Para acabar con la corrupción y el neoliberalismo, con la militarización, la violencia y la pobreza estructural hace falta cuestionar de raíz el sistema político y económico de conjunto, basado en la explotación y la opresión, y cambiarlo. A esos miles de jóvenes, mujeres y trabajadores del campo y la ciudad que enfrentan la precarización laboral, los ataques a sus contratos colectivos de trabajo, la violencia, el feminicidio, los crímenes de odio, los megaproyectos y el despojo, o exigen justicia para sus desaparecidos, desde el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas les proponemos forjar en común una organización revolucionaria superior, que apunte a construir una alternativa política que defienda nuestros intereses, una salida de fondo, independiente y socialista ante los grandes problemas que vivimos.

Una cascada de imágenes bombardea desde los medios para anestesiar el coraje que nos inunda cuando vemos que el dinero del salario no alcanza para surtir la despensa familiar, ante la presión de la patronal por mayor productividad, ante la violencia contra las mujeres y los crímenes de odio LGTB+, ante el clima de terror que se recrea a diario en nombre del combate al narcotráfico a través del despliegue a la militarización.

Sin embargo, en primer plano, cuando no hay tragedias lacerantes como el incendio en una estación migratoria donde murieron encerrados al menos 40 migrantes en Ciudad Juárez, se suceden los días de disputas altisonantes entre el gobierno de López Obrador de un lado y del otro, los ex consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) acaudillados por Lorenzo Córdova, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano.

Mientras el oficialista Morena impulsa una reforma electoral para recortar privilegios del INE, la oposición de derecha -orquestadora de fraudes electorales seriales y de la militarización del país- se proclama como paladín de la defensa de la “democracia”. Más allá de las pantallas de humo, la meta de ambos bandos es llegar bien posicionados a las elecciones presidenciales de 2024, ante lo cual estará planteado sostener una política verdaderamente independiente por parte de la izquierda socialista. Y tienen acuerdo -pese a sus matices expresados tanto en el discurso “democrático” de la oposición y de las políticas “progresistas” y los planes sociales del gobierno - en un punto nodal: preservar el régimen político que ha garantizado la continuidad de la subordinación a las políticas imperialistas de Estados Unidos y que prioriza las ganancias de los grandes empresarios.

La única democracia que ofrecen es una donde la clase trabajadora y los sectores populares estamos casi por completo excluidos de la posibilidad de pelear por una representación política propia, como muestran las trabas para registrar candidaturas independientes, en un régimen electoral de partidos patronales que reduce la participación política de las masas a elecciones y consultas ciudadanas cada tanto, dejándonos fuera de la toma de decisiones sobre el destino del país.

La 4T de AMLO, “progresismo” y continuidad neoliberal

La Cuarta Transformación de López Obrador despertó enormes aspiraciones democráticas en un país que desde hace casi un siglo era gobernado por el PRI y más recientemente por el PAN. En estos cinco años de gobierno ha implementado distintas leyes y reformas que apuntan a concretar su lema “por el bien de todos, primero los pobres”. Fundamentalmente programas sociales, apoyos y algunas medidas que buscan hacer cumplir lo establecido por ley, como el pago de impuestos por parte de las grandes empresas que evadían el fisco, inversión en infraestructura y gasto público que buscan fortalecer su hegemonía y consolidar su base social.

La relación del gobierno con las masas hoy está marcada por un gran peso de la figura presidencial, que se apoya en la gran legitimidad que lo respalda y en la popularidad conquistada a partir de medidas como las mencionadas que son vistas por millones como algo distinto al neoliberalismo, y también en un acuerdo con las fuerzas represivas basado en el fortalecimiento de las mismas. Pero la realidad es que su retórica y determinadas medidas como las mencionadas no cambian el hecho de que su política mantiene lo esencial de los intereses capitalistas.

Mientras da concesiones como más días de vacaciones o aumentos al salario mínimo (que, aunque importantes, no llegan al conjunto de la clase obrera y se licúan frente a la inflación), ante luchas de trabajadoras y trabajadores, el gobierno plantea salidas implacables, como el cierre de la Agencia de Noticias del Estados Mexicano Notimex, en huelga hace más de tres años por violaciones al contrato colectivo de trabajo y avances en la precarización laboral. Esto mientras busca subordinar a las y los trabajadores y sus organizaciones a su política.

La Unión Nacional de Trabajadores y otros sindicatos pasaron de la oposición durante los gobiernos del PRI y del PAN a mantener una tregua sin fin con López Obrador, y cumplen el nefasto papel de mantener aisladas las luchas que surgen, como la de Notimex, y fomentar la pasividad entre las y los asalariados. La esencia de la administración lopezobradorista ha mantenido la subordinación a las políticas imperialistas y ha preservado las ganancias de los capitalistas, que en muchos casos han incrementado sus fortunas bajo este gobierno.

