Hace tiempo que es difícil hablar de libertad de expresión en el Estado español. De hecho, es cada vez más difícil hablar, escribir o cantar, en especial si se es disidente (y de izquierdas). Es necesaria una movilización que enfrente esta ofensiva represiva.
Miércoles 21 de febrero de 2018
Ver como todos los mecanismos del Estado son puestos contra la población y sus representantes para evitar una votación, incluso a base de violencia, no es que sean buenos antecedentes. Menos aún el cesar a todo un gobierno elegido por los mismos mecanismos que dicen defender.
Y qué decir de los que se exilian porque, no sin razón, consideran que no tienen las mínimas garantías democráticas para ser juzgados, como el propio Puigdemont o recientemente Anna Gabriel de la CUP.
Pero es más, estos ataques a los derechos democráticos más elementales que han pasado contra la voluntad del pueblo catalán, no hacen más que fortalecer a este Régimen y debilitar a los explotados y oprimidos de todo el Estado: los trabajadores, la juventud, las mujeres y los inmigrantes.
Las últimas 24 horas no hacen más que demostrar esto. El Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional de tres años y medio de cárcel para el rapero Valtonyc por “injurias al Rey y enaltecimiento del terrorismo”, el secuestro por orden judicial de “Fariña”- el libro que destapa la historia del tráfico de drogas en Galicia- y el triste episodio de censura de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) retirando una serie de fotografías bajo el título de “Presos políticos en la España contemporánea”, dan cuenta en los hechos de lo envalentonado y a la ofensiva que se encuentra el Régimen.
A esto hay que sumarle la reciente orden de búsqueda y captura que pesa sobre el Secretario General de la CGT Catalunya, Ermengol Gassiot, para el que piden más de 11 años de prisión por su solidaridad manifiesta contra la persecución en el caso “Som 27 i més”, en el que hay 27 encausados por ocupar el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona en defensa de la educación pública. Como denuncia la propia CGT, “el peor caso de represión política en una universidad en nuestro país desde finales del franquismo”.
De conjunto, un verdadero salto represivo y en la vulneración de un derecho elemental como lo es el derecho de libertad de expresión.
El autor de la obra censurada en la que se muestran desde políticos catalanes hasta los jóvenes de Alsasua con sus rostros pixelados, el madrileño Santiago Sierra, señalaba en su red social que “…creemos que actos de este tipo dan sentido y razón a una pieza como ésta, que precisamente denunciaba el clima de persecución que estamos sufriendo los trabajadores culturales en los últimos tiempos".
Pablo Hasel, por su parte, quien también estuvo hace nada sentado en la audiencia nacional por cantar contra la monarquía mostró su solidaridad con el rapero condenado señalando que “injuriar es inventarse. Valtonyc, como yo y millones de personas más, contamos lo que hace la monarquía: SAQUEARNOS. No se ha inventado nada, por eso lo condenan precisamente, porque quieren ocultar hechos sobradamente probados.”
El secuestro cautelar por orden de una jueza de Madrid de la obra “Fariña”, que en sus más de 400 páginas repasa la historia del narcotráfico en Galicia, se realiza a petición de José Alfredo Bea Gondar, un exalcalde de O Grove (Pontevedra) entre 1983 y 1991 por Alianza Popular, quien es señalado como uno de los colaboradores de la entrada de cocaína en la comunidad, lo que según la jueza va contra “su honor”.
Mientras jueces y fiscales miran para otro lado o usan la vara blanda para políticos corruptos, empresarios y banqueros que de forma sobradamente probada malversaban fondos públicos y un sinfín de tropelías, aplican toda su dureza y parcialidad contra artistas, titiriteros, raperos, periodistas, twitteros, activistas o sindicalistas en un intento por silenciar las críticas a este régimen y el sistema que defiende. Así es la justicia heredada directamente de franquismo. Una justicia de clase al servicio de los ricos y poderosos.
Los sindicatos no pueden permanecer expectantes frente a esta situación. CCOO y UGT deben romper la paz social que han sostenido hasta ahora, llamando a movilizaciones y acciones frente a estos ataques inaceptables.
Todas las organizaciones políticas y sociales del Estado que se precien de ser mínimamente democráticas, empezando por Podemos y los Comunes hasta la CUP, debemos responder este ataque desde las calles, los centros de trabajo y de estudio hasta lograr la libertad de todos los presos políticos. No basta hacerlo a golpe de comunicados y de Tuits.
