El reciente anuncio del gobierno de Boric, que se sustenta en la asociación pública-privada de la estrategia nacional del litio, abrió un debate de repercusiones internacionales que permitirá la entrada de nuevas empresas al saqueo de este recurso natural así como un nuevo rol del estado en los procesos de exploración y producción. Actualmente son dos empresas (SQM y Albemarle) las que se han enriquecido de este multimillonario negocio que es materia prima para la industria de baterías y autos eléctricos. El proceso de extracción del litio a gran escala implica la destrucción de ecosistemas únicos, como son los salares, donde se encuentra la principal reserva de litio del planeta.

Una nueva estrategia para un nuevo saqueo

El anuncio de la estrategia nacional del litio tiene por objetivo responder a la creciente demanda de litio a nivel internacional producto del desarrollo de la industria dependiente de las baterías, principalmente autos eléctricos. Para tomar algunos datos del Consejo Fiscal Autónomo:

“Entre 2015 y 2022, el precio del litio se multiplicó por cuatro y los volúmenes exportados por Chile más que se duplicaron. Como resultado, las exportaciones de carbonato de litio según cifras del Banco Central de Chile (BCCh), pasaron de aproximadamente US$250 millones anuales a mediados de la década pasada (0,1% del PIB) a US$7.763 millones en 2022 (2,5% del PIB). Estos envíos al exterior representaron el 8% de las exportaciones de bienes realizadas por Chile el año recién pasado. En 2022, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), se observó un fuerte incremento del precio del litio , de 259% anual (...), mientras que los volúmenes de exportación registrados por el Servicio Nacional de Aduanas (Aduana) muestran un incremento de 47% anual.” (Fuente: Reflexiones sobre los desafíos fiscales del litio en Chile Nota del CFA N°15 02 de febrero de 2023). Es decir, el precio aumenta a una tasa mucho mayor que los volúmenes de exportación.

Para los ingresos fiscales en una estimación del Consejo Fiscal Autónomo de los ingresos fiscales totales por litio en 2022, se situó en niveles cercanos a US$ 5.000 millones, el equivalente a 1,6% del PIB y el 6,4% de los ingresos fiscales totales. Para la principal empresa productora de litio, SQM, tuvo un explosivo aumento de sus ingresos, que superan en más de 700% las ganancias obtenidas durante el 2021 (Fuente: Reflexiones sobre los desafíos fiscales del litio en Chile Nota del CFA N°15 02 de febrero de 2023).

El interés internacional por la extracción del litio está puesto en Chile. Según la Comisión Chilena del Cobre (2017) el Salar de Atacama concentra alrededor del 52% de la reserva mundial de litio, materializada en 7,5 millones de toneladas. La previa visita de la generala del comando Sur de EEUU, a Chile y Argentina, puso en énfasis la importancia estratégica de los recursos naturales en el continente. Es por ello, que con esta promulgación y promoción de las empresas privadas, los más contentos fueron las empresas extranjeras. En una entrevista al Diario Financiero, InvestChile destacó la reunión de 46 inversionistas de 12 países distintos, entre los que se encuentran Alemania, Argentina, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza. Otro ejemplo es Sorcia Minerals de capitales norteamericanos, quien ya tiene un proyecto de 500 millones de dólares para el salar de Tara.

¿En qué consiste esta nueva estrategia?

Se trata de un conjunto de medidas para acelerar la extracción de litio donde prime la asociación público privado, creando la empresa nacional del litio, y renegociando por adelantado el contrato con SQM que caduca para el 2030, principal productor de Litio en Chile. Además, declaran que crearán una red de salares protegidos, la creación del instituto tecnológico de investigación público privado, esto junto con la prospección de otros salares.

La intención de aumentar la producción del litio en Chile no es nueva, el segundo gobierno de Michelle Bachelet había esbozado una estrategía similar a la declarada por Boric, con el consejo de expertos que se constituyó el año 2014 y presentó sus recomendaciones el 2016.

En esa oportunidad, el gobierno de la ex Nueva Mayoría negoció con Soquimich la explotación del mineral hasta el 2030, justo en el momento cuando se abre uno de los casos más emblemáticos del financiamiento ilegal de la política. En esa oportunidad, el gobierno de Bachelet cerró el conflicto con una modificación de contrato, saltándose la licitación abierta (que daría competencia a otras empresas).

El segundo gobierno de Piñera también intentó su propia salida frente a la creciente demanda de litio con licitaciones a privados para la Suscripción de un Contrato Especial de Operación para la Exploración, Explotación y Beneficios de Yacimientos de litio por 400 mil toneladas de litio metálico. Este intento no llegó a buen puerto, siendo rechazado por la Corte de Apelaciones.

