Genocidas. Hace 32 años, Menem indultaba a Videla, Massera y Camps

Hace 32 años, el 29 de diciembre de 1990, Carlos Saúl Menem firmaba los indultos de los genocidas Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo, Orlando Agosti y Ramón Camps, entre otros. Mediante el Decreto 2741/90 -publicado al día siguiente- el entonces presidente dejaba libres a varios de los principales responsables del genocidio que había arrasado el país entre 1976 y 1983. La medida buscaba avanzar en la llamada “reconciliación nacional”, es decir, en conciliar a la sociedad que había sufrido la represión con quienes la habían ejecutado.

En el texto de fundamentación del decreto se planteaba que el Gobierno nacional apuntaba a crear “las condiciones que posibiliten la reconciliación definitiva entre los argentinos” y se trabajaba para “afianzar el proceso de pacificación en que están empeñados los sectores verdaderamente representativos de la Nación”. Al mismo tiempo, señalaba que debía arribarse a la “reconciliación definitiva de todos los argentinos, única solución posible para las heridas que aún faltan cicatrizar y para construir una auténtica patria de hermanos”.

Aquellos no eran los primeros indultos. Tres meses después de haber asumido la presidencia, ya en octubre de 1989, Menem había firmado los primeros decretos apuntando a la reconciliación nacional. Entre los beneficiados por esas normas estaban los jefes militares procesados que no habían sido favorecidos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, promulgadas durante la presidencia de Alfonsín en 1986 y 1987. Allí también se indultaba a los militares carapintadas que se habían alzado para pedir mayor impunidad; a los ex miembros de la Junta militar condenados por sus responsabilidades políticas y crímenes militares durante la Guerra de Malvinas y, también, a dirigentes de las organizaciones guerrilleras, que habían sido juzgados y condenados en los años previos.

Te puede interesar: Los primeros indultos de Menem

Política de “reconciliación nacional”

Los indultos de Menem continuaban una política que ya se había desarrollado a lo largo de los años 80. Tanto el peronismo como el radicalismo habían apostado, desde la salida de la dictadura militar, a intentar una política que reconciliara a las masas con las FF.AA. que habían ejecutado el genocidio. Se trataba, esencialmente, de un intento de recomponer la dañada imagen de esas instituciones que, ante los ojos de la población, seguían apareciendo como las responsables de miles de desaparecidos, torturados y asesinados.

Precisamente por eso los indultos -como ya había ocurrido con las Leyes de Obediencia Debida y Punto Pinal- despertaron una enorme oposición social que se manifestó en las calles masivamente. En septiembre de 1989, antes de que se firmaran los primeros decretos, una masiva movilización había reunido a cerca de 150.000 personas solo en la Ciudad de Buenos Aires.

Recomponer la imagen de las Fuerzas Armadas era un problema esencial para la clase capitalista y sus Gobiernos. El menemismo, que en sus primeros años contó con el apoyo activo de la casi totalidad del peronismo aplicaba una política de ajuste neoliberal feroz que conduciría a la población trabajadora a una crisis social y aguda. De lo que se trataba era de devolver prestigio a las instituciones capaces de reprimir la protesta social si ésta se extendía masivamente.