El T-MEC: integración y sometimiento a Estados Unidos

Los gobiernos federal y estatales del Morena impulsan los planes sociales, como las becas alimentarias que se entregan en zonas industriales, o los aumentos anuales al salario mínimo. Estos, aunque son percibidos como importantes por sectores de la población, resultan insuficientes para afrontar los gastos de la economía familiar cuando la inflación golpea los bolsillos de la clase trabajadora y los sectores populares a diario, es decir, no afectan la tasa de ganancia de la clase dominante. Desde 1976 hasta ahora el poder adquisitivo de la clase trabajadora se redujo 70 %. Los CEO’s de las trasnacionales se frotan las manos de gusto ante los bajos salarios y prestaciones que rigen en México. ¿Cómo llegamos hasta acá?

Fue el gobierno del priista Carlos Salinas de Gortari el firmante del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esa cadena de sometimiento puesta en marcha para las transnacionales, sostenida también por Fox, Calderón y Peña Nieto, se ha mantenido hasta el gobierno de López Obrador con el T-MEC (una versión recargada del TLCAN, hoy un instrumento para detener el avance comercial de China en la región), a pesar de las tensiones en torno a la producción energética que mantiene con el amo del norte.

“Este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo”, declaró López Obrador cuando se firmó el pacto actual. Pero aunque sí hay más flujo de inversiones, no hay bienestar para las mayorías populares. Todos los partidos del régimen político de la alternancia surgido en el año 2000 garantizan la estabilidad y desarrollo del capital industrial comercial, bancario y financiero, para lo cual se apoyan en la vieja burocracia sindical priísta, al servicio de cualquier gobierno patronal.

Este tratado amarra la economía de México a los designios del imperialismo estadounidense -80 % de la producción mexicana se exporta a ese país- e implica la entrega de recursos naturales del territorio -en particular minerales- y la configuración de México como la gigantesca plataforma de industria maquiladora del imperialismo estadounidense y las trasnacionales. Beneficia a las corporaciones farmaceúticas -porque la duración de las patentes se extendió de 5 a 10 años, lo cual encarece los medicamentos- , trajo como consecuencia la pérdida de soberanía alimentaria y en el terreno del comercio internacional, pues en el tratado se restringe la posibilidad del intercambio con algunos países como China. Sobre la explotación y la expoliación de la clase trabajadora, las comunidades campesinas y los pueblos originarios se configuró la cadena de valor de América del Norte, una de las más grandes del mundo, y su principal objetivo es incrementar las ganancias de trasnacionales, en especial las estadounidenses, y las fortunas de los grandes magnates.

Ante la violencia y la militarización, derivados de la subordinación al imperialismo

El despliegue de uniformados a lo largo y ancho del país es una imagen a la que no podemos resignarnos. Fue 2007 el año en que inició la Iniciativa Mérida para financiar “el combate al narcotráfico”, en realidad un acuerdo a través del cual el imperialismo estadounidense entrenaba a las fuerzas represivas en México y las dotaba de armamento y transporte para supuestamente contener al crimen organizado. Esta operación hasta 2021 tuvo un saldo de alrededor de 350 mil personas asesinadas y 95 mil desaparecidas.

En nombre de la “guerra contra el narcotráfico”, se creó un clima de violencia y terror que hasta hoy perdura, y que funciona como un mecanismo preventivo para mantener amedrentada a la población mientras los “carteles” y grupos del crimen organizado siguen prosperando, debido a sus vínculos con altos funcionarios, y el tráfico de drogas se reinventa, de la marihuana y la cocaína al fentanilo, así como diversifican sus actividades, que incluyen el tráfico de personas y el despojo de recursos naturales, entre otras.

Aunque López Obrador había prometido devolver los militares a los cuarteles y hasta el día de hoy sostiene que su estrategia de seguridad es “abrazos, no balazos”, en realidad hizo todo lo contrario. Buscó mil formas para relegitimar al Ejército y la Marina -responsables de masacres que siguen impunes como la de Tlatelolco y Tlatlaya, involucrados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Y dio un paso más: crear una nueva fuerza, la Guardia Nacional, integrada por uniformados de la Sedena, de la Semar y de la policía, cuya principal función es evitar que las personas migrantes lleguen a Estados Unidos y desplazar a quienes resisten el despojo de territorios y recursos naturales. En 2021, el gobierno de AMLO afirmó que había terminado la Iniciativa Mérida y la reemplazó por el Entendimiento Bicentenario, con nuevas formas y una retórica derecho-humanista, pero que mantiene la subordinación a las órdenes del imperialismo estadounidense también en la estrategia de seguridad. La continuidad de la militarización del país aumentó la violencia contra la población, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones de jóvenes, mujeres y migrantes -bajo la responsabilidad e involucramiento de fuerzas armadas y del crimen organizado-, el juvenicidio y el feminicidio.

