Ayotzinapa. #FueElEjército, #FueElEstado

Están por cumplirse nueve años desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de la policía de Iguala, Guerrero. Como gritaron las en calles los meses siguientes, abriendo una crisis profunda para el régimen mexicano y sus instituciones, desde entonces no olvidamos que el Estado es responsable de tan atroz crimen. En ese entonces, el gobierno priista de Peña Nieto fabricó una deleznable “verdad histórica” que ocultaba la participación del ejército y el conocimiento de funcionarios e integrantes de los cuerpos de seguridad sobre el paradero de los estudiantes, así como la participación activa de dichos cuerpos en este crimen de Estado. También aseguró, sin poderlo comprobar, que los estudiantes habían sido asesinados y sus restos incinerados en un basurero para arrojar sus cenizas al río San Juan en Cocula, Guerrero.

El caso de Ayotzinapa representó, sin duda, el punto más agudo de crisis del gobierno de Peña Nieto, cuestionado a nivel nacional e internacional por la descomposición social y la colusión de diversos niveles de poder y de los cuerpos de seguridad con el crimen organizado. Cientos de miles tomamos las calles por meses para poner al gobierno contra las cuerdas y señalar que el Estado de conjunto era responsable de la violencia, producto de sus políticas de militarización, de prohibición de las drogas, y de mantener la subordinación a las políticas del imperialismo estadounidense.

El masivo movimiento democrático que generó el caso Ayotzinapa de haberse ampliado y desarrollado de manera generalizada, podría haberse fortalecido con la movilización obrera y popular que hubiera posibilitado buscar la caída del gobierno, ya que las movilizaciones y acciones exigiendo justicia se extendieron por todo el país, conmoviendo a la opinión nacional e internacional en medio de una crisis política muy profunda.

Lejos de esto, la clase obrera y el potencial de sus organizaciones y métodos de lucha, como el paro y la huelga general, estuvieron diluidos en movilizaciones de carácter ciudadano producto de la responsabilidad de las direcciones sindicales que evitaron la participación activa de sus organizaciones y levantaron junto a las direcciones populares y sociales que se pusieron al frente del movimiento, una política reformista que priorizó los mecanismos institucionales —en particular la petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de realizar una recomendación contra el Estado mexicano por su responsabilidad en el crimen-, por sobre la movilización obrera y popular para enfrentar y hacer caer revolucionariamente al gobierno.

Sí #FueElEjército y también la policía

Este 16 de septiembre, AMLO presumió el poderío de las Fuerzas Armadas en un nuevo aniversario de la independencia de México donde el tradicional desfile militar contó también con la presencia especial de integrantes de los cuerpos castrenses de una quincena de países, entre ellos Rusia y China. A pocos días de hacerse públicos más de 23 mil mensajes de texto interceptados por la inteligencia del gobierno de Estados Unidos, que no dejan duda sobre las relaciones de colaboración y “asociación” de elementos del ejército y la policía mexicanos ─así como de funcionarios públicos─ con el cártel Guerreros Unidos en Guerrero, el presidente López Obrador insiste en su defensa a ultranza de las fuerzas armadas.

El reportaje publicado por The New York Times es escalofriante. El 23 de septiembre del 2014 y los días posteriores, el ejército tuvo pleno conocimiento de actividades que terminaron en el secuestro y la posterior localización "fallida" de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, a partir del uso del software de espionaje Pegasus, pero decidió no intervenir, incluso a pesar de conocer la ubicación de por lo menos un grupo de los estudiantes secuestrados.

Demuestra también, que la policía estatal actuó en absoluta coordinación con el cártel, defendiendo sus intereses y respondiendo a sus órdenes de atacar un “convoy enemigo” presuntamente perteneciente a otro cártel, que supuestamente había “invadido” el territorio de Iguala; dicho convoy era donde viajaban los estudiantes a una protesta en la capital del país, y que, tras ser secuestrados, fueron entregados al cártel.

Entre los miles de mensajes destaca la enorme cantidad de elementos de seguridad y funcionarios que se encuentran en la nómina del cártel para salvaguardar sus intereses, asegurando su paso libre por retenes, la colaboración en el tráfico de armas o en la disputa frente a rivales. Incluso, mensajes que indican y celebran acciones para doblegar a quienes se niegan a colaborar, e intercambios sobre amenazas de muerte para quienes no cumplan la voluntad del grupo criminal. La coerción, ya sea mediante amenazas, golpizas o sobornos, es el mecanismo privilegiado para construir las redes de apoyo y de informantes obligados del cártel.

