Según declaraciones del propio ViceGobernador, Carlos Haquim, los pliegos de los nuevos jueces supremos ingresarían la semana próxima. Serían dos militantes y funcionarios de la UCR y el apoderado del PJ, manteniendo la proporción del bipartidismo en la Corte. Este régimen judicial al servicio de los poderosos no admite reformas. Hay que enfrentarlo en las calles como parte de pelear por una salida a la crisis a favor de las mayorías
Sábado 6 de agosto de 2022 10:56
Fue el mismo CPN Carlos Haquim, vicegobernador y presidente de la Legislatura de Jujuy, quien diera a conocer la lista de los ungidos por el poder político para ocupar los cargos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Lo hizo a medios locales y confirmó que los elegidos por el gobernador Morales son: María Eugenia Nieva (militante radical, diputada provincial (MC) e hija del caudillo radical “Popo” Nieva), Mariano Miranda (actual funcionario del gobierno provincial ya que se desempeña como Fiscal de Estado) y Martín Llamas (un abogado del foro local, apoderado del Partido Justicialista Jujuy en la actualidad).
Desde la asunción del gobierno radical, con Gerardo Morales a la cabeza, el tribunal supremo fue ampliado y ocupado por reconocidos militantes radicales hasta este momento. Armando así una corte con mayoría propia como hiciera el ex presidente Menem.
En esta ocasión puede observarse que los aceitados vínculos políticos, indisimulables por cierto, entre el líder de la coalición gobernante y el presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, volvieron a los carriles históricos donde supieron repartirse el número de jueces a designar en una virtual proporcionalidad en cuanto a las bancas obtenidas en la Cámara de Diputados. “Tradición” que se había visto interrumpida por la prepotencia innata de la personalidad del Gobernador y más acentuada aún con la docilidad mostrada por la que sería la “oposición” pejotista.
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Recambio de jueces del bipartidismo
Sabido es que si bien los nombres en danza son presentados como posibles candidatos y que además deberían someterse a la aprobación de sus pliegos vía parlamentaria luego de una instancia de evaluación por medio de la Comisión de Asuntos Institucionales, los mismos son nombres inamovibles. Si el vice gobernador anunció la terna entrante es porque todo ya está cocinado. Como todas las designaciones de magistrados que vienen sucediéndose a lo largo de estos años.
Recordemos que los mismos surgen luego de que el propio Gobernador iniciara un tembladeral entre los supremos ya que se enviaron a la Legislatura pedidos de juicios políticos para 6 de ellos, con argumentos poco claros, que lo único que buscaban era la renuncia de los ya “marcados” y el disciplinamiento político de todo el cuerpo judicial. En el escandaloso suceso renunciaron la Dra Clara de Falcone (militante radical), la Dra Beatriz Altamirano (militante radical) y el Dr. Sergio González (vinculado al peronismo).
Más allá de los cambios de nombres y militantes en el máximo cuerpo judicial, las intenciones siguen siendo las mismas, una Justicia a la medida de los grandes empresarios y terratenientes que hacen y deshacen a su antojo. Y cuentan con el personal político de la UCR y PJ ocupando cargos de jueces, facilitando desde ahí sus negocios, y también haciendo los suyos, sin guardar el más mínimo decoro de la tan mentada "independencia de poderes".
Es este mismo poder judicial el que ordena la criminalización de protesta de las organizaciones sociales, gremiales y políticas. Un ejemplo claro de ello fue el mega operativo de allanamientos a los domicilios de dirigentes sociales ordenados por un fiscal o más grave aún la enorme operación de espionaje, infiltración y persecución política montada por el MPA hacia las organizaciones sociales y todo opositor que luche en las calles. Mientras ayer se dio a conocer un hecho gravísimo como fue el secuestro de un militante del MTE por encapuchados al grito de “Policía”.
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Con este recambio de nombres en los sillones del Superior Tribunal de Justicia el régimen que gobierna para los poderosos se aleja cada día del relato republicano que intenta vender Morales en su gira presidencial. El PJ de Rivarola le da una mano grande y recibe su tercio como socio menor en el reparto de cargos.
La salida es con la fuerza de las y los de abajo
Este "pone y saca" de jueces del bipartidismo, ocurre en medio de la conformación de un nuevo gobierno con Sergio Massa como superministro. Un aliado de Gerardo Morales en la primera hora de perseguir a las organizaciones sociales y en digitar paso a paso la detención de Milagro Sala. Massa además recordemos iniciaba su gira de campaña 2015 junto a Morales luego de aterrizar con su avión privado en la pista del ingenio Ledesma propiedad de la familia Blaquier responsable del secuestro y desaparición de obreros y jóvenes durante la última dictadura militar. Es entonces, que una política de intervención federal de la justicia como plantean sectores de las organizaciones sociales ligadas al FdT, si antes lleva a sembrar expectativas en que Alberto Fernández lo haga, aún sabiendo de los vínculos del propio Fdt con Morales, ahora con Massa en el centro del gobierno -el mismo Massa que reiteró las auditorias sobre las organizaciones sociales-, seguir sosteniendo un pedido de intervención juega más que nunca en contra de que el pueblo trabajador se organice para enfrentar la persecución y el ajuste de los gobiernos.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda sostenemos que la experiencia práctica que venimos haciendo enfrentando la persecución de la Justicia, el espionaje, las causas contravencionales, tanto las que recaen sobre nuestra organización como cuando lo hacemos en forma solidaria con gremios, organizaciones sociales, reafirma que se trata de un régimen que no admite reformas. Es una Justicia armada a la medida de los dueños de Jujuy.
Por eso, la defensa del derecho a la protesta va de la mano de la pelea de fondo por cambiar de raíz este orden social con la fuerza de la clase trabajadora, uniendo a ocupados y desocupados, como parte de implementar una salida de emergencia a la crisis a favor de las mayorías, a la vez, que ligamos esta pelea a la perspectiva de poner de pie un gobierno de trabajadores en ruptura con los grandes empresarios y terratenientes. Un gobierno que abra paso a la construcción de una sociedad socialista organizada desde abajo, donde los que imparten justicia sean elegidos por el pueblo trabajador mediante el voto directo, que su permanencia en los cargos sea revocable, que los juicios y fallos de los juicios sean impartidos por jurados populares y los ingresos de los funcionarios judiciales dejen de ser cifras varias veces superiores respecto a salarios y jubilaciones y que ganen como cualquier trabajador.
