El negocio del agua se ha expresado en el Código de Aguas de la Dictadura, pero también en las modificaciones que propiciaron los gobiernos de la ex Concertación para el acaparamiento, especulación y lucro del recurso hídrico.
Jueves 17 de diciembre de 2020
De 129 a 79 bajó la cantidad de comunas declaradas como zonas de "escasez hídrica", que se concentran en su totalidad en la zona centro norte del país, desde el año pasado a la fecha, según informó la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), 50 localidades lograron salir de esa categoría. Mientras que hay 138 comunas con "emergencia agrícola" debido a la falta de agua.
La situación mejoró desde la Región de O’Higgins a Magallanes y las comunas más críticas se concentran entre Coquimbo y la Metropolitana.
Sin embargo, los conflictos socioambientales y la denuncia por el aprovechamiento indiscriminado de las aguas ponen de manifiesto el negocio del recurso hídrico desde la imposición del Código de Aguas y sus modificaciones que ayudaron a privatizar los servicios sanitarios durante los gobiernos de la ex Concertación.
El plan del Código de Aguas de la dictadura era erradicar los conceptos de Estado, revocación, expropiación y bien público. Esto generó una incertidumbre jurídica de lo heredable y transferible, donde el agua se podría concebir como un bien inmueble, el cual se podría vender, comprar y arrendar. Es por esto que el sistema de precios de agua es tanto mercancía luego de ser inscrita e iría cambiando su rentabilidad.
Con los años, ser titular de derechos de agua se volvería un negocio inconmensurable y millonario. Lo cual significa acaparamiento, especulación y lucro.
La privatización del agua tiene un impacto concreto en su relación con el Estado, las empresas y políticos de la derecha y la ex Concertación. Un ejemplo claro de ello es el rol de la democracia cristiana en los ministerios de agricultura como Antonio Walker, quien es dueño de Asesorías e Inversiones Walker Prieto, la cual se relaciona con otras familias ligadas al mercado de la bolsa y a las licitaciones entregadas por el Estado afectando el derecho al agua a sectores rurales.
