GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. ¿Habrá nueva Ley de Seguridad Interior?

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados está trabajando sobre un nuevo dictamen para la discusión del próximo periodo de sesiones, que inicia en septiembre, de la Nueva Ley de Seguridad Interior. Dicha ley comenzó a discutirse en diciembre de 2016 pero no se aprobó por consenso. En este caso el PRI anunció que su intención es que se apruebe lo más pronto posible. La ley es una grave violación a los derechos humanos.

Dice Carlos Fazio “la Ley de Seguridad Interior (concepto nunca antes regulado y que hace referencia a la seguridad del Estado y no de las personas), es urgida e impelida por los mandos de las Fuerzas Armadas (por el titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos y el almirante Francisco Soberón, de la Marina de guerra)”.

Como decimos en esta nota "Esta nueva ley contempla la legalización de la participación del ejército en las calles y el aval incondicional a sus acciones. Esto incluye la modificación al artículo 29 constitucional sobre la restricción o suspensión de derechos y garantías, y el permitir al ejército la intervención de comunicaciones privadas."

Entonces el Ejército requiere de un mando constitucional para seguir en las calles. Con la “Guerra contra el narcotráfico” desde 2006 la acción de las fuerzas armadas fue causante que la violación a los derechos humanos se disparase como nunca en la historia del país: más de 200 mil muertos, 25 mil desaparecidos y un millón de desplazados.

Aviso de incendio

Peña Nieto insistió el último día de julio que: “mientras sea necesaria la intervención del ejército, también es deber del Estado proveer a las fuerzas armadas un marco legal que dé certeza a su actuación. Seguiremos trabajando junto con el Poder Legislativo para dar seguridad jurídica a quienes desempeñan estas funciones”.

Por su lado el titular del ejército Salvador Cienfuegos declaró que “es clave tener certeza jurídica para seguir en nuestras funciones”. Es el mismo generalque mostró todo su apoyo al gobierno durante la crisis de Ayotzinapa y que a pesar de las evidencias que marcaron la participación del Batallón 27 en la desaparición de 43 normalistas, mantuvo una negación a ser interrogado y a abrir las puertas de los cuarteles.

Carlos Fazio sostiene que se “buscan facultar a las FF.AA. para realizar tareas de seguridad pública propias de las policías (como la prevención e investigación del delito, detenciones en cualquier delito o peritajes penales), bajo una lógica de seguridad nacional (sin posibilidad de escrutinio público, transparencia o rendición de cuentas).”

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