También hay mensajes que afirman que por lo menos algunos estudiantes fueron asesinados y sus restos desaparecidos a manos de integrantes del grupo criminal. El gobierno dio por muertos a todos los estudiantes en agosto del 2022, a pesar de sólo haber reconocido restos de tres de los desaparecidos. Hoy, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa ve imposible que los desaparecidos sigan con vida. A pesar de esto, estamos de pie con la lucha de los padres que no se rinden aún y siguen exigiendo la aparición con vida de todos los desaparecidos y que el Estado rinda cuentas. Porque ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! Y por eso gritamos ¡Fue el ejército, fue el Estado!

La militarización, paladín de los gobiernos neoliberales

Uno de los aspectos más cuestionados de las gestiones del PRIAN a partir del 2006 fue la supuesta guerra contra el narco. Una política de "seguridad nacional" que respondió a los intereses y exigencias de la Casa Blanca, desde Washington D.C., y que permitió la proliferación del crimen organizado, profundizó la asociación entre éste y el ejército y extendió la violencia, reflejada en el incremento de los crímenes de trata, de inmigrantes asesinados y el cobro de derecho de piso en los centros urbanos... etc.

En diez años, se contabilizaban casi doscientos mil muertos civiles ─que para el 2021 eran ya 350 mil─ y entre 30 mil y 50 mil desaparecidos, así como el incremento sin precedentes del presupuesto militar, con el consiguiente engorde de los fabricantes de armas estadounidenses que a través de su gobierno (p. ej. con el Plan Mérida) imponían la compra de sus viejos inventarios. [1] La situación de violencia no retrocedió y tampoco se legalizaron las drogas como vía de acabar con la disputa de territorios entre los cárteles o para involucrar al Estado en la producción y distribución de sustancias de calidad con fines fines medicinales y recreativos. Ni siquiera se legalizó el uso recreativo de la marihuana.

Durante los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y en particular con el inicio de la “guerra contra el narco”, las denuncias contra integrantes de la Sedena por violaciones derechos humanos pasaron de 186 en 2006, a 1425 [2] a 2010. La actitud de dichos gobiernos fue absolutamente cínica. Tanto Calderón como Peña Nieto glorificaron a las fuerzas armadas, hicieron caso omiso de los agravios, como en el caso de violación tumultuaria de Ernestina Ascencio, señora mayor víctima de la violencia sexual de soldados, que hoy es atraído por la CIDH. En relación a Ayotzinapa, Peña Nieto no dudó en sostener la “verdad histórica” hasta el término de su gestión “lamentando” los hechos. Por eso, el cínico “repudio” a la militarización impulsado a mediante la Guardia Nacional por la 4T, expresado por el PRI y por el PAN, ahora posando de supuestos opositores de esta política, no tiene un ápice de credibilidad. La lucha contra la militarización y la violencia será de manera independiente a esos partidos que responden a los intereses de los grandes magnates y del imperialismo estadounidense.

AMLO y su ejército “del pueblo”

Apenas hace un par de meses, a fines de julio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsable de las investigaciones independientes sobre el caso Ayotzinapa, renunció y terminó su investigación al denunciar la obstaculización de información por parte del Ejército y la Marina mexicanos. AMLO rechazó esa declaración y aseguró que los cuerpos castrenses colaboraban institucionalmente pues en su gobierno “no se permite la impunidad”.

Presumió que su gobierno ha impulsado “la creación de una fiscalía especializada y una comisión gubernamental para el caso”, y que tras “desmontar la versión del gobierno de Peña Nieto”, han encarcelado a varios militares y más de un centenar de implicados. Sin embargo, a pesar de la detención de personajes como el ex procurador de justicia Jesús Murillo Karam, lo que no hay aun es condena para ninguno de los detenidos. Y si recordamos el apoyo de AMLO a la exoneración del general Salvador Cienfuegos, o el involucramiento en esos días de Omar García Harfuch, jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que en el 2014 era jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero.

Peor aún, AMLO acusó al GIEI de lanzar una “campaña de desprestigio sin fundamento” contra las fuerzas armadas, poniendo en duda también el apoyo que decenas de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, incluyendo padres y madres de los estudiantes desaparecidos, extienden hacia el organismo de investigación independiente.

Aunque su gobierno ha desplegado distintas medidas sociales que lo diferencian de los gobiernos neoliberales previos en su política respecto al caso Ayotzinapa ─no así frente a las “madres buscadoras”-, y un discurso de corte progresista que lo distingue de dichos gobiernos, en el terreno de la seguridad interna ha ido más lejos aún que sus predecesores.

