Durante la pandemia, pobres y desempleados se incrementaron, pero también la fortuna de los más ricos. En Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania, no están de acuerdo con los impuestos a los multimillonarios, argumentan que crean incentivos para que los residentes ricos se muden o manipulen el sistema con estrategias de evasión fiscal.
Sábado 9 de enero de 2021
Las mega riquezas se incrementaron al ritmo de crear un nuevo multimillonario cada 2 semanas desde marzo del año pasado. La fortuna de 73 millonarios de Latinoamérica aumentó en 48.200 millones de dólares desde iniciada la pandemia. En Chile, la fortuna de la familia Luksic creció en un 80%, la familia Piñera Morel, un 11% (300 millones de dólares), el controlador de SQM y ex yerno de Pinochet, Ponce Lerou, pasó de US$1.700 a US$3.500 millones. Todo esto, en medio de la crisis económica.
Según un artículo de Bloomberg. Desde Chile hasta el Reino Unido, partidos de izquierda, legisladores, activistas y académicos están presentando nuevas propuestas de impuestos a los más ricos. Pero, ¿cómo les ha ido?
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En Latinoamérica, Argentina por ejemplo, hace unos días, se aprobó el Aporte Solidario y Extraordinario, que afectará a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos y tiene como objetivo recaudar 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios. La izquierda allá, denunció que casi el 50% de lo que se recaudará estará destinado a subsidiar el fracking de la actividad petrolera y a sectores empresarios.
En Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania, no están de acuerdo con estas medidas, argumentan que crean incentivos para que los residentes ricos se muden o manipulen el sistema con estrategias de evasión fiscal.
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El gobierno de Sebastián Piñera, los fallos de la Dirección del Trabajo, los anuncios de la Cámara Nacional de Comercio, y las medidas tomadas por el empresariado, han sido la de aplicar y profundizar diversas acciones y medidas de ajuste en contra de las familias trabajadoras. Un proyecto presentado el año pasado, consistía en un único impuesto del 2,5 bruto de las ganancias de los súper ricos del país para financiar un ingreso básico adicional de emergencia. En síntesis, una persona que posee desde US$22 millones, deberá pagar al Fisco US$550 mil, lo que se traduce en $400 millones. Dentro del proyecto de este impuesto único, los grandes ausentes son los capitales mineros trasnacionales, que durante décadas se han hecho de miles de millones de dólares a costa del saqueo a destajo y sin escrúpulos de los recursos naturales como el cobre. Por supuesto, el gobierno desestimó la iniciativa considerando que no es realizable e inconstitucional.
Ahora más que nunca es necesario que las grandes fortunas, dueñas del retail, de las mineras, de las forestales, las salmoneras, entre otros grandes negocios, se hagan cargo de las millones de personas que han arrojado a la cesantía, suspensiones y bajos salarios. Se deben desplegar una serie de medidas que aseguren que la crisis la paguen los ricos, los millonarios y los poderosos, a través de la nacionalización bajo control de sus trabajadores de toda empresa que quiebre o cierre, así como la reconversión de la industria para fabricar insumos médicos para los trabajadores de la salud y el pueblo. Un impuesto al 20% de la riqueza de los más ricos es una medida para enfrentar la crisis.
