Agua. Gestionar nuestras necesidades desde abajo: el 2024 y la pelea por el agua

En lo que va del año ya se pueden contabilizar al menos dos momentos de protesta y movilización cuyo centro es el derecho al acceso al agua y su gestión. El primero de estos ciclos tuvo lugar a partir de la primer semana de febrero, alrededor de la noticia de contaminación por xilenos del agua potable destinada a miles de familias en cantones como Goicoechea, Moravia y Tibás. En algunos puntos los cortes de calle y otras formas de protesta se sostuvieron por hasta 4 días, como en el caso de Guadalupe.

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Por otro lado, un segundo momento de movilizaciones importantes tuvo lugar en durante el mes de marzo. Esta vez, las denuncias se vinculan directamente con los reclamos en contra de las medidas de racionamiento excesivo del agua de las comunidades. Reclamos que vienen haciendo familias de diferentes zonas del país, en especial de la zona de los Hatillos. Al mismo tiempo, en lugares como Moravia, en Desamparados y en el propio centro de Guadalupe también se han levantado reclamos por los cortes del servicio con sus respectivas acciones de protesta. La discusión sobre el racionamiento de agua no es reciente y se viene planteando desde ya algún tiempo sumando diversas acciones de protesta en los últimos 4 años y que ahora volvió a expresarse este año tanto en los Hatillos, como en Guadalupe y en otras zonas de Alajuelita, Desamparados y Moravia, como evidenció la cobertura de La Izquierda Diario CR.

El Gobierno y el agua: receta para el desastre

Durante la crisis por contaminación del agua, las acciones tomadas por el Gobierno lejos de gestionar la crisis, la agravaron, creando incertidumbre y aumentando la desconfianza de las comunidades hacia los representantes del gobierno a cargo de la gestión y distribución del servicio de agua potable. De ahí en adelante, la discusión sobre el acceso al agua durante un mes de marzo con temperaturas récord en todo el país ha demostrado el ineficiente manejo del acceso al agua para las comunidades del país por parte del gobierno de Chaves. En resumen, puede decirse que la caracterización del Gobierno presenta mala administración del agua, malas decisiones y una mala inversión. A esto hay que sumarle la decisión de reprimir una de las movilizaciones en reclamo por acceso al agua en Hatillo, llevando a múltiples arrestos contra estudiantes, dirigentes sindicales y manifestantes.

Mala administración

La mala administración del agua quedó en evidencia con el manejo de la crisis de la contaminación por xilenos, en la que el sistema de repartición de agua en camiones cisterna fue el centro de la denuncia. La mala gestión del sistema impidió la creación de canales de comunicación ágiles entre las comunidades y los trabajadores del AyA a cargo de los camiones, resultando en vecinos y vecinas con acceso entorpecido o de plano sin acceso al agua. En medio de esta discusión se plantean las necesidades de cuido tanto de niños y niñas como de personas adultas mayores y personas con discapacidades motoras, a quienes tampoco se les aseguraba un acceso al agua del camión cisterna, quedando en manos de la solidaridad de la comunidad y de los trabajadores y trabajadoras del AyA la garantía de que todas y todos pudieran tomar agua limpia durante los racionamientos y más aún durante crisis como la de la contaminación por xilenos.

Malas decisiones

Las malas decisiones sobre el manejo del recurso hídrico quedaron expuestas con el choque entre la información proveída por las autoridades y representantes del Gobierno y las decisiones materiales tomadas por las propias autoridades dell AyA en torno al manejo del agua y las movilizaciones de vecinos y vecinas. El papel que jugó el nuevo presidente ejecutivo del AyA a Juan Manuel Quesada Espinoza, quien ejercía como presidente de RECOPE, durante las movilizaciones en Guadalupe a inicios de febrero es una muestra de la actitud en del gobierno en general cuando enfrenta procesos de organización combativos: un intento de pacificación del conflicto acompañado de desinformación. En el caso del manejo del acceso al agua en Hatillo esto es aún más transparente, de acuerdo con las declaraciones que las personas que sostuvieron uno de los recientes bloqueos en el puente de Hatillo 6 para La Izquierda Diario: “Hatillo lleva más de 15 años con la problemática del agua” afirmando que “por más que nos sentemos a dialogar con Acueductos no se logra: no nos cumplen los horarios ni siquiera y nos quitan el agua a la hora que les da la gana”.

