Frente a la discusión de la Ley Corta Antiterrorista ha surgido el debate sobre las escuchas telefónicas, pasando el centro de la discusión por “la falta de control sobre las escuchas”. Pero el problema no es “la falta de control”, sino que las escuchas mismas y la razón de existencia de esta ley corta antiterrorista.
Martes 10 de septiembre de 2019
La Ley Corta Antiterrorista se erige bajo la excusa de “enfrentar el terrorismo”. Si miramos atentamente hacia los discursos nacionales e internacionales contra el “terrorismo” difícilmente veremos el término ligado al terrorismo de Estado. En países como EE.UU. o Francia, por ejemplo, el término ha sido utilizado para atacar a ciertos cultos religiosos, o incluso en el caso de EE.UU. para emprender una “heroica lucha contra el terrorismo a nivel internacional”, lo que en realidad era una cobertura discursiva para intervenir medio oriente militarmente y obtener mayores beneficios económicos, geopolíticos y reafirmar su hegemonía a nivel mundial.
Ahora, si observamos un país como Chile, el discurso “antiterrorista” es bastante peculiar: llevamos decenas de años escuchando el mismo discurso apuntado hacia el pueblo-nación mapuche y hacia sectores radicalizados de los movimientos sociales y militantes de izquierda.
“La falta de control sobre las escuchas telefónicas”
Se estima que son más de 100 mil las interceptaciones realizadas durante los últimos cinco años y la discusión ahora abierta también toma como fundamento que actualmente los fiscales muchas veces piden autorización para interceptar al juez que quieran y por vías personales muchas veces, como llamadas telefónicas directas. Así la discusión en contra de las escuchas telefónicas ha ido girando alrededor del problema del control. Pero ¿es efectivamente el control el problema o es más profundo?
La Ley Corta Antiterrorista, que busca poder usar “técnicas especiales” contra delitos considerados como terroristas, es de fondo un proyecto que, lejos de dar mayores seguridades al pueblo trabajador, está dirigido a dar mayor marco legal a las violaciones de derechos democráticos básicos que en la actualidad ya se cometen, que bajo la excusa del combate al terrorismo buscan dar mayores facultades a los organismos represivos estatales, todo ello en el marco de una avanzada represiva importante, con imágenes de la policía en los tejados y salas del Instituto Nacional, al mismo tiempo que la derecha lo justifica contra los terroristas en los establecimientos educativos.
Por otra parte la derecha, en particular Chadwick, intenta convencer de que el problema del control puede ser resuelto mediante protocolos. Y aquí está el problema de fondo: El problema del control puede ser resuelto sin que cambie el espíritu de la Ley Corta Antiterrorista,sin que cambien sus blancos políticos y es más claro que el problema es ésta ley misma, no el control o no de las escuchas. El problema es que de facto ya existen estos medios para atentar contra derechos democráticos mínimos, y los objetivos hacen más sentido cuando vemos que el blanco del discurso antiterrorista es el pueblo-nación mapuche y el activismo de izquierda.
Así, la vulneración al derecho esencial a la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, que ya son reales, tendrán mayor marco de legalidad, mientras el terrorismo estatal sigue teniendo el apellido de la impunidad.