La novedad de esta estrategía del gobierno es el rol del Estado con la generación de una empresa nacional del litio, donde la intención del Estado es entrar al proceso productivo. Al mismo tiempo, esto permitirá abrirles las puertas a la ampliación del saqueo de los salares a las grandes transnacionales, es así como el gobierno de Gabriel Boric y sus partidos como el Frente Amplio, el Partido Comunista y la ex Concertación decretaron la continuidad del saqueo en los salares, bajo una nueva estrategia donde ingresará el Estado junto a las multinacionales y SQM.

Algunas voces que se han referido a esta estrategia plantean que la entrada del Estado garantizará un mayor ingreso a las arcas fiscales, con lo que se podrían invertir en cambiar la matriz productiva extractiva, como declaró el académico y economista de la Universidad de Antofagasta, Jan Cademartori: “La formación de una Empresa Nacional del litio para que el Estado participe directamente de la explotación de este mineral estratégico, es un anuncio histórico. Con toda razón, el presidente evocó la chilenización y posterior nacionalización del cobre.”

Sin embargo, la estrategia nacional del litio no es una nacionalización, lo que busca es la asociación público privada con participación estatal en la extracción y explotación del mineral. Respecto a la extracción de litio ya existentes, no se los toca, así lo afirma en una reciente reunión entre el vicepresidente ejecutivo de la Corfo y el gerente general de SQM el pasado 24 de abril, donde el gerente de CORFO declara que “Para la operación del Salar de Atacama se mantendrá la misma lógica que se ha tenido hasta ahora, es decir, que Corfo seguirá siendo la dueña de las pertenencias mineras y que estas se explotarán a través de uno o más contratos de arrendamiento, como los que existen hoy con SQM y Albemarle.”, Fuente: CORFO y SQM en Chile sostienen reunión para abordar estrategia nacional del litio.

Una crítica de falta de estatismo

Una de las mayores críticas de los sectores de la izquierda reformista es la “falta de Estado” en el anuncio, donde no hay mayor regulación o control estatal en la producción e industrialización. Quienes encabezan esta discusión solicitando mayor protagonismo de CODELCO son figuras del allendismo, como Jorge Arrate (vicepresidente ejecutivo de Codelco en 1971) y Orlando Caputo a través de una declaración conjunta frente al anuncio presidencial. Desde el oficialismo, el Partido Comunista a través del senador Daniel Núñez se ha posicionado a favor de la estrategia nacional del litio con una “crítica” por la positiva : “Si nos ponemos la meta de producir baterías eléctricas o litio con más nivel agregado, vamos a requerir del apoyo de actores privados, pero sobre la base de que el Estado tiene un rol protagónico”.

Por otro lado, hubo un rechazo al anuncio desde la Federación de Trabajadores del Cobre bajo el argumento de que: “el Estado puede y debe hacerse cargo de la explotación y comercialización de este recurso natural estratégico, explotando sus propias pertenencias y los depósitos de este mineral que se encuentran actualmente en propiedad del mismo”.

Sin embargo, lo que no dicen es la falta de protagonismo de la clase obrera y de las comunidades en el control, gestión y planificación del litio. Este aspecto continúa ausente en la discusión de los sectores de la izquierda. Una empresa estatal puede no estar al servicio de las grandes necesidades sociales, ni siquiera tener la más mínima protección con el medio ambiente, incluso funcionar internamente con subcontrato y gerentes con sueldos millonarios, que en nada se diferencian de los gerentes de la gran minería privada, sin ir más lejos es así como funciona hoy Codelco.

Lo único que puede permitir que una empresa estatal tenga un funcionamiento realmente distinto al de las empresas privadas, es que sea controlada por quienes la hacen producir. Es decir las y los trabajadores, y que a su vez esto no sea bajo intereses corporativos o gremiales, si no en relación con las comunidades y para enfrentar las grandes problemáticas sociales y ambientales.

¿Es una estrategia verde para la extracción del litio?

Otro aspecto de esta estrategia es el debate sobre la preocupación ambiental. Los salares son ecosistemas complejos, donde la vida se abre paso en el desierto más árido del mundo, donde el agua es el bien más escaso. Actualmente SQM y Albemarle tienen permisos para extraer 1.700 y 442 litros por segundo de salmuera respectivamente, además de que extraen alrededor de 2.000 litros por segundo de agua fresca, afectando el ecosistema. Esto lo hace la gran minería SQM, Albemarle en el litio, pero también Minera Escondida y Zaldívar, extraen agua dulce y el grave impacto sobre estos ecosistemas únicos, se puede transformar en un daño irreparable a la biodiversidad.

