Dos trabajadoras denunciaron que la Dirección Provincial de Estadística y Censos les inició sumarios por acompañar el reclamo del no pago de uno de los 12.000 trabajadores que participaron del operativo del 18 de mayo y todavía no cobraron.
Viernes 1ro de julio de 2022 16:36
Denuncian que además sufrieron episodios de violencia y persecusión laboral ejercida por parte de la directora provincial Karina Rigo y la directora general de coordinación Rita Giménez. Las trabajadoras relatan que asisitieron a un censista que fue a reclamar lo que le corresponde y fue sometido a la indiferencia, burla y estigmatización, donde incluso les llevaron a la policía de forma permanente como clara señal de amedrentamiento.
"La respuesta de las autoridades frente a nuestras denuncias por esas violencias fue la apertura de sumarios administrativos y una denuncia frente al ministerio público fiscal por instigación a la violencia. Nuestra mayor prueba de esos hechos son las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo que rápidamente hicieron desaparecer". Sostiene el comunicado de prensa que lanzaron en el que explican que acusan de violento a un trabajador que no percibió el mísero pago prometido en el plazo informado cuando lo contrataron.
Denuncian que las acusan de instigar a la violencia a quienes se solidarizaron con él, en vez de a quienes lo estafaron y que desde ese día, el organismo se encuentra militarizado. Señalan que el no pago a las y los trabajadores del Censo Nacional es responsabilidad del INDEC y de las autoridades de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censo (DPEyC).
A su vez hay ataques a los reclamos de las y los trabajadores de (DPEyC) que vienen de larga data, como el pedido de descuentos masivos contra 13 personas que mantuvieron medidas de fuerza durante junio, contra la discrecionalidad de los ingresos y la designación de funcionarios de forma poco transparente dentro de la planta del organismo, como así también se manifestaron en reiteradas oportunidades contra los sobresueldos que se asignaron los directivos.
Exigen el cese de persecución y de las sanciones avaladas por el Ministerio de Economía e Infraestructura, a cargo de Guillermo Pons, y por la subsecretaria de hacienda Rosa Ana Castro, de manera urgente, junto con el pago inmediato a las y los censistas.
