Movimiento Obrero. Falsos autónomos, condiciones laborales del siglo XIX

El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos pretende negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Mientras, la burocracia sindical sigue debilitando y neutralizando las luchas obreras. ¿Qué podemos hacer para luchar contra esta amenaza real a nuestros derechos laborales más elementales y que nos pueden llevar a lo más profundo del siglo XIX?

Los denominados “falsos autónomos” son trabajadores en fraude de ley que, aunque desarrollan una actividad plenamente laboral, y por lo tanto sometidos a disciplina jerárquica y funcional de la empresa que los contrata, sin embargo, carecen de contrato laboral. Esto ocurre porque al empresario capitalista le resulta mucho más rentable realizar este tipo de contrato mercantil, frente a un contrato laboral, aunque suponga reducir a los trabajadores a un régimen de semiesclavitud. Y para los trabajadores resulta un “trágala” que no les queda otro remedio que aceptar, en muchos casos. Porque a estos trabajadores no se les aplica ningún derecho laboral, ni los más elementales (jornadas de trabajo preestablecidas, salarios según convenio, seguridad social pagada por el empresario, indemnizaciones por despido, vacaciones pagadas, etc.).

Esta modalidad contractual, aplicada a los trabajadores de una manera cada vez más extensiva, hasta hace muy poco tiempo se consideraba absolutamente ilegal en cualquier tribunal laboral en el Estado español.

Sentencias contradictorias

Ahora, sin embargo, estos trabajadores, se encuentran en un limbo legal dado que los tribunales españoles han venido emitiendo sentencias contradictorias.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por ejemplo, el pasado 23 de enero publicó una sentencia en la que ha reconocido la relación laboral, como defendían los trabajadores, que mantenían más de 500 repartidores con la empresa Deliveroo, tras más de dos años desde la denuncia de esta situación. Entre ellos había trabajadores que habían sufrido accidentes laborales, mientras ejercían sus funciones, sin que hayan tenido ningún reconocimiento legal y económico de esa situación por parte de la empresa.

Para Deliveroo nunca fueron empleados, solo autónomos. Por lo que se quedaron sin seguro por la enfermedad o el accidente sufrido y, además, sin trabajo porque fueron despedidos. Y a pesar de haber ganado la sentencia judicial, siguen a día de hoy sin cobrar ni un solo euro de lo que les corresponde, dado que la empresa no ha ejecutado la sentencia, que ha recurrido al Tribunal Supremo. Tampoco se pueden beneficiar de ningún derecho como parados, porque no tienen reconocida todavía esa situación. Se encuentran en un limbo absoluto sin ningún derecho.

Esto demuestra que la acción judicial es insuficiente y nunca puede resolver plenamente la consecución real de los derechos laborales, que deben imponerse a través de la lucha de los trabajadores. Pero para esto hace falta sindicatos y direcciones sindicales combativas. Algo a lo que tenemos que hacer frente impulsando las asambleas democráticas de trabajadores, la autoorganización e independencia de los trabajadores al margen de las burocracias sindicales y la lucha por un sindicalismo realmente combativo y alternativo.

Pero este caso no es único, ya que existen multitud de denuncias de este tipo en la mayoría de las empresas denominadas tecnológicas, y en algunos otros sectores más tradicionales. Y existen también otras sentencias que se han pronunciado en sentido contrario, como en Madrid, por ejemplo, la sentencia emitida por el Juzgado número 17 el día 11 de enero de 2019, que declaró que un trabajador de GLOVO no era trabajador laboral y si un auténtico profesional independiente. También, por cierto, con un accidente laboral de por medio y además fue despedido.

La situación estaría afectando como mínimo, según datos del año pasado, a unos 8.000 falsos autónomos que están inscritos como empleados que deberían ser contratados por cuenta ajena y no como autónomos.

El poderoso Lobby de la Empresas Tecnológicas

Lo cierto es que el cambio sufrido en la orientación de los tribunales, durante el último período, es consecuencia de la implantación y desarrollo de la denominada economía digitalizada y la presión ejercida por las grandes empresas multinacionales tecnológicas, que han ido imponiendo sus criterios de superexplotación laboral. Consguiendo así una legislación laboral cada vez más desregularizada y menos protectora.

