En pleno fin de semana en el que se han celebrado las elecciones generales, el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó la lista de entidades que han sido seleccionadas para gestionar los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, anteriormente gestionados por organismos públicos. Cuatro bancos y una aseguradora son las escogidas.
Lunes 24 de julio de 2023
Bajo el pretexto de incluir nuevos tipos de fondos de pensiones y fomentar así el ahorro complementario para la jubilación, el Gobierno ha anunciado que las entidades VidaCaixa, BBVA, Santander, Caser e Ibercaja se encargarán a partir de ahora de la gestión de fondos de pensiones públicos. Una medida que podría ratificarse en agosto.
El Gobierno responde así al problema de la baja cuantía de las pensiones de la mayoría trabajadora y los autónomos otorgando un contrato a las principales entidades financieras del Estado. En lugar de optar por reforzar el sistema de pensiones público, hoy muy deficiente, el PSOE y Unidas Podemos vuelven a mostrar que no están del lado de los sectores populares, sino del IBEX-35.
Y es que el problema de las pensiones es una de las grandes lacras que ni los gobiernos de derecha ni el “progresista” han resuelto: en 2023, la cuantía de las pensiones no contributivas apenas supera los 457 euros (aunque existe una pensión mínima de 114 euros) y de pensiones contributivas de 904 euros, aunque puede ser inferior en casos de menores de 65 o personas con discapacidad.
Algo que no resuelven unos fondos de pensiones privados que suponen implementar en los hechos “la mochila austríaca” con la cual son los trabajadores los que deben ahorrar para su propia jubilación.
Y sí, le dará la gestión de estos fondos a bancos multimillonarios que poseen miles de viviendas vacías, que son las responsables de una importante parte de los desahucios en este país, y que solo velarán por sus intereses económicos y no por los intereses de la mayoría trabajadora.
De igual manera sucedió hace unos meses con el acuerdo firmado entre este mismo ministerio y la Asociación Española de Mutuas, por el cual las bajas por contingencia común podían pasar a ser valoradas por una mutua privada. Y es que el Gobierno no se cansa de dar pasos hacia la privatización de los servicios públicos.
Este mismo gobierno ha mantenido infrafinanciación servicios básicos como el de la sanidad y la educación públicas, cuyas partidas no subieron lo suficiente como para compensar los gastos de la inflación en los presupuestos generales de 2023. Mientras, la partida de Defensa subió un 26%, dejando claras las prioridades del gobierno.
En este contexto postelectoral en el que está por ver si el PSOE y Sumar consiguen formar gobierno, no podemos olvidar que lejos de suponer un dique de contención a las políticas privatizadoras y antisociales de la derecha las han avalado y mantenido, pero bajo un aspecto “progresista” y “renovador”.
Es necesario que las mayorías sociales impongan un plan de lucha a las burocracias sindicales que mantienen silencio respecto de esta medida y viven cómodamente en la paz social del pactismo con el Ejecutivo y la Patronal.
Sabemos que, gobierne quien gobierne, los próximos meses comenzará a llegar un ajuste impuesto por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos. Un ajuste que Pedro Sánchez anunció el sábado que está dispuesto a asumir y aplicar.
Para que la próxima crisis no la paguemos los de siempre, para que no se ataque a las pensiones y a la edad de jubilación, es necesario desarrollar una movilización independiente y sin confianza en el gobierno que pueda avanzar a imponer un plan de lucha para frenar estos ataques.
