El miércoles 31 de octubre, el juez Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó el encarcelamiento por 36 meses de Keiko Fujimori. Uno de los argumentos de fondo que utilizó el fiscal José Domingo Pérez para fundamentar la acusación contra Keiko fue que ella presidiría una organización criminal.
Viernes 2 de noviembre de 2018 08:54
En horas de la tarde del miércoles 31 de octubre, el juez Concepción Carhuancho, quien se desempeña como titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó el encarcelamiento por 36 meses de Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori, la misma que en las elecciones presidenciales del 2016 casi llega a la presidencia de la República, siendo derrotada en la segunda vuelta por Pedro Pablo Kuczynski por un escaso margen. Keiko Fujimori venía siendo investigada por la justicia por el delito de lavado de activos ya que se le acusa de recibir dinero de manera ilegal para financiar sus campañas electorales. Apenas se dio el fallo judicial, Keiko fue encarcelada en la carceleta del poder judicial y se espera que próximamente pase a un penal correspondiente.
La audiencia donde se analizó la situación legal de Keiko Fujimori se inició el pasado 25 de octubre y se caracterizó por largas sesiones donde el fiscal José Domingo Pérez expuso las causas que motivaban la necesidad de que la lideresa fujimorista sea encarcelada. El fiscal Pérez sostuvo su argumentación en las declaraciones de colaboradores protegidos (anónimos) que al parecer fueron muy cercanos al núcleo duro de la organización fujimorista, ellos pusieron en evidencia la forma ilegal como el fujimorismo encabezado por Keiko recibía dinero de empresas como Odebrecht y los medios de los que se valía esta organización política para blanquear la procedencia de estos fondos ilícitos, dentro de los cuales se recuerdan los aportes de “militantes” fantasmas o la realización de actividades sociales como rifas, cocteles y otras justificaciones que no se condicen con la realidad y que tenían como objetivo justificar la procedencia de los millonarios fondos de campaña con los que contaba esta organización.
Por esa razón uno de los argumentos de fondo que utilizó el fiscal José Domingo Pérez para fundamentar su acusación contra Keiko Fujimori, fue el sostener que ella presidía una organización criminal dedicada sistemáticamente a realizar actos reñidos con la ley y cuyo objetivo central era utilizar el poder político para logar beneficios económicos que les permita enriquecerse. Este criterio fue también el que a la postre llevo a que el juez Concepción Carhuancho determine los 36 meses de prisión preventiva para la lideresa fujimorista ya que existiría el peligro de fuga, como se dio en otros casos similares. La decisión del juez Carhuancho, como era de esperarse, fue rechazada por la defensa legal de Keiko quienes como ya anunciaron apelaran este fallo judicial.
El encarcelamiento de Keiko Fujimori, en definitiva, es un duro golpe para el fujimorismo que al parecer ya no goza del apoyo de los poderes fácticos ni de la embajada norteamericana ya que desde que se estableció el gobierno de PPK en el 2016, con su aplastante mayoría parlamentaria, se ha venido convirtiendo en la principal fuerza desestabilizadora del ejecutivo al cual buscaban cooptarlo vía la presión y el chantaje para imponer así de manera absoluta sus intereses mafiosos.
Como se recordará, estos hechos sumados al pésimo desempeño político de Kuczynski y el indulto a Alberto Fujimori, generaron un gran descontento social que se expresó en masivas movilizaciones en todo el país, las cuales terminaron por poner en cuestionamiento el régimen político en su conjunto, ello puso los pelos de punta del gran empresariado y de los sectores que controlan los hilos del poder en el Perú, para quienes la tarea más importante era recuperar la credibilidad en la institucionalidad burguesa tan venida a menos, por eso no tuvieron mejor idea que deshacerse de ese lastre que significaba hoy para ellos el fujimorismo, ya que eso les permitiría recuperar la “gobernabilidad” necesaria para continuar con sus planes de ajuste contra el pueblo y los trabajadores.
Es cierto que el fujimorismo representa hoy una organización criminal cuyo objetivo central es utilizar el poder político para lograr beneficios económicos para sus camarillas dirigentes, pero esto no es un fenómeno aislado sino más bien refleja una tendencia regular que se repite en casi todas las organizaciones políticas, sino veamos lo que pasa con el APRA, Perú Posible, el Partido Nacionalista e incluso con aquellas organizaciones que se precian ser de “izquierda” donde el caso de Susana Villaran es el más resaltante pero no el único. Todas ellas se han convertido en correas de trasmisión o intermediarios políticos de los intereses empresariales, corroborando así lo que Marx diría en el manifiesto comunista que: “El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”. Es allí donde radica la clave de la corrupción y por tanto de la deslegitimación de los partidos políticos tradicionales que, como vemos hoy en el mundo entero, se viene convirtiendo en una constante.