Esta violencia es estructural: forma parte del Estado capitalista mexicano y la política de los distintos gobiernos en turno ha sido impotente para disminuirla. Lejos de eso, bajo la 4T de AMLO el feminicidio pasó de 7 a 11 asesinadas al día; los ataques a migrantes y a la población por parte del crimen organizado y las fuerzas armadas se incrementaron. No podemos confiar en el Estado y sus instituciones para resolver la violencia, es necesario cambiar de raíz las condiciones que hacen vulnerables a las mujeres y a la población pobre, trabajadora y migrante en el campo y la ciudad.

No es casual que las zonas donde hay más violencia se encuentran en la frontera norte y el Bajío, regiones de alta concentración de la industria maquiladora y de alto tránsito de migrantes, en Michoacán, el principal estado productor de aguacate, y en zonas con potencial minero, incluyendo el litio, y/o para el cultivo de amapola y marihuana, como Guerrero, Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. En esos estados la militarización sigue cobrando víctimas -como los jóvenes asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en febrero de 2023-.

Mantener el clima de terror va de la mano con la protección de los intereses de empresarios y trasnacionales. Balaceras y “desfiles” de convoys de militares y marinos por las calles buscan mantener silenciado cualquier indicio de descontento de la clase trabajadora, pero aún así, llegan a darse procesos de paros obreros, como el 20/32 en Matamoros en 2019. La colusión entre las fuerzas represivas, los altos funcionarios y el crimen organizado se ha evidenciado de nueva cuenta con las acusaciones en Estados Unidos contra el ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, rescatado “institucionalmente” por López Obrador, y por el mediático juicio de Genaro García Luna, el ex secretario de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón, declarado culpable por su complicidad con el narcotráfico.

Es necesario poner en pie un masivo movimiento democrático que pelee por el alto a la militarización y por juicio y castigo a los culpables de ejecuciones, desapariciones, desplazamientos forzados, contra las desapariciones y la violencia feminicida. Que exija el fin del secreto bancario para terminar con el poder del narcotráfico y la impunidad de los funcionarios, militares, jueces y empresarios cómplices del lavado de dinero, las redes de trata y el contrabando de armas o estupefacientes. Que pelee por que el Estado utilice las ganancias de los grandes empresarios y las fortunas del narco al servicio de trabajos estables y salarios dignos que cubran la canasta básica y aumenten con la inflación, para inversión en infraestructura, educación y cultura utilizando el presupuesto destinado a la Guardia Nacional, a la Semar y a la Sedena para estos rubros; sólo así podremos atacar las causas de la violencia, como parte de una lucha por acabar con este sistema capitalista.

El castigo individual y el aumento de penas solo son un paliativo que sigue responsabilizando a los más pobres, hacinando las cárceles, mientras políticos y funcionarios responsables de la militarización y la pobreza siguen libres y se enriquecen. Es impensable que tribunales militares juzguen a los uniformados. Las fuerzas represivas no pueden ser juez y parte. Eso en parte explica que hasta el momento se mantienen impunes. En el caso de Ayotzinapa, en el cual la investigación llegó hasta que se ratificó el involucramiento del Ejército, el gobierno no permitió que avanzara más allá. Ante esto, planteamos la necesidad de poner en pie una comisión de investigación independiente integrada por familiares, organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y política independiente del gobierno y la derecha, pero financiada por el Estado. A su vez, consideramos que el establecimiento de juicios por jurado es una vía para impedir la impunidad de los ricos y los poderosos.

La clase trabajadora y los sectores populares, organizados por centro de trabajo y por colonia para garantizar la autodefensa, son los únicos que pueden resguardar la seguridad de las poblaciones. Los puertos, los aeropuertos y los pasos fronterizos no pueden estar controlados por la Marina, ni por el Ejército, ni por la Guardia Nacional ni por empresas privadas, porque todos avalan el tráfico de drogas y de personas. Solo las y los trabajadores pueden controlar esos puntos estratégicos, porque no tienen otro interés en juego que no sea el bienestar y la seguridad de la mayoría de la población.

Al mismo tiempo, para terminar con el negocio del tráfico de drogas -y la complicidad de los distintos niveles de gobierno- es necesario luchar por la desmilitarización del país y por la legalización de todas las drogas y por el control de productores y consumidores de las distintas fases del circuito de producción y mercantilización de sustancias, financiado con recursos del Estado y las ganancias que generaron la ilegalidad y prohibición de sustancias, junto con un plan de salud pública que incluya la atención que requieran los consumidores, sin prácticas ni discursos que criminalicen el consumo.

