Las disputas por territorio entre cárteles se suman a las violencias previas. Detrás está el avance de megaproyectos.
Viernes 22 de septiembre de 2023
Desde hace meses, las acciones y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada han generado un clima de temor, zozobra y descontento entre la población indígena de diversos municipios de Chiapas, particularmente en las regiones de la Sierra Madre y la frontera con Guatemala, debido al incremento de la violencia.
La situación más crítica se concentra en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Siltepec, Chicomuselo, Motozintla, El Porvenir, Bella Vista, La Grandeza y Honduras de la Sierra.
Como consecuencia de la disputa por el territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, los pobladores vienen denunciando extorsiones, amenazas, secuestros, desapariciones, asesinatos y cooptación forzada, así como el cierre intermitente de escuelas, comercios, servicios de salud y la interrupción del transporte.
Actualmente se mantienen narcobloqueos en localidades como Motozintla, Chamic y Trinitaria, lo que está generando desabastecimiento de alimentos en varias comunidades.
También en la frontera, las amenazas del Cártel de Sinaloa obligaron recientemente a sacar en helicóptero a cuatro líderes indígenas y sus familias en la zona Lacandona, aunque las autoridades tardaron seis días en efectuar el rescate. Miles de hombres y mujeres se movilizaron en las comunidades de Nueva Palestina y Frontera Corozal para protestar contra la presencia del crimen organizado y su creciente control de la selva.
Citando fuentes policiales, La Jornada da cuenta de 24 ejecuciones en la frontera en los últimos cinco meses, debido a extorsiones, disputa por tráfico de migrantes, venta de drogas al menudeo y rivalidad entre pandillas como la Mara Salvatrucha. La mayoría de estos asesinatos se concentra en el municipio de Suchiate.
Por otra parte, el 12 de septiembre fue hallada sin vida la maestra Berni Flor Mejía Velázquez, quien había sido sacada a la fuerza por hombres armados del Colegio de Bachilleres de Chiapas-Educación Media Superior a Distancia, en la comunidad Río Guerrero de Amatenango de la Frontera. La maestra había sido levantada para presionar a su esposo, quien se había negado a participar en narcobloqueos y a pagar derecho de piso. Estos hechos suscitaron la manifestación de pobladores en Siltepec, denunciando la corrupción de los militares y la Guardia Nacional.
En este escenario de violencia, el supervisor de la zona escolar 025, en la región de Sierra Madre, llamó a suspender clases a partir del 18 de septiembre, denunciando negligencia y ausentismo de las autoridades.
Los maestros de la zona escolar 132, en el municipio de Honduras de la Sierra, (región Sierra Madre), también tomaron la decisión de suspender clases.
Ante las denuncias de los pobladores, tanto el gobierno federal como el estatal del morenista Rutilio Escandón han optado por minimizar e ignorar el problema, mientras que la presencia del Ejército y la Guardia Nacional no ha ayudado en nada.
La creciente violencia en Chiapas vinculada con los cárteles se suma a la que ya se producía en el estado producto de las políticas de despojo operadas por caciques, así como a los ataques paramilitares en contra de las comunidades zapatistas.
En este marco, las y los migrantes de diversas nacionalidades que llegan a Chiapas son perseguidos y reprimidos por las autoridades migratorias y la Guardia Nacional, o se convierten en víctimas del crimen organizado.
Como se ha visto en otras partes del país, toda esta violencia y los despojos y desplazamientos forzados que provoca termina siendo funcional a la liberación de espacios para las inversiones al servicio del capital.
Para 2021, el profesor-investigador León Enrique Ávila Romero, de la Universidad Intercultural de Chiapas, denunciaba que en el estado se estaban realizando alrededor de cuarenta megaproyectos, la mayoría mineros, hidroeléctricos, de turismo y de reconversión de plantaciones, esto último vinculado a la introducción de la palma aceitera.
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Además, actualmente se están llevando a cabo las obras del Tren Interoceánico, que en su paso por el estado del sureste se interconectará con el Tren Maya.
Así que no es casual la actitud de los gobiernos federal y estatal y de las fuerzas armadas, que miran para otro lado mientras dejan correr los hechos de violencia sin importar las crecientes violaciones a los derechos humanos.
Esto muestra que, ante la exacerbación de la violencia en la entidad, los pueblos originarios y en general el pueblo trabajador no pueden depositar ninguna confianza en los gobiernos, el Ejército o la Guardia Nacional, planteándose la necesidad de la organización independiente y la lucha unitaria de los de abajo, incluyendo la organización de la autodefensa, considerando la presencia de sectores como los pueblos indígenas que luchan contra la violencia y los megaproyectos, las comunidades zapatistas, el normalismo, el magisterio combativo de las secciones 7 y 40 del SNTE y otros trabajadores que se han manifestado recientemente, como los del sector salud.
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Como parte de ello, es muy importante abrir la discusión sobre la necesidad de levantar demandas como la legalización de las drogas para acabar con el poder económico de los cárteles, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, contra los megaproyectos y por libre tránsito y plenos derechos para las y los migrantes, entre otras, llamando a poner en pie un gran movimiento nacional contra la militarización, la violencia y la represión, pues Chiapas no es un caso aislado.
