A un año del gobierno de Javier Milei, los jubilados se han vuelto una de los principales sectores ajustados, soportando recortes históricos en medicamentos y derechos previsionales. Mientras tanto, se favorece a los sectores más ricos, perpetuando una política que trasciende gobiernos y degrada las condiciones de vida de los más vulnerables.

En diciembre se cumplió un año del gobierno de Javier Milei, donde festejó la motosierra y se jactó de haber realizado el “mayor ajuste de la historia”. Pero en ese festejo, se cuidó de blanquear que son los jubilados los principales ajustados, incluso realizando una quita criminal de medicamentos como nunca antes. El plan de Milei no hace otra cosa que degradar aún más sus condiciones de vida. Además, se anunció una nueva reforma previsional con eje en el aumento de la edad jubilatoria.

Este sector sufrió un ataque histórico, conformando una de las principales variables de ajuste para sostener el “déficit cero”: más del 19% del ajuste fiscal recae en ellos. Mientras, a los más ricos del país se les bajó el impuesto a los bienes personales y otros grandes beneficios a la casta empresarial. Tanto el gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernandez realizaron fuertes ajustes contra los jubilados. El gobierno de Javier Milei continúa y profundiza un ajuste criminal nunca antes visto. ¿Por qué son la variable de ajuste común a todos los gobiernos?

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Movilidad Jubilatoria y jubilaciones de miseria

La receta se repite: ajustan a este sector para aumentar la caja del Estado y destinar los recursos a financiar sus propias prioridades, como el pago de la deuda externa. Bajo el gobierno de Mauricio Macri se consolidó una pérdidade 20 puntos porcentuales de ingreso real frente a la inflación. Durante el gobierno de Alberto Fernandez, con Sergio Massa como Ministro de Economía, la jubilación mínima a diciembre de 2023 cayó 40 puntos de poder adquisitivo frente a noviembre de 2015. Un ajuste brutal y silencioso de la mano de la inflación y del robo que hicieron, a su turno Macri y luego el Frente de Todos, modificando la fórmula de actualización de las jubilaciones.

Ya vimos que tanto el peronismo como el macrismo aplican las exigencias dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Y en este nuevo escenario, Milei es un fiel soldado. El Fondo, como planteó en 2023, exige dos cosas: reducir la cantidad de jubilados, es decir, que se jubilen menos personas y sigan trabajando y que los actualescobren menos.

El presidente Javier Milei salió a decir públicamente que las jubilaciones se habían recuperado 5 puntos desde noviembre de 2023. Sin embargo, la evolución real nos indica que los haberes enfrentaron un ajuste brutal el año pasado, y no se estima que haya ningún tipo de recuperación para este año. Nos encontramos frente a una nueva declaración econochanta, como le gusta decir al presidente, quien afirma a su vez que las jubilaciones medidas en paralelo con el dólar, tuvieron un crecimiento enorme. Estos datos los utiliza para legitimar el veto firmado contra los aumentos previsionales, y justificar el incuestionable déficit cero que tanto pregona.

Si bien es cierto que la movilidad se ha mantenido por encima de la inflación desde diciembre de 2023, esto no implica una mejora sustancial, ya que el poder de compra, comparado con ese mismo año, muestra una caída real interanual del 29,2%. En el caso de los haberes mínimos, incluso considerando el bono, la pérdida alcanza un 18,5%.

Por otra parte, si se mide el haber jubilatorio en dólares utilizando la cotización oficial del Banco Central -que es la referencia teórica que debería emplear el presidente—, se observa una pérdida del 10% entre noviembre y agosto de 2024. Sin embargo, cabe aclarar que este tipo de cambio está sostenido artificialmente mediante mecanismos de contención, lo que genera una apreciación nominal sin reflejar la realidad económica de los jubilados. Aunque contablemente podría parecer que la jubilación en dólares ha mejorado, lo cierto es que los jubilados apenas perciben un tercio de lo que necesitan para cubrir sus gastos mensuales y están lejos de acceder a la compra de dólares. En cualquier caso, la discusión no debería centrarse en si se usa la cotización oficial o el dólar bolsa, sino en que el poder de compra no ha mejorado y cualquier aumento aparente en dólares es, en esencia, un artificio contable.