Con el gobierno de la Cuarta Transformación se creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo robado, para administrar y subastar los bienes de funcionarios corruptos de administraciones actuales o anteriores, así como de empresas nacionales en liquidación. Pero ya hay indicios de malos manejos de directivos de la institución, pues los altos funcionarios, amparados en salarios y prestaciones de privilegio, y avalados por la impunidad de ser parte del poder, usufructúan los bienes para su propio beneficio. En cuanto a los bienes de integrantes del crimen organizado condenados, se los apropia el gobierno del país donde los juzguen o el gobierno de México, para sus propios fines, como el financiamiento del despliegue militar en las fronteras. Pero esos bienes, tanto de narcotraficantes como de altos funcionarios, deberían ser expropiados sin pago y entregados a la clase trabajadora y los sectores populares, organizados por centro de trabajo y por colonias, para financiar y llevar a cabo obras públicas de interés social.

Para terminar con la precarización laboral

Los índices de pobreza y precarización también han aumentado bajo la 4T de López Obrador. A pesar de presumir el aumento de salarios y una tasa de desocupación histórica, los empleos que se han creado son inestables, sin prestaciones y la mayoría percibe menos de dos salarios mínimos aunque la mitad de los trabajadores labora más de 8 horas al día y una tercera parte más de 50 horas a la semana, en promedio con un día de descanso.

Cada vez más personas requieren un segundo o hasta tercer trabajo para llegar a fin de mes, mientras aún millones siguen sin empleo o rotan constantemente de uno a otro. Todos estos atropellos contra la clase trabajadora son responsabilidad no solo de los distintos gobiernos, sino también de las direcciones sindicales que permitieron el avance de la precarización laboral. Es necesario poner un alto a los contratos temporales, por periodo de prueba y todos los de simulación-como las becas de Jóvenes construyendo el futuro- para ocultar la relación laboral del Estado y empresas privadas con sus trabajadores. Es necesario luchar por la basificación inmediata de todas y todos los trabajadores en el sector público y en el sector privado.

En la actualidad, a pesar de los aumentos al salario mínimo, la inflación y el alto costo de las rentas y servicios y la inestabilidad laboral impiden que millones de trabajadores vivamos dignamente y podamos cubrir las necesidades familiares con esos sueldos. En vez de que una parte de la clase obrera trabaje jornadas extenuantes donde deja la vida, mientras otra parte intenta subsistir con planes sociales y “chambitas” informales, se podrían repartir las horas de trabajo entre todas las personas en condiciones de trabajar, distribuyendo el trabajo disponible entre ocupados y desocupados para acabar con el desempleo. Se puede así reducir la jornada laboral a 6 horas 5 días por semana con un salario que cubra la canasta básica y los servicios esenciales, como vivienda, transporte, telecomunicaciones y esparcimiento, y que aumente según la inflación. Esto es posible si atacamos las ganancias de las patronales y los magnates. Las empresas que se nieguen a ampliar sus plazas deben ser expropiadas sin pago y puestas bajo control de las y los trabajadores.

Para pelear por todo esto, es fundamental que la clase obrera se saque de encima a la burocracia sindical, y que sus organizaciones conquisten la independencia del Estado y se basen en la democracia obrera, para definir una política realmente combative e independiente.

A la vez, hay que decir que un gobierno obrero y popular, independiente de trasnacionales y magnates, que de manera genuina velara por los intereses de las mayorías, es el que puede imponer esta perspectiva, atacando las bases de la explotación y la precarización laboral, y también desarrollaría un plan de obras públicas controlado por trabajadores y pobladores, que atienda necesidades como vivienda digna, hospitales, escuelas, infraestructura urbana y rural. Esto sería posible si se implementaran impuestos progresivos a las grandes fortunas y a las trasnacionales, pues con los millones que empresarios y patronales amasan como fruto de nuestro trabajo podríamos garantizar estas medidas.

Forjar una alianza obrero-popular con las caravanas migrantes, el movimiento de mujeres y la juventud, los campesinos y pueblos originarios

La clase trabajadora requiere forjar una poderosa unidad con los demás sectores oprimidos en el campo y la ciudad, construyendo una gran alianza obrera, campesina y popular. Algunos de los grandes problemas que signan México son la crisis migratoria y la creciente precariedad en la que viven las mujeres, la juventud y los pueblos originarios.

El incendio en Ciudad Juárez de una estación migratoria donde fallecieron 41 personas migrantes es la punta del iceberg de la crisis humanitaria de la cual son responsables el imperialismo estadounidense y los gobiernos de los países de origen de las personas en tránsito, incluyendo al gobierno mexicano, que busca criminalizarlos acusando a los migrantes de iniciar el incendio. La pobreza y la violencia estructurales, junto con el cambio climático y sus consecuencias para las zonas costeras, son los factores que llevan a familias enteras a emprender una peligrosa travesía en busca de una vida mejor.

