Córdoba. Femicidio: Orianna Giannini de 21 años fue asesinada por su expareja en Río Cuarto

Oriana (21) en Río Cuarto; Laura (50) en Balnearia; Leonela (32) en Córdoba Capital (Barrio Márquez de Sobremonte Anexo) son los nombres, edades y procedencias de tres víctimas de femicidio en la Provincia de Córdoba en el primer mes del 2022.

Y no nos olvidamos de Luana (26), quien se quitó la vida después de denunciar por abuso sexual a Concha Farfán, ex Jefe de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, lo que da cuenta de que el Gobierno y el Estado son responsables directos de la reproducción de la violencia. Recordemos que Diego Concha renunció a su cargo de funcionario de la Provincia por "motivos personales" algo avalado desde el gobierno de Córdoba en un comunicado público.

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Nuestra exigencia, como movimiento de mujeres y disidencias, debe considerar que este caso no quede impune y para ello proponemos la creación de una comisión investigadora compuesta por integrantes del movimiento de mujeres y disidencias, que colabore en el esclarecimiento total de este y otros casos que involucren a funcionarios.

Oriana, Laura, Leonela y Luana tenían distintas edades, pero eran todas mujeres trabajadoras y víctimas de la violencia machista y patriarcal que termina con la vida de las mujeres por el solo hecho de serlo. La violencia que mata a las mujeres se extiende hacia los cuerpos disidentes y así violenta y mata también a travestis y transexuales. La muerte es el paso final porque no pueden dar otro. Pero antes de que dijéramos Ni una Menos, había un paso más: descalificar a la víctima, acusarla públicamente. Hoy solo esto es lo que podemos reivindicar, no revictimizar a las sufrieron el femicidio o el travesticidio.

Recursos de los Estados y porqué son responsables

Pero antes de morir ellas pasaron por múltiples formas de violencia y es por ello que en muchos casos habían denunciado a sus agresores con anterioridad y el Estado no hizo, o hizo poco.

Desde el observatorio de La Voz, Virginia Digón comparte un dato importantísimo para el desarrollo de las políticas públicas que se necesitan: “el 65,7% de los crímenes fueron provocados por parejas o exparejas de las víctimas” la comunicadora agrega: “este dato, que se condice con las estadísticas nacionales, permiten problematizar un tipo de vínculo que está en el foco de los crímenes. Personas que decían amar o cuidar, terminan asesinándolas. La necesidad de ejercer control y poder de los hombres sobre sus parejas mujeres llegan en algunos casos a tal niveles que terminan quitándole la vida".

Los recursos para acabar con la violencia machista no solo deben colmar los presupuestos de los Estados nacional, provinciales y municipales, también deben ser ejecutados hasta el último centavo. Los recursos destinados a terminar con la violencia hacia las mujeres y disidencias deben considerar la necesidad de que todo el personal volcado a la atención revista en la planta permanente del estado y goce de sueldos dignos. Se necesita poner en marcha una Comisión un verdadero plan contra la violencia machista por eso exijimos una comisión investigadora independiente, con participación de las organizaciones del movimiento de mujeres y disidencias, para que intervengan en casos como el de Diego Concha.

En cuanto a la aplicación de la legislación, cuando se pretende la sanción por femicidio la estadística remarca el accionar del Estado que reproduce la violencia de género, como vemos desde el Poder Judicial en el que más de un tercio de las imputaciones por femicidio en Argentina no aplican el art. 80 incisos 11 del Código Penal Argentino.

Los femicidas en las Fuerzas de Seguridad

Cabe destacar que en Córdoba el 26% de los femicidas son miembros de las fuerzas de seguridad, un dato que supera con creces al 10 o al 15 % del promedio que hay en todo el país. Esto significa que, nuevamente el Estado autoriza la portación legal de armas de fuego a potenciales femicidas, personas que solo necesitan una oportunidad en la que cunda su propia ira para pasar de miembros de las fuerzas de seguridad a femicidas. Las denuncias previas en su contra y el calvario que significan para quien quiera realizarlas merecen un tratamiento aparte.

Oriana es el último caso que conocimos en la Provincia de Córdoba pero se suma a otros que ya forman parte de las brutales estadísticas del año que recién comienza.