La familia de Victoria, la mujer salvadoreña asesinada por la policía de Tulum asegura que aún desconoce la razón de la detención y exige justicia a las autoridades mexicanas, mientras el presidente Nayib Bukele aseguró su confianza en el Gobierno mexicano.
Lunes 29 de marzo de 2021
El Gobierno salvadoreño confirmó este domingo la nacionalidad de Victoria Esperanza Salazar, la mujer asesinada por la policía y ofreció "total apoyo y acompañamiento" a la familia de la víctima, en medio de la indignación internacional y las denuncias de racismo.
El presidente Nayib Bukele dijo en su cuenta de Twiter estar "seguro que el Gobierno Mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables. Somos pueblos hermanos, personas malas hay en todos lados, no olvidemos eso. Mi pésame para la familia de Victoria, sobre todo a sus dos hijas, a quienes les daremos toda la ayuda posible".
Expresamos nuestro total respaldo y acompañamiento a la familia de nuestra compatriota asesinada en Tulum, México. Condenamos su muerte y exigimos a las autoridades mexicanas celeridad en este proceso de investigación. pic.twitter.com/I0lNbKo8rb
— RREE El Salvador🇸🇻 (@cancilleriasv) March 29, 2021
Según medios locales de Quintana Roo, Victoria tenía 36 años, dos hijas menores de edad y contaba con “visa humanitaria permanente” para radicar en México.
El Estado es responsable
Tres tipos de crisis cruzan el asesinato de Victoria Esperanza Salazar en México a manos de la policía de Quintana Roo. El primero la violencia machista que sin importar sexenios y de qué color se pinte la silla presidencial sigue cobrándose la vida de 10 mujeres al día; el segundo, la crisis migratoria y humanitaria de la que el Gobierno de Nayib Bukele es responsable, junto con los demás países del Triángulo Norte centroamericano y el gobierno de López Obrador en México, así como la Casa Blanca, principal promotora de las políticas xenófobas y racistas en su propio país y en el resto de la región.
La tercera es la crisis por la contingencia sanitaria que ha profundizado las condiciones estructurales de hambre y miseria para cientos de miles centroamericanos que no ven en los gobiernos de turno más que servilismo ante los dictámenes del imperialismo estadounidense y del actual mandatario, Joe Biden.
Según el último informe del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), de acuerdo al último análisis de inseguridad alimentaria aguda bajo el protocolo de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), en El Salvador, Guatemala y Honduras, cerca de 7.3 millones de personas se encuentran en emergencia alimentaria. Una crisis más, una razón más para migrar.
El estudio, que abarca entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, confirma que esa situación se vio afectada mayormente por la pandemia COVID-19 y se agudizó con los huracanes Eta e Iota. En el caso de El Salvador, según el informe, 684.000 personas (10% de la población analizada) se encuentran en crisis alimentaria. De junio a agosto de 2021, se estima que 1.0 millones estarán en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda en dicho país.
Qué tipo de “justicia” ofrece el gobierno, qué justicia necesitamos las mujeres
Dos imágenes. Mayo de 2020, el asesinato de George Floyd, un afroamericano asesinado durante la detención de la policía racista y xenófoba de Estados Unidos. Marzo de 2021, la imagen y videos que circulan en redes sociales sobre la detención de Victoria por una mujer policía refleja el carácter racista y feminicida que permea en el país a pesar del discurso de Andrés Manuel López Obrador que, durante el Foro Generación e Igualdad de la ONU aseguró estar a favor de “la defensa de los derechos de las mujeres”.
"(Quiero) decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas y el mundo, a todos, que se va a castigar a los responsables, ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad", afirmó López Obrador.
Sin embargo, el gobierno de la Cuarta Transformación mantiene en ejecución todos los pactos que criminalizan, persiguen y deportan a miles de centroamericanos en el país, junto a los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Tan solo de enero a diciembre de 2019, 179 mil 971 personas extranjeras con condición de estancia irregular (la mayoría de origen centroamericano) fueron alojadas en las distintas cárceles o estaciones migratorias del país, y el 98.6 % fue regresado a su país de origen.
Más allá de la cuestión penal o punitiva en el caso de Victoria existe una política profundamente reaccionaria y conservadora del lopezobradorismo frente a las demandas del movimiento de mujeres y expresiones de la comunidad migrante en México. Este caso deja al desnudo que con o sin legalidad migratoria, ser mujer, pobre y migrante en este país es el blanco para quedar a merced de la policía, de la patrulla fronteriza o de la Guardia Nacional que ha reprimido sin ningún reparo las diferentes Caravanas migrantes.
La detención de los cuatro policías implicados no será suficiente para las dos hijas de Victoria, tampoco lo será para los miles de mujeres migrantes detenidas por la policía machista y racial; para quienes se viola su derecho a libre tránsito en el país y permanecen en las cárceles del Instituto Nacional de Migración (INM) o de la separación de cientos de familias migrantes en la frontera norte y sur de México.
La movilización y protestas de mujeres deben seguir siendo incómodas para el actual gobierno e imponer sus demandas de manera independiente a cualquier expresión demagógica y oportunista de los actuales partidos patronales del régimen. La justicia que necesitamos vendrá de forjar la más amplia unidad entre los de abajo, junto a nuestros compañeros de clase en vías de levantar un gran movimiento que apueste por un plan de lucha opuesto a la agenda antinmigrante gubernamental y recuperar las demandas de libre tránsito, plenos derechos sociales y políticos para nuestras hermanas migrantes, contra la militarización del país y la violencia policial contra las mujeres y los migrantes.