En medio de todo este debate de números, el presidente busca que se pierda el eje de lo importante: el robo histórico que están sufriendo jubiladas y jubilados, que están cada vez más lejos de cobrar lo que se necesita para vivir, teniendo una jubilación mínima de $329.598 (con bono incluido). Esto equivale a un tercio de la canasta básica. Un ataque que se va profundizando mes a mes.

A principios de mandato, Milei y Caputo festejaron el superávit fiscal de enero, donde las jubilaciones aportaron un recorte de $890.000 millones. De cada $100 de superávit primario conseguido ese mes, $44,5 lo aportaron los jubilados. En los primeros cuatro meses del gobierno de Milei, licuaron terriblemente el poder de compra de este sector, manteniendo congelados los bonos, dando una pérdida de más de un 25% del haber real. [1]

No satisfecho con eso, el gobierno preparó un nuevo golpe, estableciendo una nueva movilidad previsional que busca mantener los niveles del haber por el piso. En adelante, la nueva fórmula de movilidad previsional busca “atar” los haberes a la inflación, por lo cual no hay forma de que exista una recuperación real significativa. Incluso aún si la inflación baja, los haberes se mantendrán en niveles de miseria.

Las jubilaciones sin bono, dentro del trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantuvieron 4% por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono se ubicaron 13,1% por debajo. Con este esquema, las jubilaciones no pueden aspirar a mejorar su situación actual, ya que se estancan en cuanto a poder adquisitivo.

El gobierno también intentó eliminar la moratoria previsional en la Ley Bases, sin embargo se pudo frenar gracias a la movilización en las calles. En marzo de 2025 vencería el plazo de la moratoria de la Ley 27.705, que permitió jubilarse al 85% de las personas que se presentaron en 2023.

La moratoria previsional permite acceder a una jubilación a trabajadores y trabajadoras que no alcanzan a reunir los 30 años de aporte. Muchos de ellos porque trabajaron en negro y las patronales no hicieron los aportes que les corresponde a los trabajadores. Su eliminación perjudica además a las mujeres, ya que representan el 75% de quienes acceden a ella, según un estudio del Centro de Economía Política Argentina. La eliminación de la moratoria implica que 9 de cada 10 mujeres pasen a la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) que rige desde los 65 años (implicando un aumento de la edad jubilatoria), no se acumula con la pensión y es un 20% menos que la jubilación mínima. Es un doble ataque, ya que la mayor parte de las mujeres se jubilan de esta forma porque son las que más acceden a trabajos no registrados y se encargan de las tareas en el hogar o de cuidado, que bajo este sistema no son consideradas trabajo, y por tanto no reciben una remuneración, cuando representan un pilar fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo. Las mujeres que no cuentan con aporte no lo hacen por elección propia, sino por un sistema capitalista patriarcal que no reconoce ese trabajo no remunerado.

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Un ajuste criminal indirecto

A principios de diciembre se realizó un recorte brutal contra los jubilados, restringiendo la cantidad de afiliados que acceden a cinco medicamentos por mes. Son millones de jubilados los que van a dejar de percibir medicamentos, no sólo por el límite de ingresos y las restricciones sino por las difíciles gestiones para empadronarse para recibirlo. A partir de ahora los jubilados que requieran la cobertura del 100% de sus medicamentos deberán gestionar un subsidio social. Entre los requerimientos, se le exige al beneficiario que no perciba más de $390.000 al mes, no esté afiliado a una prepaga y no tenga un auto de menos de 10 años. Recordemos que esta cifra tan baja no llega a la mitad de la canasta de la tercera edad, que en octubre de 2024 se ubicaba en $912.584. En caso de que el afiliado conviva con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), este ingreso no debe superar los tres haberes mínimos (es decir apenas el equivalente a la canasta básica de un jubilado para no ser pobre). Es una medida completamente criminal, y que desespera a millones. Semanas atrás, salió a la luz el testimonio de un jubilado que intentó prenderse fuego en una sede de PAMI en Córdoba, una medida completamente desesperada, provocada por el brutal ataque que vienen sufriendo.