El endurecimiento de las políticas migratorias lleva a todo tipo de abusos: desde el hostigamiento por parte de agentes migratorios y uniformados de distintas fuerzas hasta reclutamiento forzado y ejecuciones por parte del crimen organizado. Y quienes logran cruzar el Río Bravo, así como para los extranjeros que ya residen en Estados Unidos, esta situación les trae como consecuencia mayor precarización laboral y abusos patronales -y esto es usado también contra las y los trabajadores estadounidenses, porque presiona hacia abajo los salarios y las condiciones de trabajo-, y exposición a la violencia racista de la policía y las autoridades migratorias. Ante esto, la clase trabajadora en México debe exigir plenos derechos para todas y todos los migrantes, libre pase por los países de la región, acceso a salud, transporte, educación, vivienda y trabajo.

El movimiento de mujeres, que a pesar de las direcciones sindicales, irrumpe en las calles en distintos momentos para hacer oír la rabia y la indignación ante la creciente violencia patriarcal, también enfrenta la criminalización del gobierno, que se dice “feminista” por la cantidad de funcionarias que incluye, pero ante cada movilización, como el 8 de marzo, el 28 de septiembre (Día de la Lucha por el Derecho al aborto) y el 25 de noviembre (Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres), blinda las ciudades y despliega amplios operativos para amedrentar a quienes salen a las calles, como si fuera lo mismo una mancha de pintura en un monumento que la vida de una mujer.

Pero la violencia física e institucional no son las únicas que enfrentan las mujeres, pues son mayoría entre las personas más pobres y en los trabajos más precarizados, como la subcontratación en la industria o trabajo de campo en el sector estatal, se mantiene la desigualdad salarial, el aborto no es legal y gratuito en todo el país, las tareas de cuidado de niñez, ancianes y enfermes siguen impuestas a las mujeres. Es necesario que toda la clase trabajadora tome en sus manos la lucha por los derechos de las mujeres, pues éstas constituyen más de la mitad de las masas laboriosas.

La juventud enfrenta la creciente elitización de la educación -un problema que no resuelve el despliegue de las universidades del bienestar creadas por el gobierno de la 4T y que se expresa en la emergencia de distintos conflictos en las universidades- y la creciente dificultad para hallar trabajos estables con un salario que le permita satisfacer sus necesidades básicas. La precarización laboral, encarnada en los call centers, trabajos como repartidores o “becarios” estatales sin derechos, es su única opción. El capitalismo les ofrece solo un presente sombrío, signado por guerras, crisis ambiental y carestía, y un futuro cada vez más incierto. Por eso, las y los jóvenes son potenciales aliados de la clase trabajadora: su rebeldía y su impetuosidad pueden desplegarse si se enciende el fuego de la lucha por la liberación del yugo del capital.

Los megaproyectos del gobierno de López Obrador, como el Tren Maya, impactan sobre las comunidades rurales, en especial sobre los pueblos originarios. La explotación minera también. Y es por eso que muchas familias se ven expuestas a la violencia provocada por la militarización y el narcotráfico, que fungen como agentes de las trasnacionales para hacerse con territorios valiosos para el gran capital por su posición estratégica para el transporte y producción de mercancías, su valor turístico o los recursos naturales. Mientras tanto, el T-MEC (y antes el TLCAN) ahogaron la producción agrícola de algunos cultivos que compiten con la producción estadounidense. Ante esta situación, campesinos pobres y hasta comunidades enteras son obligadas a dejar sus pequeñas parcelas y marchan a las ciudades o a estados con alta presencia de agronegocios, como Baja California o Sinaloa, y pasan a formar parte de la población migrante, de las filas de los jornaleros o de los pobres urbanos que sobreviven con actividades informales. Por eso, la clase trabajadora debe levantar la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos indígenas, ya que muchos de sus hijos se sumaron a las filas del proletariado.

Ante la decadencia capitalista, luchemos por terminar con toda explotación y opresión

Las políticas imperialistas y la subordinación a éstas por parte de los distintos gobiernos han generado fenómenos terribles. La pandemia, la crisis climática y la guerra en Ucrania revelan una vez más la irracionalidad capitalista. Millones de personas murieron por falta de acceso a las vacunas, protegidas por las patentes farmacéuticas que dejaron miles de millones de dólares a las trasnacionales que lucran con la salud.

El alza de los precios de granos y de los energéticos aceleró la inflación en todo el mundo, y son las y los trabajadores y los sectores populares quienes han visto reducidos sus ingresos, sumado a los recortes salariales y de prestaciones y los despidos que impusieron los empresarios con la excusa de la pandemia. Una parte de la clase trabajadora, para poder subsistir, cada vez trabaja más horas. Otra parte, fue arrojada a los márgenes para malvivir con planes sociales y trabajos informales. Si la clase trabajadora tuviera el poder, podría reconvertir las cadenas de valor -como la de América del Norte- y decidir qué producir y cómo hacerlo en función de las necesidades de la mayoría de la sociedad, justo al revés de lo que ocurre hoy con el T-MEC.