En el caso del manejo del acceso al agua en Hatillo esto es aún más transparente, de acuerdo con las declaraciones que las personas que sostuvieron uno de los recientes bloqueos en el puente de Hatillo 6 para La Izquierda Diario: “Hatillo lleva más de 15 años con la problemática del agua”

En un país en donde los datos sobre pobreza indican que cerca del 50% de los hogares con menores ingresos en el país tienen una mujer como jefa de hogar, mientras que las cifras sobre desempleo sugieren que cerca de 148 mil mujeres abandonaron la fuerza de trabajo con respecto al año pasado, la incertidumbre a la que están expuestas miles de jefas de hogar por no saber si sus casas tendrán o no acceso a agua potable durante el día puede pesar muchísimo y empeorar significativamente su calidad de vida, más allá de las afectaciones que implican la privación del derecho a agua potable.

Por último, es necesario señalar la decisión de reprimir la movilización del lunes 18 de marzo, lo que conllevo el arresto de dirigentes comunales y manifestantes en Hatillo, quiénes reclamaban tras varios días seguidos sin poder contar con agua potable en sus hogares. Es decir, represión es la salida que el gobierno de Chaves le ofrece a quiénes reclaman su derecho al agua en el país.

Mala inversión

Por último, la mala inversión en el tema del agua se refleja en el debilitamiento consistente del AyA. La estrategia neoliberal que han llevado adelante los diferentes gobiernos de turno, se acompaña de un debilitamiento del servicio público en lo que respecta al acceso para las masas ya sea de educación, de salud o, como en este caso, de agua potable. Según datos del informe del Estado de la Nación del 2023, entre las principales razones que comprometen el acceso a agua potable en poblaciones vulnerables destacan el mal estado de la infraestructura hídrica, la poca planificación urbana y la falta de inversión de algunos acueductos en materia de protección de fuentes y control de fugas. Como resultado, importantes acueductos como el de Tres Ríos, Guadalupe y Pavas figuran entre los 5 acueductos con mayores déficits hídricos en el abastecimiento de la población (siendo el de Tres Ríos y el de Guadalupe los 2 acueductos con mayor déficit respectivamente).

Según el informe, como consecuencia de esto, desde el 2022 se registra una reducción de la cobertura de agua potable del país, pasando de un 95% en 2021 a un 89% en 2022. Queda claro que el agua en manos de los gobiernos que representan los intereses de la burguesía y el capital transnacional, queda reducida a un negocio más; y que depende de la organización y la acción desde abajo, en conjunto con los trabajadores y trabajadoras del AyA, la defensa y gestión del acceso al agua para las comunidades.

Comités y Asambleas en defensa del agua

El ciclo de movilizaciones, desde las marchas en Guadalupe, como los bloqueos en Alajuelita y Hatillo, han dejado puesto sobre la mesa un hecho nada menor a considerar en la situación política actual del gobierno: estas comunidades organizaron y movilizaron vecinos y vecinas para exigir el respeto de su derecho al acceso al agua. Las reconexión del servicio después de las acciones de protesta demuestra el peso que puede llegar a tener la organización desde abajo de Comités y Asambleas en defensa del agua.

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Por un lado, se debe fortalecer la convicción de que el agua no se puede privatizar, que nos pertenece a todos nosotros y nosotras: familias trabajadoras, vecinos y vecinas de las comunidades. Y por otro lado, que solo actuando de manera conjunta con los trabajadores del AyA -quienes también son vecinos y vecinas de nuestras comunidades- será posible una gestión del agua que no deje a miles de familias privadas de este bien común natural. Hacemos un llamado a que los sindicatos del AyA realicen asambleas abiertas en los planteles, con la participación de las familias de la comunidad, vecinos y vecinas en defensa del agua. Que la primer tarea sea poner en manos de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad y la población en general, el conocimiento preciso del estado actual de todas las instalaciones del AyA y su infraestructura, sobre las redes de distribución, sobre las concesiones y demás información necesaria para gestionar el agua con nuestras propias manos.

Un espacio de organización así sería capaz de hacerle frente a los recortes de servicio, garantizando que el agua se distribuya de manera justa y que llegue a todos aquellos hogares con personas adultas mayores, en condición de cuido o con distintas discapacidades motoras; funcionando en todos los niveles: barriales, distritales y cantonales, garantizando el acceso a todos y todas.

Un movimiento político en defensa del agua que sea sensiblea a las condiciones que miles de mujeres deben enfrentar entre la precarización del trabajo y de la vida, en medio de uno de los veranos más calientes de la historia y unos indicadores económicos que no se traducen en una mejor vida para las miles de familias trabajadoras del país. Es necesario apostar por nuestras propias fuerzas en la gestión de nuestras necesidades más sentidas frente a la agenda del Gobierno y las organizaciones que lucran descaradamente con la privatización de servicios esenciales como el agua potable.