AMLO mantuvo y profundizó la militarización al aumentar la participación del ejército en tareas de gobierno y al beneficiarlo en materia económica, como con la concesión hotelera de complejos construidos como parte del megaproyecto del Tren Maya; o al demostrar su plena confianza y cercanía a las fuerzas represivas, al crear un nuevo cuerpo de seguridad “civil” que poco tardó en ser absorbido por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). En el 2021, México llegó a ser el tercer país en América Latina y el Caribe en destinar más presupuesto al gasto militar, superando incluso lo destinado bajo los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. [3]

La crisis de detenciones-desapariciones o desapariciones forzadas —donde están involucradas fuerzas de seguridad pública como el ejército, la marina o la policía— se ha recrudecido los últimos años. Si bien se calculan unas 290,847 personas desaparecidas desde 1962, más de una tercera parte, alcanzando la cifra de 110,106 han desaparecido bajo el gobierno de AMLO, según cifras de la prensa, [4] un desaparecido cada hora. AMLO ha hecho una defensa a ultranza de las fuerzas castrenses durante todo su gobierno, guardando silencio frente a la crisis de desapariciones que azota al país y que deja ver que tanto los cárteles del crimen organizado como el despliegue del ejército, la marina y la policía son causas de esta crisis humanitaria. Esto no quita la terrible situación que azotó al país los años previos a la llegada de Morena al Gobierno Federal.

Por eso exigimos que todo el presupuesto destinado al ejército, la marina y la policía sea reasignado a vivienda, educación, salud y cultura. Porque los tanques y la guerra los paga el pueblo con hijos sin escuelas y sin derecho a la salud. ¡Desmilitarización inmediata de todo el país, que vuelva el ejército a sus cuarteles!

Alto a la militarización y movilización obrera y popular contra las desapariciones, la violencia y el feminicidio

Bajo el gobierno de AMLO, sólo son levantadas denuncias en un aproximado del 25% de los casos de desaparición forzada y de ese total, sólo un 2% logró sentencias condenatorias. Esto demuestra claramente la continuidad en la relación entre el incremento de la violencia por parte de los cuerpos castrenses contra la población a partir del despliegue de los elementos de las fuerzas armadas como parte de la estrategia de seguridad nacional supuestamente contra el narcotráfico ─así como la escandalosa impunidad que existe y persiste contra los denunciados, como ya mencionamos en relación a las detenciones del caso Ayotzinapa-, y las investigaciones derivadas de las denuncias de violaciones a derechos humanos continúan bajo el fuero militar.

El derecho a saber la verdad no se ha garantizado en relación con los casos recientes ni frente a los del período de la “guerra sucia” y no hay precedente sobre la reparación del daño para víctimas y familiares. La presunción de transparencia y de compromiso con la justicia de AMLO entra en contradicción con este turbio panorama.

Ni hablar de las todavía más difíciles condiciones para obtener justicia cuando se trata de víctimas que son mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos o periodistas, quienes conforman los grupos más vulnerables a ese delito cometido por el Estado y sus instituciones. De la misma manera, en los casos de desaparición donde están involucrados los cárteles del crimen organizado, la lucha por la verdad, la justicia y la reparación del daño es todavía más complicada.

En cuanto a los feminicidios, a pesar de las declaraciones de diversas funcionarias de la 4T como Claudia Sheinbaum o Rosa Icela Rodríguez, ésta última titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la situación es similar. Casi se han duplicado en relación con sexenios anteriores, pues a comparación de la cifra de 11 feminicidios diarios, en 2015, en el gobierno de Peña Nieto asesinaban a 7 mujeres al día. Si se trata de periodistas, [5] de un total de 160 asesinados desde el año 2000, bajo el gobierno de AMLO hemos alcanzado cifras récord, siendo el 2022 el año más letal con 15 periodistas asesinados —cifras comparadas solo con Ucrania-, aunque el sexenio de López Obrador —con 41 periodistas asesinados, a falta de un año de gobierno-, aún está por detrás del total de las 48 víctimas del de Calderón y las 47 del de Peña Nieto.

Para arrancar el juicio y castigo a los responsables, combatir la impunidad, cambiar los marcos jurídicos y los mecanismos institucionales para castigar los delitos que involucra funcionarios, el poder judicial y los cuerpos de seguridad, hace falta la movilización obrera y popular. Hay que impulsarla sobre la base de la movilización con independencia y desconfianza del gobierno, los partidos opositores de la derecha (responsables de miles de desaparecidos y muertos bajo sus gobiernos estatales y federales) y sus instituciones,es decir, del régimen político de conjunto. Con comisiones de investigación independientes y una política combativa por parte de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos que cuestione la militarización del país y la subordinación del gobierno a los dictados del imperialismo estadounidense. Sólo así, podremos arrancar justicia para las personas desaparecidas, garantizando ni unx menos, que no nos falte nadie, y un cese a las políticas criminalizadoras del Estado contra la protesta social.

Por eso, es crucial que los sindicatos, las organizaciones de izquierda, el movimiento estudiantil, de mujeres y ambientalista retomen la demanda por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos, por juicio y castigo para los responsables y justicia, con reparación integral del daño para las víctimas y sus familias, y por la desmilitarización inmediata de todo el país. La autodefensa de la clase trabajadora y los sectores populares debe surgir de la autoorganización, de manera independiente a los cárteles, los empresarios, el gobierno y los partidos del régimen.