Comenzó durante la mañana de ayer el juicio contra los generales de Carabineros como responsables institucionales de las violaciones a los derechos humanos durante el 2019. La formalización se espera que dure varios días debido a que la fiscalía pretende leer más de 200 casos acreditados de violaciones a los derechos humanos y apremios ilegítimos contra quienes se manifestaron en las calles contra el chile de los 30 años
Miércoles 2 de octubre
En un hecho histórico, tres generales de Carabineros fueron formalizados por su responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019. Las acusaciones apuntan su responsabilidad de mando en el actuar de la agentes de fuerzas especiales en el marco de las protestas, lo que dejó miles de personas heridas y otras tantas con secuelas permanentes.
El proceso judicial, que se viene preparando desde hace bastante tiempo y fue permanentemente boicoteado por la defensa de los acusados, intentando dilatarlo lo más posible durante casi un año y medio. Ahora que comienzan las audiencias, las imputaciones por parte de la fiscalía buscan esclarecer el grado de responsabilidad de estos altos mandos en la brutal represión que se desató en las calles de todo el país a partir de octubre de 2019. Las protestas, que comenzaron con demandas sociales por el alza del pasaje en la región metropolitana, rápidamente avanzaron sobre problemas estructurales como el fin a las AFP y la mejora de las pensiones o la necesidad de mas financiamiento y fortalecimiento de la salud pública, las que fueron reprimidas de manera violenta, lo que provocó una crisis de derechos humanos sin precedentes desde el retorno a la democracia.
Entre los formalizados se encuentran los exgenerales Ricardo Yañez, Mario Rozas y Diego Olate. Bajo la dirección de estos tres, Carabineros fue acusado de implementar tácticas que iban en contra de los estándares internacionales de derechos humanos, lo que se tradujo en más de 400 personas con lesiones oculares, miles de heridos por balines y gas lacrimógeno, y denuncias de tortura y abuso sexual.
Un largo camino hacia la justicia
Las víctimas y sus familiares han esperado este momento con ansias, de hecho un grupo se congresó a las afueras del centro de justicia para manifestar su indignación con lo lento que ha sido todo este proceso, ya que durante años sintieron que el poder judicial avanzaba a un ritmo extremadamente lento, mientras la impunidad parecía reinar. Organizaciones de derechos humanos y personalidades como Campillay y Gatica además de espacios de coordinación de afectados por la represión durante el estallido, han sido clave en mantener la presión sobre esta causa.
Desde que asumió el gobierno de Boric, este se ha dedicado a blindar a Carabineros con todas sus fuerzas. La operación mediática del gobierno y sectores del oficialismo fue notorio y reconocido por el mismo Yañez que hace unos días había reconocido que este gobierno había apoyado incondicionalmente a la institución. Por lo mismo es que esperaron hasta el último momento para tramitar la renuncia de Yañez. Desde la derecha, y como es su tradición, han hecho todo lo posible por encubrir a las policías, argumentando falacias como que pedir justicia es fortalecer al crimen organizado porque debilita a la policía.
Un juicio de largo aliento y la falta de la imputación a las responsabilidades políticas de la represión
El proceso de formalización recién comienza, y se espera que sea largo y complejo. La fiscalía comenzó su alegato leyendo más de 200 causas de violaciones a los protocolos, casos de víctimas que perdieron sus ojos o sufrieron otro tipo de afectaciones por parte de las policías.
Pero aun así la fiscalía solo se ha dedicado a identificar las responsabilidades dentro de la institución policial y no ha apuntado sus dardos a las responsabilidades políticas. Como decía el referente de izquierda Dauno Totoro: “Aqui los responsables no son solo quienes apretaron el gatillo, hay responsabilidades de mando como en el caso de Ricardo Yañez y también responsabilidades políticas como los exMinistros del Interior del Gobierno de Sebastian Piñera”. Cabe recordar que el ministro del interior durante octubre del 2019 fue Andrés Chadwick, quien actualmente está siendo investigado en el marco del caso hermosilla y su relación con factop.
