LEY DE ETIQUETADO. Femsa busca amparo contra ley de etiquetado, señala alteración de operaciones en México 

La aprobación de medidas encaminadas a regular el etiquetado de bebidas azucaradas en México y el avance de reformas similares en algunos estados del país -en particular en torno a la venta y distribución de comida chatarra y botellas de plástico que no contengan agua-, ha generado la inconformidad del sector empresarial que se enriquece por esta industria en el país desde hace décadas. 

Breve historia de la industria refresquera en México: neoliberalismo embotellado

Coca-Cola Femsa, una de las multinacionales más millonarias del mercado afirmó en un anuncio dirigido hacia la Bolsa Mexicana de Valores que había promovido un juicio de amparo en contra de la ley de etiquetado, promulgada en marzo de 2020 y pendiente aún de resolución. Como una advertencia, aseguró que esta reforma tendría un "efecto adverso" en su negocio y "en los resultados de sus operaciones en México". 

Según esta nueva ley, a partir del 1 de octubre las empresas refresqueras tendrían que cumplir con nuevas reglas de etiquetado con todos sus productos, con excepción del agua. Los productos etiquetados conforme a la ley anterior podrían permanecer en circulación hasta el 30 de noviembre de 2020. 

A esta medida legal de Femsa se suma otra que emprendió a través de filiales en contra de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del estado de Oaxaca, publicada en junio de 2019. Esta ley prohíbe el uso, venta y distribución de botellas de PET.

Coca Cola Femsa no representa al único sector empresarial que se ha posicionado en contra de estas regulaciones. La Confederación de Cámaras Industriales ha sido más catastrofista y califica las medidas aprobadas por distintos Congresos locales del país como un "linchamiento a la industria" y alertó sobre la generación de un "mercado negro". 

¿Se resuelve con prohibición de refrescos y comida chatarra la crisis alimentaria?

Si bien es cierto que estas medidas poco podrán hacer para enfrentar las razones estructurales de la mala alimentación, los empresarios han esgrimido el mismo argumento para protestar contra las mismas. A manera de chantaje e hipócrita reclamo, la Concamin ha asegurado que el gobierno recibe 25 mil millones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que "debieran destinarse a mejorar la salud" pero que "no se hace". 

Desde ahora y una vez más, se anuncia que quienes pagarán los costos de estas reformas serán las grandes mayorías. No sólo por los pequeños comerciantes que venden al menudeo estos productos en sus tiendas (con ganancias de menos de 1 peso por unidad vendida), sino también por los más de 9.2 millones de trabajadores de la industria alimentaria.