Salud. Faltan recursos para atender la salud mental infanto-juvenil

Hace algunos días fue noticia que, en uno de los barrios pobres más grandes de la Capital Federal, la “Villa 21-24”, donde viven unas 70 mil personas y casi la mitad son niñas, niños y adolescentes, no hay psiquiatras (ni de adultos, ni infanto-juvenil) y las listas de espera para conseguir turnos con algunos de los 5 psicólogos y psicólogas de los dos centros de salud del barrio, es de alrededor de seis meses, según datos de La Nación.

Esto no es una novedad para quienes trabajamos en salud mental y en particular, en la atención infanto-juvenil, donde la demanda no para de crecer desde la pandemia y los profesionales no damos abasto. En CABA todo lo que es abordaje infanto-juvenil está colapsado. De los 33 hospitales que existen en la Ciudad, solo tres son especializados en niños, niñas y adolescentes. Las familias van “rebotando” entre los hospitales Elizalde, Gutiérrez y Tobar García, ya que en los centros de salud y hospitales generales faltan especialistas y dispositivos básicos como el abordaje de internación.

La situación en la provincia de Buenos Aires no es mucho más alentadora, donde las únicas referencias posibles son el hospital Sor María Ludovica de La Plata y el hospital de Niños de San Justo. Por este motivo, en CABA muchas veces atendemos la demanda que llega desde distintas áreas del conurbano, porque en su zona de residencia y en las áreas programáticas no hay psicólogos/as o psiquiatras disponibles, sobre todo en lo que refiere a la atención de urgencias. De hecho, hay zonas del AMBA donde solo existen guardias de salud mental itinerantes y un mismo equipo atiende entre 12 y 25 instituciones, entre hospitales generales y UPA (Unidades de Pronta Atención), de la región sanitaria.

La falta de recursos es la regla. Con escaso personal profesional y auxiliar, con trabajadores y trabajadoras precarizadas, sin dispositivos intermedios como casas de medio camino, con un sistema que no prioriza la prevención, los abordajes integrales y de forma comunitaria se vuelven imposibles. La Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), ya sancionada hace más de 10 años, propone un abordaje comunitario, preventivo y no centrado en el hospital sino en el trabajo intersectorial, pero jamás fue realmente implementada en términos presupuestarios. Mucho menos ahora, que la prioridad de todos los gobiernos es pagarle al FMI. Algo que se vuelve mucho más grave al observar la situación en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes.

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Según el informe de Unicef (2021), llamado “En mi mente: promover, proteger y cuidar la salud mental de los niños”, en todo el mundo 1 de cada 7 niños, niñas y adolescentes, de entre 10 y 19 años, padece un problema de salud mental. Estas cifras serían consecuencia de los confinamientos en todo el mundo, la alteración de las rutinas, la educación y el ocio, así como la preocupación de las familias por los ingresos y la salud, lo que hace que muchos jóvenes sientan miedo, rabia y preocupación por su futuro de la mano de la crisis social y económica. Se calcula que más del 13% de los adolescentes de 10 a 19 años padecen un trastorno mental diagnosticado y que en algún momento de su vida pueden requerir de una hospitalización, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), 2019.

En Argentina, el suicidio adolescente, aparece como una de las principales problemáticas, triplicándose en los últimos 30 años, lo que lo ubica como una de las principales causas de muerte en ese grupo etario. ¿Por qué se produce esto? No existe una respuesta sencilla ni una única causa. La salud mental se trata de un fenómeno que, si bien tiene expresión en la singularidad de cada persona, es social, por lo que la degradación de las condiciones de vida de los sectores populares y la clase trabajadora, la opresión por condición de género, la condena por escapar a determinados mandatos sociales, etc., tiene un fuerte impacto en los padecimientos subjetivos.

Si pensamos la salud mental tal como “un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos; cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”, (Art. 3, LNSM), la realidad de los pibes y pibas reclama medidas urgentes. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), del INDEC, en el primer semestre de 2022, el 51,5% de las niñas y niños, viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. Es decir, 3 de cada 10 chicas y chicos viven en hogares con ingresos insuficientes producto del desempleo o la creciente precarización laboral y, al mismo tiempo, tienen al menos un derecho básico vulnerado. Esto condiciona las experiencias con sus progenitores y cuidadores en torno a su crianza, las relaciones que entablan con sus amigos y las oportunidades que tienen para jugar, aprender y desarrollarse. La degradación y pauperización de la vida cotidiana aumenta las posibilidades de exposición a la violencia, abusos sexuales y discriminación; dificultades en el acceso a la escolarización, las oportunidades de participación, etc.

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La crisis social y económica que atraviesa nuestro país de la mano de los reiterados ajustes desde los ´70 a esta parte, al servicio del FMI, sumado a las dificultades propias del contexto de crisis social económica y sanitaria que abrió la pandemia producto de la gestión capitalista de la misma; generó nuevos y complejos padecimientos en la infancia con mayor nivel de vulnerabilidad, que giran en torno a la exclusión, la marginalidad y la ruptura de lazos sociales. Esto se da en un contexto de desocupación y precarización de empleo, desarticulación de los vínculos sociales, debilitamiento de los soportes de solidaridad y cuidados socio-familiares, precarización de la asistencia pública y cobertura social, deterioro de las funciones socio-familiares, e incapacidad de satisfacer las necesidades básicas para sectores cada vez más amplios de la población que dificultan el armado de redes de contención, sostén y acompañamiento a los chicos y chicas en su desarrollo psicosocial.

El Estado está presente en las situaciones de marginalidad: garantizando los abusos policiales y la represión en los barrios populares, organizando la economía para el beneficio de unos pocos, orientando los recursos hacia el pago de la deuda ilegítima y fraudulenta, garantizando las ganancias de empresas privadas de salud y laboratorios.

Aumentar el presupuesto y lograr la real implementación de la LNSM debe ir de la mano de unir en la práctica el abordaje de las problemáticas de salud mental con apostar a la transformación de las condiciones materiales de existencia que determinan el padecimiento a gran escala, cuestionando el carácter de clase del estado y peleando por reordenar las prioridades en función de las necesidades de la población.