Mineros. Gómez Urrutia y su propuesta de reforma a la Ley Minera

Napoleón Gómez Urrutia aseguró en su informe del pasado 14 de septiembre que es urgente impulsar una reforma integral a la Ley Minera para regular las concesiones. Esto -según él- sería con el fin de frenar décadas de abusos, excesos y privilegios. El senador declaró: “El país ha enfrentado situaciones que entorpecen el pleno aprovechamiento de los recursos, apoyadas por las administraciones anteriores y por el interés egoísta de los caciques de la minería”.

Aunque no especificó qué ’situaciones’, lo cierto es que, más allá de las huelgas en algunas secciones sindicales, como las de Cananea, Taxco y Sombrerete, que llevan ya más de 15 años sin resolverse, los empresarios mineros nacionales y extranjeros no tuvieron mayores obstáculos en los sexenios pasados para saquear los recursos naturales del país, provocando ecocidios y la pérdida de muchas vidas obreras por la falta de seguridad en las minas, con la complicidad de gobernantes y legisladores de los diversos partidos del régimen.

En su informe, Gómez Urrutia denunció que los gobiernos anteriores concesionaron el 60% del territorio nacional (120 millones de hectáreas) para explotaciones mineras, que podrían durar hasta cien años, lo que les permitió a los empresarios del sector acaparar y especular con las tierras y recursos naturales propiedad de la nación.

También señaló que las enormes ganancias que genera esta actividad no corresponden con lo que reditúa al Estado: menos de 9 pesos por hectárea concesionada. Lo que Gómez Urrutia omitió mencionar es que son esos mismos caciques y empresarios, aliados a políticos que los representan, los que hasta el día de hoy gozan de total impunidad para explotar, saquear y seguir amasando sus fortunas, gracias al despojo de pueblos y comunidades, así como al sudor y la vida de los trabajadores mineros, en pleno gobierno de la 4T y de la actual legislatura federal de mayoría morenista.

Luego de 4 años de gobierno, AMLO no solo permitió que los responsables de homicidios industriales y ecocidios, como Germán Larrea de Grupo México, siguieran impunes, sino que los reivindica como ’empresarios responsables’. ¿Cuál es el sentido y a qué responde entonces la propuesta del senador morenista?

De Pasta de Conchos a El Pinabete

Lo que denunció Gómez Urrutia no es nuevo. Pero cobra relevancia en el marco del colapso y la inundación de la mina El Pinabete, en Coahuila, donde diez mineros quedaron atrapados y perdieron la vida sin que sus cuerpos hayan sido rescatados, lo que evidenció y puso en cuestión la alianza entre el gobierno federal y los rapaces y criminales empresarios del carbón, a quienes les compra el mineral la CFE. También sigue pendiente el rescate de los restos de los 65 mineros que quedaron atrapados en Pasta de Conchos, que el actual gobierno prometió, sin haberlo cumplido hasta el momento.

El senador aseguró que la elaboración de una nueva ley minera tiene como finalidad principal proteger y garantizar los derechos de los trabajadores del sector y erradicar la depredación de la naturaleza, pero ¿era necesario que volviera a ocurrir una tragedia para impulsar propuestas como ésta?

La organización Familia Pasta de Conchos nació en respuesta a la indiferencia por las muertes obreras, la precarización e inseguridad laboral y el daño al medio ambiente provocado por la minería, con la complicidad tanto de las autoridades como de los empresarios del sector y los líderes sindicales.

Cuando pasó lo de Pasta de Conchos, el líder del gremio minero se exilió en Canadá, como perseguido político del gobierno del panista Vicente Fox. Pero era bien sabido que seguía manejando los hilos del Sindicato Minero y que poco hizo por los trabajadores atrapados y sus familias, que quedaron a merced de la negligencia empresarial y la complicidad estatal.

Ahora que sucedió lo del Pinabete, Gómez Urrutia es senador y a la vez sigue dirigiendo el Sindicato Minero, pero no acudió a esta mina ni una sola vez; tampoco, durante la pandemia, llamó a movilizarse contra los despidos y contagios que se dieron en su gremio; ni por la solución de las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete, lo que pone en cuestión si este dirigente sindical está realmente, como dice, comprometido con la base trabajadora.

A tono con la política energética del gobierno de la 4T, que se vincula con la minería en temas como los del carbón y el litio, entre otros, la iniciativa que plantea Gómez Urrutia parece orientada a ponerles ciertos límites o mayores requisitos a las empresas del sector, que a su vez le permitan obtener más ingresos al Estado. Pero no busca terminar definitivamente con el saqueo de los recursos naturales nacionales; revertir el despojo de las comunidades; castigar a los responsables de los ecocidios y las muertes obreras; ni podrá garantizar que estos no se repitan.

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Del exilio a la senaduría

El regreso a México de Gómez Urrutia -quien rompió con el PRI en 2017, posicionándose a favor del Morena- fue alentado y provechado políticamente por AMLO durante su campaña por la presidencia. Ya desde entonces, Morena recibía en sus filas a ex panistas, ex priistas, ex perredistas, charros sindicales y empresarios.

El regreso y nombramiento del líder minero como senador plurinominal del Morena tuvo un fin concreto: ganarse el voto corporativo de miles de trabajadores mineros. Esto también sirvió para fortalecer a AMLO ante los empresarios, como un gobierno que busca propiciar el entendimiento entre éstos y los dirigentes de gremios estratégicos, como el minero. Sin embargo, como hemos visto en 4 años de gobierno, poco o nada ha cambiado para los trabajadores mineros. Al contrario, no se eliminó el outsourcing, pero sí se le pusieron límites al reparto de utilidades, que los beneficiaba.

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Cabe mencionar que, si bien Gómez Urrutia se confrontó con Grupo México y los Larrea, lejos está de ser independiente de los empresarios del sector. En reiteradas ocasiones ha planteado que el gobierno canadiense es respetuoso de los derechos humanos porque le concedió asilo político, dejando de lado el rol imperialista de dicho gobierno, que respalda a las mineras canadienses -con las que el líder minero está en buenos términos- que han devastado el medio ambiente y despojado de tierras a miles de familias en otros países.

El poderoso gremio minero merece contar con una dirección sindical que realmente responda a los intereses de la base trabajadora, que sea independiente del gobierno y de los partidos del régimen. Que luche por la cancelación de todas las concesiones mineras a empresas privadas y busque unirse con las comunidades para garantizar una explotación racional y sustentable de los recursos naturales a cargo del Estado, en beneficio de los trabajadores y el pueblo pobre, no de grandes empresarios nacionales y trasnacionales. Que exija y supervise que en cada centro de trabajo haya condiciones laborales seguras; el rescate de los restos de los mineros atrapados en El Pinabete y Pasta de Conchos; así como el castigo para los responsables políticos y empresariales de estos crímenes.