El debate oral dará comienzo el año próximo. Tres de los directivos de la automotriz son juzgados por delitos de lesa humanidad como parte de la Megacausa Campo de Mayo. De los 25 secuestrados llegaron con vida a esta instancia 13 de ellos quienes siguen exigiendo juicio y castigo a los culpables.
Jueves 9 de junio de 2016
Finalmente el inicio del juicio por los secuestros y torturas sufridos por una veintena de obreros de la multinacional Ford Argentina durante la última dictadura, llegará en marzo del 2017. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín quien resolvió que estos crímenes de lesa humanidad cometidos contra los trabajadores de la planta automotriz de General Pacheco sean enjuiciados luego de años de parálisis.
En la causa están imputados Santiago Omar Riveros -entonces director de Institutos Militares, de quien dependía la guarnición Campo de Mayo- y tres ex directivos de esa multinacional: los gerentes de Manufactura, Pedro Müller, y de Relaciones Institucionales, Guillermo Galárraga, y el jefe de Seguridad de la planta, Héctor Francisco Sibilla.
Sibilla, era mayor retirado del Ejército y terminada la dictadura, fue contratado como custodio en la Embajada de Estados Unidos donde se jubiló en 2004. Galarraga, se presume tenía acceso a los legajos y a la información de todos los trabajadores de la empresa. Quien en aquel entonces era presidente de Ford, Nicolás Enrique Julián Courard también debía ser enjuiciado pero falleció en Chile en 1989.
Los tres acusados fueron considerados partícipes de los delitos de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas", reiterada en 24 hechos. En nueve de los cuales resultaron agravadas por haber transcurrido más de un mes junto a la imposición de tormentos. También por haber facilitado los datos personales de cada uno de los trabajadores involucrados, para que fueran secuestrados por los represores, incluyendo fotografías y direcciones. Se les endilga también “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de la fábrica”. En el quincho, que funcionó dentro del predio como centro clandestino de detención, los obreros eran maniatados y torturados para luego llevarlos a distintas dependencias de la comisaria de Tigre.
"El Quincho" de Ford había sido el lugar de socialización y organización obrera que sirvió para poner en pie el cuerpo de delegados de la fábrica a principios de los 70. En ese mismo lugar donde antes se organizaban los trabajadores, luego se los secuestró y torturó con el fin de eliminar a la vanguardia obrera que pisaba fuerte, fundamentalmente en el cordón industrial de Pacheco.
La causa elevada a ajuicio en el 2013, forma parte de la Megacausa Campo de Mayo y juzga a civiles como participes y responsables. Frenada una y otra vez, y por más de una década inmovilizada la misma comenzó formalmente en 2001, aunque las primeras denuncias datan del año 1984.
De los 25 secuestrados llegaron con vida a esta instancia 13 de ellos y todos son querellantes en la causa. Ford se valió del Ejército para perseguir a delegados, activistas y otros trabajadores por el solo hecho de organizarse y defender sus derechos.
La dilación en el inicio de este juicio radicado en el TOF 1 de San Martín se debe entre otros motivos a que desde fines de 2014 su presidente, Héctor Sagretti se excusó" de participar en juicios de lesa humanidad " Sólo tiene como titular a la jueza Marta Milloc, y a partir de ese momento hay serios problemas de demora en el avance de los juicios por delitos cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo.
A la fecha se acumularon 16 de estas causas que esperan sus respectivos juicios y que en 2015 se llevó a cabo sólo uno, por lo que también el pasado año los abogados de las querellas expresaron su preocupación al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y en otros ámbitos.
Asi es como los ex obreros detenidos de la fábrica Ford esperan con cautela el inicio de este juicio, caso testigo en cuanto a la participación civil de directivos de las grandes empresas multinacionales en el secuestro y desaparición de trabajadores.
Los Astilleros Astarsa y Mestrina, las ceramistas de Lozadur y Cattaneo, la metalúrgica Bopavi, entre otras son parte de las empresas que entregaban las listas de los delegados y activistas formando parte del plan sistemático de desaparición de personas.
A más de 40 años del golpe genocida, las mismas patronales cómplices hoy detentan el poder económico y reciben el apoyo del poder político, judicial y de la burocracia sindical. Hoy estos trabajadores siguen luchando por memoria, verdad y justicia y enfrentando a las mismas patronales que mantienen el poder en Argentina.