Todo ello, se ha construido, además, sobre la base de una enorme desregulación general impuesta por el triunfo de la economía neoliberal y el retroceso de los derechos laborales que se inició en la década de los 90, gracias a los Gobiernos neoliberales del PSOE de Felipe González, y posteriormente los del PP de Aznar. Y que son consecuencia, también entre otras cosas, de la actitud cómplice de las burocracias sindicales de CCOO y UGT en el Estado español que han desviado y debilitado la lucha de clases con su permanente afán de pactar cualquier acuerdo, a costa de perjudicar enormemente los derechos de los trabajadores. Culminando con la aceptación legal de las ETTs, o los contratos a la carta. Y, por último, tras la crisis de 2008 y las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, aceptando pasivamente los despidos estando de baja justificada por enfermedad, los descuelgues de convenio o las devaluaciones salariales sufridas en plena crisis por los trabajadores.

Porque, aunque las cúpulas burocratizadas de CCOO y UGT se hayan rasgado las vestiduras, de manera absolutamente cínica, respecto a los despidos por enfermedad laboral, lo cierto es que esto se encontraba ya en el primer Estatuto de los Trabajadores que ellos firmaron y que luego, es cierto, fue empeorado. Apenas dos huelgas generales bastante exitosas, para luego desinflar todo el movimiento generado y no volver a plantear ninguna acción más. Y posteriormente, con el Gobierno de Sánchez en funciones y el de coalición ahora, aceptar de facto la no derogación en ningún término de la reforma laboral de Zapatero y la derogación a lo sumo muy parcial de la de Rajoy. Lo que demuestra su complicidad con todas estas medidas que están retrotrayendo los derechos laborales de los trabajadores a prácticamente el siglo XIX.

Nuevo Estatuto de los Trabajadores

La nueva ministra de trabajo del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, Yolanda Díaz (IU), ha señalado en el Congreso de los diputados que se va emprender la clarificación de las fronteras legales entre los trabajadores y los autónomos. Pero no lo realizará rápidamente, vía decreto, si no por la vía lenta de la negociación con patronal y sindicatos y mediante el desarrollo de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Para terminar así, según señaló, con el fraude de los “falsos autónomos”.

Fue en un acto en el que delimitó, además, lo que van a ser las grandes líneas políticas de actuación en su ministerio. Líneas de acción suaves y más bien inútiles en la defensa y recuperación de los derechos de los trabajadores. Esto se ha expresado, —más allá del autobombo y la manipulación descarada—, con la afirmación de que el Gobierno ha impedido legalmente el despido de cualquier trabajador de baja por enfermedad, algo falso dado que el despido para esos trabajadores sigue siendo posible, solo improcedente. Lo que implica un pequeño coste superior al empresario respecto a lo que era antes, pero poco, dado también la rebaja en las indemnizaciones por despido que sufrimos consecuencia de las reformas laborales vigentes de Zapatero y Rajoy.

La cuestión de los “falsos autónomos” resulta importante para el nuevo Gobierno, ya que solo en la etapa de la anterior ministra del PSOE, Magdalena Valerio, se detectaron 30.000 autónomos en fraude de ley con las inspecciones realizadas.

Aunque la ministra indicó en esta comparecencia que su criterio es que “un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo”, y esto podría hacer pensar que la ministra se pone en contra de la posición de las grandes tecnológicas. Sin embargo, no todo resulta tan claro cuando tiene que ser el resultado de una negociación con partes contrarias, sin que el Gobierno haya hablado de imponer su voluntad y criterio, suponiendo que sea ese y que sea para todos los trabajadores que son “falsos autónomos”. Porque aquí habría que incluir también a los conductores de Uber, Cabify o Lyft, por ejemplo, pero también trabajadores del taxi, el transporte, o todos los sectores que se van incorporando a lo que se viene denominando la nueva economía colaborativa o de las empresas tecnológicas.

Pero esta es una guerra, no solo una batalla, y nada indica que la nueva ministra esté dispuesta a encararla, más bien lo contrario, porque busca priorizar los acuerdos con las patronales, y eso solo puede tener malos resultados para los trabajadores.

Por eso, para luchar contra estas condiciones laborales de semiesclavitud, así como para prepararnos antes posibles ataques a los derechos elementales, solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas como trabajadores. Una lucha unitaria y la autoorganización de los trabajadores es clave para torcer el brazo a las patronales y al Gobierno que solo quiere “conciliar” entre las partes, modificando la relación de fuerzas en nuestro favor y así luchar por imponer un programa en defensa y expansión de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.