Esta medida es otro capítulo más de un proceso de recortes y ajustes de los medicamentos en favor de los laboratorios y las prepagas que se viene ejecutando a lo largo del año. El 22 de agosto, bajo la Resolución 2431/24, con la firma del Director Esteban Leguizamon fue publicada, en el boletín oficial de PAMI, la norma que modifica los criterios de accesibilidad a la medicación cubierta al 100%. Dentro de la disposición original, impuesta por el gobierno de Macri en 2017, se establecían los "parámetros” para acceder a los medicamentos al 100% de cobertura por razones sociales, resolución que permaneció vigente incluso durante la gestión de Luana Volnovich durante el gobierno de Alberto Fernández.

Con la nueva normativa se incorpora la descabellada idea de "no ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena" para acceder a la medicación (como si esta si fuera la situación de la mayoría de los jubilados) y modifica el porcentaje del gasto que debe justificar. Pero lo más absurdo es que una persona puede recibir medicamentos, en tanto el dinero que gasta en esos medicamentos es al menos el 15% de lo que percibe. De este modo se genera una diferenciación criminal entre jubilados que cobran migajas, en donde percibir algunos cientos de pesos más o menos determina si estás dentro o fuera de la cobertura total. O dicho de otro modo, una mera estadística burocrática determina el derecho a vivir de millones de jubilados, ocultando las necesidades reales detrás de cada historia.

Por otra parte, desde el mes de junio se eliminó la cobertura de 44 medicamentos que se entregaban a pacientes oncológicos, como la morfina, la metadona y el tramadol. Estos remedios se indican puntualmente para los dolores crónicos de alta intensidad, que no se pueden calmar con analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno. A esto se le agregan medicamentos que dejan de tener descuentos, como los medicamentos gástricos, porque habilitan su venta libre, en favor de las grandes farmacéuticas que vienen ganando millones.

En los últimos dos meses del 2023 la inflación escaló a un 41,6% y los precios de venta al público de los medicamentos más consumidos por las personas mayores ascendieron en promedio un 78%. Es decir, los medicamentos superaron ampliamente el incremento general de los precios ya iniciado en el gobierno de Javier Milei: sólo en el último mes del año 2023 los más consumidos por las personas mayores aumentaron en promedio un 40,9%.

Dentro del aumento de 1,7% en septiembre que sufrió la canasta de medicamentos más consumidos por este sector, se destaca la suba del 3,9% en promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron. Por encima del promedio encontramos subas mensuales de 4,2%.

Si analizamos los aumentos de octubre de 2023 a octubre de 2024 de los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente, estos alcanzaron en promedio una inflación acumulada del 206,7%, superando ampliamente a la inflación de ese período: 195%, según un estudio del centro CEPA. Entre ellos, medicamentos de primera necesidad para gran parte de la población, especialmente para las personas mayores.

Asimismo, muy por encima del 209,1% de inflación interanual a octubre de 2024, el promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual del 259%.

Ajuste en el Presupuesto 2025

En este contexto, las jubilaciones constituyeron uno de los principales factores de ajuste en el gasto público: 19,2% del recorte total realizado por el gobierno nacional.

CEPA, en base a oficina Nacional de presupuesto e INDEC

Según el proyecto de Presupuesto 2025, las partidas destinadas a jubilaciones y pensiones experimentarán una reducción en términos reales. Se prevé una caída del 8,7% respecto a 2023 y una disminución del 1% en comparación con 2024. Para que el presupuesto en prestaciones previsionales tenga el mismo poder de compra que en 2023 debería ser de $42,3 billones y es de solo $38,6 billones. Es decir, $3,7 billones de pesos menos. Este recorte representa casi un tercio de lo que se va a destinar a intereses de deuda a privados y organismos internacionales en 2025.

El proyecto de ley del Presupuesto incluye, en su artículo 69, una ratificación del DNU 274/2024 en el que Milei estableció la fórmula de movilidad por IPC. La importancia de dejar consagrada la movilidad por Ley (y no por Decreto) se vincula con los juicios que puede afrontar el Estado. Esto implica dejar congeladas las jubilaciones en el piso histórico en el que hoy se encuentran, sin prácticamente posibilidades de mejorar en términos reales porque quedan atadas a la inflación.

De ratificarse esta fórmula, que contiene actualización sólo por IPC, los haberes dibujarán una línea horizontal similar a la que se observa en la década del ‘90: sin perder, pero sin ganar poder adquisitivo, luego de ubicarse muchos meses más abajo.

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¿No hay plata?

