El ex Comandante en Jefe del Ejército Ricardo Martinez, quién renunciara a comienzos de marzo, quedó preso luego de ser interrogado en el marco del caso de “Pasajes y fletes”, causa vinculada al denominado Milicogate que tiene procesados a los 3 últimos Comandantes en Jefe del Ejército por distintos casos de fraude y robo, entre otros altos funcionarios de la institución. Martínez quedará detenido en el Batallón Militar de Peñalolén, al menos por cinco días.
Viernes 1ro de abril de 2022
El ex Comandante en Jefe del Ejército Ricardo Martínez quedó preso, al menos por cinco días, luego de declarar en el caso de fraude por pasajes y viajes en la institución. Eso si, Martínez cumplirá los días de prisión en un recinto militar y no en una cárcel común. Esta mañana había declarado ante la jueza Romy Rutherford que lidera la investigación de fraudes en el Ejército por las cuales ha procesado a los últimos tres Comandantes en Jefe de la institución.
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Martínez había renunciado a comienzos de marzo pocos días del término de su mandato luego de que fuera citado a declarar por la arista de pasajes por parte de Rutherford. La citación no se había concretado hasta esta mañana debido a los diversos recursos judiciales que había presentado la defensa del militar para evitar declarar. Primero intentó declarar junto a su abogado y luego en el recinto militar de Lo Curro en Vitacura. Ambas posibilidades fueron desestimadas por la Corte Suprema y finalmente hoy se presentó ante Rutherford, sin embargo utilizó el derecho a guardar silencio.
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Justicia Militar: Garantía de Impunidad
El general Martínez se encuentra procesado bajo el marco de la Justicia Militar, un sistema judicial diferenciado de los procesos civiles y que se estructura en función de que militares sean juzgados por sus pares. Este sistema que ha garantizado impunidad en casos emblemáticos de violencia estatal tanto de Carabineros como militares, también ha servido para bajar penas entre otros beneficios para amparar este tipo de actuaciones de los militares. Hay que recordar que los militares tienen "gastos reservados" que utilizan a discreción y que han sido fuente de fraudes y negociados en la industria armamentística.
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