En la perspectiva de llegar al socialismo -un sistema que sólo puede desplegarse en el plano internacional, y que implica que cada persona trabaje según su capacidad y reciba de acuerdo con su necesidad-, se resolvería la contradicción entre la producción social y la apropiación privada de las riquezas.

El actual acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México no es la única opción. Hay otra integración posible entre las economías de la región: que esta formidable cadena de valor sea controlada por las y los trabajadores, para ponerla al servicio de satisfacer las necesidades de las mayorías, lo cual implica terminar con la subordinación al imperialismo estadounidense en todos los planos: económico, político y de seguridad. Que todos los avances tecnológicos sean puestos bajo control obrero y que sean las grandes mayorías las que decidan qué y cómo producir.

Claro que para poder llevar a cabo esto es necesario forjar una alianza de clase con las y los trabajadores de los otros países del tratado, lo cual es posible, pues existen múltiples lazos comunicantes entre todos los países de América del Norte, económicos, sociales, culturales e históricos. Esa es la perspectiva que impulsamos en México el MTS, y en Estados Unidos Left Voice, organización que integra también la Fracción Trotskista por la IV Internacional.

El acceso a la educación superior cada vez se restringe más. El derecho al esparcimiento, también. No solo por falta de recursos, sino también por falta de tiempo. Vivimos en una distopía gris, en la cual toda la energía debe concentrarse en obtener recursos para subsistir: comer, pagar la renta, los servicios indispensables, la atención de salud. Como escribió Marx, bajo el capitalismo estamos en la prehistoria de la humanidad. Los avances científicos y tecnológicos están gobernados por el lucro. El afán de ganancias de los empresarios mercantilizó todo: el derecho a la salud, la vida humana, los cuerpos, inventó necesidades, desarrolla innumerables productos de obsolescencia programada para garantizar un mercado cautivo para computadoras, teléfonos, automóviles y electrodomésticos. Y genera desperdicios de todo: de comida, de electrónicos, de basura que han convertido a nuestro planeta en una sucia prisión, como dijo Trotsky.

Pero podemos terminar con esta decadencia, este mundo con privilegios para pocos y miseria para muchos, y construir un mundo nuevo si la clase trabajadora toma las riendas. Porque quienes producen los bienes y servicios que mueven la economía en todo el orbe no solo tienen el poder de paralizarlo todo, si no también de poner todos los recursos al servicio de la mayoría de la humanidad.

Se podría reducir la jornada de trabajo a unas pocas horas, como proponemos más arriba, si se aplicara la automatización, la robótica y la inteligencia artificial para garantizar muchas labores insalubres, peligrosas y rutinarias que hoy llevan a cabo trabajadoras y trabajadores. Se podrían perfeccionar los procesos de producción para reducir al mínimo el impacto ambiental, hoy sin control porque todos los gobiernos protegen ante todo las ganancias de los empresarios, mientras estos provocan graves daños ambientales y a la salud humana. Prácticas ancestrales como el tequio brillarían bajo una nueva luz, donde la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua harían florecer la sociedad.

Una muestra de la potencialidad de las y los de abajo fue la Comuna de Morelos de 1915 -de la cual Emiliano Zapata fue uno de sus impulsores-, donde por un periodo la alianza entre los campesinos pobres y el proletario agrícola de los ingenios puso en pie un gobierno comunal que destruyó el estado capitalista a escala estatal, expropió sin pago la propiedad privada, extinguió a los terratenientes locales como clase en Morelos, puso en funcionamiento algunos ingenios bajo control obrero, llevó a cabo el reparto agrario, la principal reivindicación de la Revolución Mexicana.

Y el poder de la Comuna se sostuvo a partir del armamento del pueblo y del Ejército Libertador del Sur, cuyas filas estaban integradas por genuinos hijos del pueblo. Esta experiencia histórica es una inspiración para luchar, en México, por un gobierno obrero y popular basado en la democracia directa y en organismos de autoorganización impuesto con la movilización y la organización independiente de los partidos patronales, la burocracia sindical, los empresarios y las trasnacionales. Un gobierno que expropie sin pago los recursos estratégicos, como energéticos, minerales y el agua, para explotar estas riquezas naturales de manera racional y desarrollar una transición energética que vaya de la matriz petrolera a una de energías renovables que preserve el ambiente para las generaciones presentes y futuras, con la participación activa de las y los trabajadores y los pobladores de las zonas donde están esos recursos.

