabajo, el salario y la vida, todo lo cual puede volverse, de nueva cuenta, un motor de la protesta social.

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Recientemente, cruzando transversalmente el panorama electoral, asistimos a dos procesos. Por un lado, la juventud estudiantil, en la UNAM y otras universidades del país, que se movilizó contra el genocidio en Palestina y puso en pie un campamento solidario en el campus de la máxima casa de estudios, mostrando un despertar a tono con lo que se ve en las universidades de Estados Unidos, Francia y otros países. Por el otro, el magisterio combativo, organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que inició un paro nacional indefinido el 15 de mayo, con movilizaciones, bloqueos, mítines y un plantón instalado en el mismo Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional; con epicentro en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, así como con acciones en otros estados, y en Ciudad de México, la lucha magisterial —su primera acción nacional en lo que va del sexenio— es un síntoma de lo que puede venir.

En un contexto cruzado por el mantenimiento de la subordinación al imperialismo estadounidense, así como contradicciones profundas y estructurales del capitalismo mexicano que pueden hacer eclosión mas temprano que tarde —dependencia extrema de la economía internacional y las cadenas de valor, narcotráfico, militarización, etc.— las elecciones arrojan un escenario político complejo, y cruzado por distintas coordenadas y también interrogantes. Algunas de aquellas son la reconfiguración del mapa político signado por la crisis (¿terminal?) de los partidos burgueses tradicionales, la perspectiva de la moderación y el aggiornamiento de la nueva administración, la misma relación entre López Obrador y la nueva presidenta, así como hasta dónde Morena y las conducciones sindicales y sociales afines serán capaces de contener las contradicciones y tensiones sociales.

Cabe considerar que en estos años, aunque la contuvo, López Obrador no pudo frenar del todo la resistencia obrera y popular, que siguió manifestándose y dando lugar a distintos procesos de experiencia política y sindical. Bajo el sexenio de Sheinbaum, nuevos momentos de la lucha de clases tendrán planteado horadar la hegemonía del gobierno de la Cuarta Transformación y poner al movimiento obrero y popular en el centro de la escena política nacional.