En la tarde del día de hoy se extraditó desde Uruguay al militante de izquierda. El operativo para su traslado, completamente exagerado. Pretende amedrentar a los luchadores populares
Jueves 25 de junio de 2020 21:33
Se encontraba en el vecino país desde hace dos años, cuando fue imputado por haber participado de la movilización contra la reforma jubilatoria, tratada en el Congreso durante el gobierno de Macri en diciembre del 2017.
En un megaoperativo de la división de Interpol de la Policia Federal, Sebastián fue trasladado en un vuelo privado hasta el aeropuerto de Ezeiza. Debido a la pandemia del coronavirus (ya que el sistema penitenciario no acepta nuevos presos), van a mantenerlo en la superintendencia de la policía federal, en la ciudad de Buenos Aires. El lunes, será citado a los tribunales para declarar en la causa que lleva el juez Canicoba Corral.
Como detalló la periodista Adriana Meyer, fue identificado por la mayoría de los medios como "Gordo Mortero", porque en la foto que se difundió tras aquella intensa jornada de protesta y represión tenía pirotecnia atada a una rama, el delegado de General Motors y militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) fue detenido el sábado 30 de mayo pasado en Uruguay. Era buscado por la policía desde el 18 de diciembre de 2017 en la causa por intimidación pública iniciada por la ex ministra Patricia Bullrich contra una decena de manifestantes, luego de la masiva protesta por los recortes jubilatorios.
En la causa por la represión de la movilización contra los sueldos de los jubilados, no hay un solo detenido policial por su actuación, pese a los numerosos casos de manifestantes que perdieron la visión de alguno de sus ojos por los disparos de las fuerzas y cuantiosos videos que dan cuenta de la brutalidad institucional. Sin embargo, varios de los militantes sociales que participaron de la acción, fueron detenidos y muchos están judicializados.
A su vez, Daniel Ruiz, compañero de militancia de Romero, fue privado de su libertad, por más de un año en la cárcel de Marcos Paz.
La reforma jubilatoria finalmente se aprobó con el acuerdo de los legisladores del gobierno de Macri, junto a los entonces “opositores”, muchos de los cuales hoy son funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.
Desde el Frente de Izquierda y numerosas organizaciones sociales reclaman por su libertad inmediata.