Un gobierno que expropie la banca privada para poner en pie una banca pública controlada por sus trabajadores que permita otorgar créditos baratos a familias trabajadoras y a pequeños productores, que planifique la economía destinando los recursos financieros necesarios para industrializar el país, invirtiendo en obras de infraestructura que pongan los adelantos científicos y tecnológicos al servicio de la clase trabajadora y de los sectores populares. Con un gobierno así, se podrían socializar las tareas reproductivas, como los cuidados a niñes, ancianes, enfermes, la limpieza, la comida, para liberar así a las mujeres de estas cargas pesadas, como un importante paso para permitir su desarrollo pleno como seres humanos.

Así todes tendríamos derecho al “ocio creativo”, explorar las artes, los deportes, los juegos, la filosofía, la cultura, y al “ocio productivo”, para poder crear nuevos procesos productivos y tecnologías que liberen cada vez más a la humanidad del trabajo destinado sólo a garantizar las necesidades básicas.

De la guerra en Ucrania a la crisis económica y la lucha de clases en Francia

En todo el mundo las masas siguen enfrentando las consecuencias de la crisis económica, de los riesgos de estanflación y de la ruptura de cadenas de suministros tras los efectos de la pandemia y la guerra comercial y militar -tanto por las sanciones económicas como por las acciones armadas- ante la guerra en Ucrania. Se trata de una reaccionaria disputa entre Estados Unidos, los países de la OTAN y el gobierno de Zelensky de un lado, para cercar a Rusia, y del otro el gobierno de Putin, que busca recuperar terreno como gran potencia en el concierto internacional.

A poco más de un año del inicio de este conflicto bélico, las consecuencias de estas disputas entre potencias capitalistas han significado muerte y penurias para millones de trabajadores, así como un aumento en los precios de cereales y energéticos a nivel internacional que ha impactado en los bolsillos de quienes menos tienen. La OTAN y los países imperialistas han aprovechado esta guerra para desplegar una ofensiva militarista que no se veía desde la guerra fría, destinando miles de millones de dólares al presupuesto militar de sus propios países y a enviar armamento a Ucrania, región que se disputa entre las potencias que intervienen y donde se hace cada vez más posible un accidente militar.

Esto ha sido apoyado por gobiernos supuestamente progresistas como la coalición del PSOE Unidas-Podemos del Estado Español. Rusia, por su parte, busca avanzar hacia Europa central aprovechando la crisis de la hegemonía estadounidense y la guerra para fortalecer lazos con China, principal riesgo de seguridad estratégica del imperialismo yanqui. Las y los trabajadores del mundo no podemos apoyar las guerras de las potencias capitalistas que cobran muertos en nuestro bando. Gritamos ¡ni con Putin ni con la OTAN! porque en esta guerra ningún bando está a favor de los trabajadores y el pueblo pobre. ¡Guerra a la guerra! La clase trabajadora internacional debe movilizarse y desplegar su energía revolucionaria a través de sus métodos de lucha como el paro y la huelga para enfrentar la guerra y los planes de la burguesía internacional, como lo están haciendo las y los trabajadores en distintos países europeos, contra la inflación y por aumento de salarios.

Se ha reactualizado la época de crisis, guerras y revoluciones definida por Lenin en 1914, lo que se constata en las crecientes tensiones geopolíticas, la agudización de la crisis económica -con el riesgo de quiebras bancarias de magnitud, como lo demostró la bancarrota del Silicon Valley Bank-, e irrumpieron distintas revueltas y rebeliones a lo largo del globo como vemos contra el gobierno asesino y golpista de Dina Boluarte en Perú, como vimos en Sri Lanka o como en las huelgas a lo largo de Europa. Hagamos como en Francia donde cientos de miles de huelguistas buscan controlar el rumbo de su lucha a través de comités de acción para que las burocracias sindicales no entreguen la lucha contra la reforma de jubilaciones de Macron, donde nuestros camaradas de Revolution Permanent participan impulsando la extensión de las reivindicaciones del movimiento al aumento de salarios -en el marco de una inflación creciente- y una amplia autoorganización en la base a través de la Red por la Huelga general. Este es un primer paso para enfrentar su gobierno y el régimen de la quinta república, pues con huelgas y ocupación de fábricas se pone sobre la mesa quién decide sobre el país. Si podemos manejar una fábrica podemos gobernar una nación.

Poner en pie una organización revolucionaria socialista y antiimperialista

Para luchar por una perspectiva socialista y revolucionaria, hace falta que la clase trabajadora, las mujeres y la juventud cuenten con una herramienta política propia: un partido que termine con la nefasta y utópica tradición de buscar “conciliar” los intereses de los empresarios y el imperialismo estadounidense con los de las mayorías laboriosas, que busque enfrentar y liquidar al Estado capitalista con la energía revolucionaria de las y los de abajo e imponer un gobierno de los trabajadores y el pueblo cuyo horizonte sea extender la revolución socialista a nivel internacional. El apasionante desafío que nos proponemos quienes hoy integramos el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas es construir un partido revolucionario, que busque aportar al avance de la subjetividad de la clase trabajadora para que su vanguardia se postule como referente del conjunto de les explotades y les oprimides.