Hay varias zonas que tienen reconocimiento por su importancia ambiental, como la Reserva Nacional Los Flamencos, Sistema Hidrológico de Soncor (sitio Ramsar), Valle de la Luna (santuario de la Naturaleza); y sólo hay un área bajo Protección Oficial perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, que es la Reserva Nacional Los Flamencos. Este sitio posee una superficie de 20.806 hectáreas, equivalentes apenas al 1,3% de la cuenca, hábitat de Parinas (flamencos).

El núcleo del salar es un sitio que es considerado único por su ecología microbiana, que habita la costra salina, en condiciones que son producto de millones de años de evolución, que con el impacto hídrico y la intervención extractivista se dañan de forma irreversible.

En la propuesta del gobierno se habla de una red salares protegidos, con un 30% de protección para el 2030 ¿Es esto compatible con transformar a Chile en el principal productor de litio a nivel mundial? La realidad es que por lo menos es cuestionable, ya que impactar dos tercios de un salar es matar el ecosistema, entonces ahí no hay protección, tampoco se especifica cual es el tipo de protección que se va a generar.

Dentro de esta estrategia se plantea avanzar en la implementación de tecnología como la Extracción Directa de Litio (EDL) y la reinyección de salmueras tratadas industrialmente, que lejos de ser una tecnología limpia “pueden alterar en forma irreversible los balances químicos de los salares y, con ello, todo el equilibrio biológico de los salares y humedales andinos intervenidos por la minería” como declara OPSAL. Este sistema además en ningún caso reemplazará totalmente las enormes piscinas de evaporación de salmuera que se ven desde el espacio donde se está secando el salar de Atacama, y se concentran la salmuera con las sales de litio.

A esto se suma la desconfianza de los sectores del activismo medioambiental quienes denuncian al gobierno por sus reiteradas reuniones con sectores empresariales. El Observatorio Plurinacional de Salares (Opsal) menciona en una de sus declaraciones: “es una estrategia eminentemente empresarial así lo muestran las más de 100 reuniones de lobby que tuvo el Gobierno con representantes de empresas interesadas en la expansión de la minería del litio y del mercado de la electro movilidad, y cuyas ideas pueden verse reflejadas en la propuesta presentada al país”. Con esto, se pone en duda la participación de las comunidades aledañas y la decisión, control de los pueblos originarios en el territorio en contraste con la ilusión de aumentar el valor agregado de la producción a través de la participación de las comunidades.

En resumidas cuentas el objetivo primordial de esta estrategia de transformar a Chile en el principal exportador de litio a nivel mundial será a costa de la degradación de los salares, cuyo valor para la biodiversidad es incalculable.

Una respuesta desde los trabajadores y comunidades ante la encrucijada del litio

¿Es posible una estrategía nacional de litio, que no sea continuar con la destrucción de los salares y al mismo tiempo permita obtener los recursos económicos para satisfacer las necesidades de las y los trabajadores así como de las comunidades y pueblos originarios?

Esto es factible, pero sólo a condición que los recursos naturales dejen de estar en manos de los empresarios y pasen a ser controlados por las y los trabajadores en conjunto con los pueblos originarios y las comunidades.

Un ejemplo para avanzar, es la creación de una empresa de propiedad estatal del litio que sea gestionada por los trabajadores en coordinación con las comunidades, para poner estas millonarias ganancias al servicio de las necesidades sociales. Pero, también para acotar la producción en función de la protección del ecosistema. Solo las ganancias anuales de SQM llegaron a US$3.906,3 millones con esto se podrían resolver problemas de vivienda, salud y educación.

Pero, este plan no puede ser simplemente un problema acotado al litio, ya que la producción de litio aborda la relación con el resto de los recursos naturales que también se encuentran en uso de explotación. El problema del agua está directamente en contradicción con los intereses de los capitalistas, en especial de Estados Unidos y las principales potencias de la Unión Europea y China. Por lo tanto, una política de nacionalización de los principales recursos naturales debe ir de la mano con la lucha contra el sistema capitalista.

Por otro lado, es necesario un proyecto de sociedad que ponga por delante los intereses de los trabajadores y el pueblo; y que permita planificar la producción para resolver las grandes necesidades sociales y ambientales. Es decir, avanzar a una sociedad socialista, terminando así con el negocio de la obsolescencia programada, que genera millones de toneladas de basura electrónica, logrando de esta forma una transición tecnológica que permita una lucha efectiva contra el cambio climático y no basada en el negocio de las tecnologías verdes que terminan en nichos para hacer millonarios a un puñado de grandes empresarios y no para resolver el problema ambiental con el que se venden al mercado.