Junto a la comunidad educativa de los Institutos de Educación Superior movilizada y manifestando en las puertas de la Legislatura de Jujuy, los representantes docentes y estudiantes expusieron y justificaron su rechazo a las políticas educativas del gobierno de Gerardo Morales. Isolda Calsina, su ministra del área, fue la gran ausente a la convocatoria.
Miércoles 11 de septiembre de 2019 11:35
Con marchas en varias localidades de la provincia, volanteadas y distintos tipos de actividades que vienen realizando los estudiantes de los distintos Institutos, se logró concretar la reunión de la Comisión de Educación de la Legislatura para "escuchar" el planteo formal de los distintos rectores y los delegados docentes y estudiantiles. Cabe aclarar que dicha reunión se gestó a instancias de una gran movilización de docentes y estudiantes que la semana pasada llegaron hasta el parlamento provincial, mientras se desarrollaba la Sexta Sesión Ordinaria, a exponer la crítica situación de cierres de carreras -suspensión de inscripción, según el Ministerio-, cierre de comisiones y exigencias irrealizables de confección de nuevos diseños curriculares en tiempos récord. Al pedido realizado el jueves pasado sólo los legisladores del FIT respondieron proponiendo al cuerpo legislativo realizar un cuarto intermedio para atender a la comunidad educativa de los IES; el Bloque oficialista rechazó la moción y continuó la Sesión autorizando que sólo un grupo de integrantes de la Comisión de Educación junto a los diputados que quisieran puedan salir a atenderlos.
El día de ayer, en el marco de la reunión de la Comisión de Educación, de la que participaron estudiantes y docentes, se hicieron presentes la Secretaria de Innovación y Calidad Educativa, Natalia García Goyena, la Secretaria de Gestión Educativa y Silvina Cammuso por parte del Ministerio de Educación. Sorprendió, ante tamaño conflicto, la ausencia de quien tiene en sus manos la cartera educativa, la Ministra Isolda Calsina que a dichos de sus funcionarias tenía otros compromisos asumidos y no podía ser parte de la reunión.
El común denominador, “no nos escuchan…”
Tales fueron las palabras con que describieron los distintos profesores las cuestiones de fondo que provocaron el conflicto y motivaron a la movilización de la comunidad educativa de los distintos profesorados. En sus intervenciones denunciaron el atropello con que se manejaron las funcionarias del área para decidir qué carreras debían continuar y cuales no, o cuantas comisiones debían continuar según la localización y cuantas no. Así también dejaron de manifiesto que fueron notificados con escaso tiempo sobre la urgencia en la confección de los distintos diseños curriculares, con los que se garantizaría la continuidad de algunas carreras; aún así los habían podido terminar pero no fueron tomados en cuenta. En efusivas intervenciones manifestaron la falta de diálogo y atención a sus palabras, más allá del cliché oficial, por parte de todas las autoridades de la cartera educativa ya que arremeten con circulares y notificaciones contrarias a toda razonabilidad.
A su turno, los estudiantes que tomaron la palabra dejaron en claro que ellos no están de acuerdo con la decisión ministerial de cerrar carreras o relocalizarlas ya que no están teniendo en cuenta las aspiraciones personales ni sus inclinaciones y gustos por algunas de ellas. Expresaron que estas formas tienden a la mercantilización de la educación y sujetan la misma a las necesidades de supuestas empresas que se establecerían o algunas que ya están trabajando.
"Estas son decisiones políticas tomadas"
Al momento de tomar la palabra y luego de largos y recursivos desarrollos, las Secretarias del Ministerio dejaron en claro que esta situación responde a un proceso decidido por el gobierno al que representan, y que las decisiones políticas en las que se sostiene ya fueron tomadas en su momento. Así mismo plantearon de manera cuanto menos sorpresiva, que lo que manifestaban los rectores era impreciso y que a lo largo de este tiempo habían sido testigos de que este proceso estaba en marcha; dejaron en claro que poco y nada les interesa escuchar las voces de rechazo de docentes, estudiantes y padres que se manifiestan a lo largo y ancho de la provincia. De igual forma los legisladores oficialistas que estuvieron presentes se expresaron rechazando el pedido de derogación de la Resolución Nº 7239-E/17 propuesto por la bancada de la Izquierda.
Es necesaria la derogación de la Resolución
Así lo dejó de manifiesto el diputado del PTS - Frente de Izquierda, Alejandro Vilca ya que hizo alusión a un proyecto presentado en la Cámara para instar al Ministerio a derogar la Resolución Nº 7239-E/17 y todos sus alcances ya que se estaba planteando un claro ataque a la educación pública y al derecho de los jóvenes a educarse y a elegir qué estudiar. En igual sentido planteó que desde el Bloque del FIT la solidaridad con la lucha que lleva adelante la comunidad educativa de los distintos Institutos es absoluta y van a estar acompañando la misma de manera irrenunciable. Como medida concreta dejamos expresado y se solicitó a los miembros de la Comisión acompañar un proyecto urgente que inste al ejecutivo a derogar dicha Resolución tomando el reclamo y el malestar que se vienen expresando a lo largo de las distintas jornadas por parte de docentes y estudiantes.
La derogación es necesaria, pero además se deben tomar medidas urgentes frente al ataque a la educación, por esto también, desde las bancas del PTS-Frente de Izquierda se propuso convocar a un Congreso Educativo Provincial conformado por docentes de todos los niveles, padres, madres, estudiantes y especialistas en educación de todo el país, con el objetivo de discutir democráticamente qué cambios deben realizarse en el sistema educativo provincial, acordes a las verdaderas necesidades de las y los jóvenes, garantizando una educación científica, laica y de calidad.
Además es necesario cambiar las prioridades y establecer el no pago de la deuda pública y el abandono del acuerdo con el FMI (que exige un ajuste sistemático del presupuesto público en materia social y educativa), para que esos fondos se destinen a financiar la educación pública.