La Argentina de Milei es la del hambre de los jubilados y jubiladas, a quienes sacrifica en nombre de un superávit fiscal trucho, que perpetúa el saqueo del capital financiero sobre nuestro país, en un cuadro recesivo, de despidos y destrucción de los ingresos.

El anuncio del veto presidencial al aumento miserable que promovió el Congreso con la movilidad jubilatoria, en nombre de que llevaría a “la ruina del país”, es la confesión de que toda su política económica se sostiene con la destrucción de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Las mayores restricciones al acceso a los medicamentos directamente expresan que están jugando con la salud y la vida de millones de adultos mayores.

El proyecto del gran capital que expresa Milei es en definitiva el de minimizar lo más posible lo que el trabajador percibe cuando se logra jubilar y convertir todo rincón en una fuente de negocios. Es por ello que queremos advertir que este ajuste además de ser para pagar la deuda, se inscribe en una perspectiva de subir la edad jubilatoria y volver al sistema de capitalización con fondos de pensión privados, a la par que mantiene jubilaciones de indigencia. Y mientras dice que no hay plata, observamos un preocupante desfinanciamiento a la seguridad social: incentivando el trabajo informal, la precarización, la estafa del monotributo, y la falta de fiscalización. También los permanentes mecanismos para rebajar contribuciones patronales con la excusa falsa de generar empleo.

La lucha de los jubilados es una causa de todos

Aunque el debate sobre las jubilaciones se reavivó con el gobierno de Milei, es un problema que viene atravesando a los distintos gobiernos capitalistas a nivel internacional. Como decía Myriam Bregman en el debate que se dio en el Congreso Nacional en febrero de 2023 cuando se aprobó la fórmula de ajuste del gobierno de Alberto Fernández: "Hay una ofensiva mundial de muchos gobiernos, como estamos viendo en Francia de los organismos financieros internacionales porque que las personas vivan más se ha convertido en un problema para el capitalismo. Los avances tecnológicos y el impacto que eso tiene sobre la productividad del trabajo hacen que se pueda vivir más y mejor, pero a un sistema que está organizado en función de las ganancias capitalistas, eso lo ve como un problema".

Desde el PTS, y las bancas del Frente de Izquierda hemos presentado proyectos para que ninguna jubilada ni jubilado perciba menos que el equivalente a la Canasta de los Jubilados y otorgar el 82 % móvil del mejor salario en actividad. También luchamos por una canasta de medicamentos que podría financiarse con grandes impuestos a las farmacéuticas. Desde ya, esta pelea tiene que ir unida a la lucha por trabajo genuino, ya que la informalidad destruye cada vez más las posibilidades de jubilarse.

Si se restituyen las contribuciones patronales al 33% vigente antes de la reforma menemista impulsada por Domingo Cavallo, si se eliminan todo tipo de exención a las contribuciones patronales, si se terminan con todo el resto de beneficios y rebajas impositivas al gran capital y se deja de pagar la pagar la fraudulenta deuda a los especuladores financieros, la plata está.

Finalmente, el desconocimiento soberano de la deuda externa es una medida urgente para reorganizar la economía en función de las necesidades de las grandes mayorías. La experiencia histórica demuestra que los acuerdos con el FMI constituyen gran parte del problema económico. La deuda externa es un mecanismo de subordinación imperialista que condiciona la soberanía económica y política del país. El fondo pondrá sobre la mesa nuevas demandas, que lejos de resolver los problemas estructurales, profundizan aún más el ajuste sobre las mayorías trabajadoras, encareciendo el costo de vida y perpetuando la precariedad.

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El ataque a los jubilados pone en evidencia la necesidad de unificar a los distintos sectores. Su lucha atraviesa a nuestros abuelos o padres en edad jubilatoria hasta a los jóvenes precarizados que no podrán tener una jubilación digna. Es fundamental pelear por recuperar el poder adquisitivo, frenar el ataque a las conquistas obtenidas y terminar con el pago de la deuda al FMI que trae como consecuencia miseria a la gran mayoría del país. Es necesario luchar por poner fin a la precarización que sufre nuestra juventud, en perspectiva de un futuro mejor. La valentía de los jubilados nos tiene que servir de inspiración para avanzar en conquistas para los trabajadores y jubilados de hoy, y los jubilados del futuro.