El Gobierno prepara un decreto para obligar a las empresas telefónicas a mantener por 2 años un registro con todos los datos de llamadas, navegación de internet, correos, mensajes de texto, WhatsApp y sobre el uso de las aplicaciones en los celulares. Todas medidas represivas, con las que se despide Bachelet.
Lunes 28 de agosto de 2017
Se trata de almacenar los metadatos, es decir las huellas que dejan las comunicaciones electrónicas: la fecha y hora de las llamadas, a quién sean realizado, cuánto duraron, desde qué dirección de internet (IP) se realizaron las conexiones, qué sitios fueron visitados, cuántos mensajes y a quién se han enviado, qué aplicaciones se utilizan, qué tipo de teléfono y cuál es su número de registro, la ubicación geográfica desde donde se utilizan.
El objetivo es ahora, durante el Gobierno de Bachelet, ampliar la cantidad de datos y el tiempo que pueden ser almacenados; ampliación del decreto que data del 2005 (seis meses de almacenamiento) durante el Gobierno de Lagos, que aumenta una anterior (un año de almacenamiento) hecha el 2014 durante el Gobierno de Piñera.
Son medidas para aumentar la represión por parte del Gobierno, y habría sido a pedido de la PDI.
México es un ejemplo preocupante. También allí se modificó su ley para almacenar los metadatos por 2 años. Y la crítica es clara sobre sus efectos: en vez de, como se justificó, utilizarse para combatir el narcotráfico, se convirtió en un instrumento para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos.
Las empresas involucradas, están asociadas en Atelmo (Asociación de Telefonía Móvil). Su presidente es Guillermo Pickering, ¡el ex subsecretario del Interior!
ONGs denuncian que este cambio en la normativa, vulneraría la garantía fundamental de la privacidad, transformando al estado en un “Big Brother”. Probablemente. Pero lo más seguro, es que preparan más herramientas para intensificar la represión contra las organizaciones de izquierda, sindicales y populares.