Desde el pasado hasta el gobierno de López Obrador, cuando la mayoría de la izquierda se adaptó a las variantes democráticas del régimen, al reformismo y populismo -e incluso llegaron a convertirse en funcionarios del gobierno de la 4T-, en el MTS mantuvimos una perspectiva revolucionaria y de independencia de clase, impulsando en cada oportunidad reagrupamientos combativos de trabajadoras, trabajadores y jóvenes, con sindicatos, otres colectives y organizaciones, sin vínculos con el gobierno ni con los partidos del congreso, como la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores en lucha, el Movimiento por el regreso seguro a clases, el Bloque combativo independiente para el 8 de marzo y para el 1 de mayo.

Nuestra perspectiva se expresa también en La Izquierda Diario, la red internacional de prensa al servicio de las y los de abajo en 14 países y 7 idiomas, impulsada por las distintas secciones de la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional, en el suplemento Ideas de Izquierda, y publicaciones como los libros Pan y Rosas, Juventud en las calles, México en llamas, interpretaciones marxistas de la revolución y De la movilización a la revolución, entre otros títulos, así como en el despliegue de campañas militantes para conquistar candidaturas independientes en distintos procesos electorales, en el marco del antidemocrático régimen mexicano.

Todo esto nos permitió, ante distintas oportunidades de la lucha de clases, ser parte de los distintos movimientos protagonizados por la juventud y los trabajadores, como la lucha por los 43 normalistas de Ayotzinapa, las luchas del magisterio, las de trabajadoras y trabajadores del Estado contra la precarización laboral, de profesores y estudiantes del #Fuera Porros de la UNAM y del # UNAM no paga, del movimiento 20/32 en Matamoros protagonizado por obreras y obreros de la industria maquiladora, de la huelga del Sutnotimex, del cuestionamiento a la burocracia de la CTM en la industria automotriz, del movimiento de mujeres que una y otra vez inundó las calles para exigir el alto a la violencia patriarcal y por el derecho al aborto. Todas experiencias en las que confluimos con trabajadores, jóvenes y mujeres, y donde participamos también desde las agrupaciones político-sindicales que impulsamos junto a compañeres independientes en el movimiento de mujeres, juvenil y los sindicatos.

La emergencia de una organización revolucionaria en México implica la lucha estratégica con las direcciones del movimiento obrero, tanto contra el charrismo tradicional (como la CTM, la CROC y la CROM), como frente a aquellas que se reclaman democráticas, pero fomentan la confianza de las y los trabajadores en el gobierno, como es el caso de la dirección de la UNT. Así dejaron luchas aisladas y restringidas a medidas de presión para negociar con la administración de la 4T, como la del Sutnotimex, y no han cuestionado la profundización de la precarización laboral ni las nefastas consecuencias de la militarización.

Invitamos a todas y todos los que enfrentan las políticas del gobierno, la derecha y el imperialismo a sumarse a este desafío, a asumir una perspectiva de independencia de clase para poner en pie una organización revolucionaria superior, que combata en todos los terrenos las consecuencias de las políticas capitalistas: el político, el sindical, el ideológico. Una organización revolucionaria que forje tribunos del pueblo que puedan enfrentar las políticas de conciliación de clase de las corrientes reformistas y de las que quieren constreñir nuestra lucha por todos los derechos y por la transformación radical de la sociedad a meros cambios graduales, a migajas dentro de los marcos de la legalidad y el respeto al status quo y al orden social existente. Frente a las corrientes autonomistas o anarquistas que creen que basta con ignorar al Estado y construir islas de autonomía, consideramos que es necesario aprovechar todos los resquicios de la democracia burguesa para llevar nuestras ideas a millones de personas y convencerlas de abrazar las ideas socialistas, disputando la influencia del gobierno, la derecha y la clase dominante en centros de trabajo, estudio, sindicatos y también en el terreno electoral y luchando por un nuevo poder, de los explotados y oprimidos, construido a partir de derrotar al poder de los capitalistas.

La clase trabajadora y el pueblo de México se merecen una nueva organización socialista y revolucionaria, que se prepare para sacudir a México desde sus cimientos. A partir de sacar las conclusiones de las luchas que se han librado aquí y en el mundo, bregamos por construir una alternativa política que represente los sectores más avanzados de las y los explotados y oprimidos y ponga fin de una vez por todas a este régimen que sólo nos ofrece opresión, miseria y barbarie. ¡Porque el futuro será socialista o no será!