El excanciller de Alberto Fernández fue invitado por la Secretaría de Derechos Humanos a participar de un acto por Julio López al cumplirse 16 años de su segunda desaparición. El detalle que faltaba: es el mismo que era gobernador de la Provincia de Buenos Aires y jefe político de la Bonaerense cuando López fue desaparecido.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Martes 20 de septiembre de 2022 22:47
Las redes sociales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación daban cuenta este lunes de un acto realizado en la sede de dicho organismo estatal, en el que inauguraron “el salón principal de la @SDHArgentina con el nombre de Jorge Julio López, en su homenaje y al cumplirse 16 años de su segunda desaparición”.
En un emotivo acto, inauguramos el salón principal de la @SDHArgentina con el nombre de Jorge Julio López, en su homenaje y al cumplirse 16 años de su segunda desaparición. pic.twitter.com/4yjCY0o8Tj
— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) September 19, 2022
Agregan que junto a los hijos de López, se encontraban referentes de organismos de derechos humanos. Y… sorpresa: “también acompañaron representantes de organismos de derechos humanos, el ex gobernador @felipe_sola, junto con autoridades, trabajadores y trabajadoras de la secretaría”.
¿En qué cabeza cabe invitar a Felipe Solá a un acto por Julio López? ¿Puede creerse que se trató de un descuido? Difícil, su nombre resuena cada vez que se habla de la Masacre del Puente Pueyrredón y cada vez, precisamente, que se habla de la desaparición de López pues era, nada más ni nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Será entonces una operación para intentar que todo aquello se olvide y hacerlo parecer un “hombre de estado” preocupado por los derechos humanos y que de paso parezca que el Estado también se ocupa del “caso López? Difícil que el chancho chifle, dice el dicho popular…
Para refrescar la memoria, vayamos primero a lo que denunciaba el pasado 15 de junio Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y referente también del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) cuando rindió un sentido homenaje a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la sesión de la Cámara de Diputados, a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la Masacre. “El 17 de junio, nueve días antes de la masacre, el señor Eduardo Duhalde convocó al gobernador Felipe Solá, a muchos miembros de las fuerzas federales, de las fuerzas provinciales, a los ministros de su gabinete, para delinear la marcha de los planes sociales y la ‘seguridad interna’. (…) Y así se delineó el operativo conjunto que daría lugar a la masacre. No hubo errores, no hubo excesos, fue todo planeado”.
“Veinte años después la impunidad sigue vigente porque los responsables políticos no sólo no han sido juzgados sino que, como ya se ha mencionado, ocupan cargos políticos de la máxima consideración. A (Felipe) Solá se lo premió con todo tipo de candidaturas, inclusive con la Cancillería”.
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Pero veamos cuál fue el rol de Felipe Solá en el momento en que Julio López era secuentrado y deparecido por segunda vez, el 18 de septiembre de 2006.
Cinco días después de haberse denunciado la desaparición de Julio, el 23 de septiembre de 2006, se realizaba una enorme movilización en La Plata bajo una lluvia torrencial. En paralelo, en la Gobernación bonaerense se reunían Felipe Solá, su ministro de Seguridad León Arslanián y otros funcionarios con referentes de derechos humanos relacionados con López, entre ellos Nilda Eloy y Adriana Calvo de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y las abogadas querellantes en el juicio contra Miguel Etchecolatz Lilina Mazea, Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y Myriam Bregman, del CEPRODH.
De esa reunión salieron con un sabor amargo imposible de digerir: Solá y Arslanián dejaron claro algo que desde el inicio mostraba lo que iba a ser la causa judicial donde se suponía que investigarían la desaparición de López, “un monumento a la impunidad” como dijo Adriana Calvo en ese momento. Les hicieron saber a los organismos que la investigación “ponía en riesgo la gobernabilidad de la Bonaerense”, porque, como ellos mismos dieron a conocer en ese momento, había en las filas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 9026 efectivos que en durante la dictadura estuvieron destinados a dependencias donde funcionaron centros clandestinos, y a quienes ningún gobierno había separado e investigado. Ese era el famoso “entorno” del genocida Miguel Etchecolatz. Y Solá, que por estos días se pasea por actos conmemorativos, no lo iba a tocar.
“Solicitamos que ponga en disponibilidad a todos los miembros de la policía bonaerense de la época de la dictadura (más del 20%), resorte que Solá reconoció que tenía, y no lo hizo, como tampoco la reforma estructural a la “maldita policía” que tenía en bandeja Arslanian, basándose, según ellos, a la gobernabilidad de la provincia”, señala en esta nota la abogada Liliana Mazea.
“En el caso de Jorge Julio López, el aparato de Estado decidió encubrir el hecho para mantener, como algún Ministro lo dijo en aquel momento, la gobernabilidad de la bonaerense. (…) no se puede entender cómo ninguno de la patota de Etchecolatz ha sido verdaderamente investigado”, denunciaba Myriam Bregman.
En efecto, al día de hoy, 16 años después, no hay un solo imputado, y Etchecolatz murió impune en lo que refiere a la desaparición de Julio López. Mientras, el homenaje de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es mostrarse con Solá.
Quienes siempre se mantuvieron independientes del Estado, seguimos exigiendo respuestas sobre qué pasó con Julio, el castigo a todos los respondables políticos y materiales y la apertura de todos los archivos de la dictadura.
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