Más de 60 casas fueron arrasadas por el fuego el pasado 12 de noviembre en La Florida. Frente a esto, el municipio solo redobla su iniciativa por el desalojo de los pobladores. Hace dos semanas en el campamento Camino al Futuro en Antofagasta otro incendio dejó más de 100 damnificados. La crisis habitacional se agudiza y los pobladores no encuentran más respuesta que represión.
Martes 19 de noviembre
Los bajos sueldos, la inflación, las tasas de interés usureras de los créditos hipotecarios y los precios determinados por la especulación inmobiliaria, han hecho que el acceso a la vivienda sea una tarea titánica o derechamente inviable: el 60% de la genereación millenial (nacidos entre 1981 y 1993) cree que acceder a una casa propia es imposible, detalla un estudio de Plusvalízate. Esta sensación tiene un reflejo en las cifras sobre el aumento de tomas y poblaciones, según el catastro de campamentos 2024 del Minvu, existen 1.432 asentamientos irregulares a nivel nacional, registrando un incremento del 56% en solo cinco años.
Las tomas y campamentos son una respuesta habitacional organizada por los propios pobladores, frente a una necesidad urgente por la falta de viviendas, que ni el Estado ni el mercado logra resolver. En particular el campamento dignidad en la comuna de La Florida, alberga a más de 700 familias, que desde 2019 vienen peleando por una solución habitacional. Estas familias, dirigidas mayormente por mujeres, establecieron reglas de convivencia, tienen redes de solidaridad para apoyarse con alimentos y artículos de aseo, gestionan comunitariamente el acceso a luz y agua, en conjunto al Serviu, y ahorran para obtener un subsidio habitacional.
El incendio dejó a cientos de personas en la calle, perdieron todo lo que habían logrado conquistar durante los últimos años. Los pobladores acusan intencionalidad en los hechos, testigos dan cuenta del uso de un artefacto incendiario (tipo molotov) para iniciar el fuego. Más allá de lo que hoy pueda especularse sobre la causa del incendio, lo concreto es que tanto el gobierno como el municipio están aprovechando la tragedia para prohibir la reinstalación de viviendas en el sector.
La delegación presidencial, interlocutor del ejecutivo con los pobladores, se ha comprometido a entregar una solución transitoria para los afectados, sin embargo, apenas ofrecieron un albergue por 10 días, sin entregar claridades sobre una solución concreta. Pero lo mas grave, es que advirtieron a los pobladores afectados por el incendio que de volver a instalarse en el mismo sector, iban a desalojar el campamento entero. Ni les permiten reinstalarse, ni entregan una solución alternativa.
Y pese a que durante 2022 desde la municipalidad se comprometieron a entregar una solución transitoria, el alcalde Carter, en conjunto con el gobierno, ha intentado en reiteradas ocasiones el desalojo por la fuerza. El hostigamiento por parte de la policía es constante. Las amenazas e intentos de desalojo se han repetido en al menos 3 ocasiones en lo que va del año.
El gobierno de Gabriel Boric, bajo la gestión del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), prometió entregar más de 260.000 viviendas mediante el plan de emergencia nacional. Sin embargo, las cifras de la Encuesta Casen 2022 indican que el déficit habitacional real en Chile supera el millón de viviendas. El plan del gobierno, cuyo cumplimiento aún falta casi la mitad, está lejos de ser una solución efectiva para el problema de la vivienda en el país.
La tendencia al aumento de tomas y poblaciones parece no detenerse. La anarquía que rige el mercado inmobiliario, en conjunto a la especulación y la acción impotente de los gobiernos centrales y locales, sólo perpetúan la pobreza y la precariedad. Ante la urgencia de vivienda, esta debe ser garantizada como un derecho universal, no como un bien de consumo que solo favorece el bolsillo de unos pocos, mientras miles de familias no pueden acceder a un lugar digno donde habitar.
Es necesario prohibir cualquier desalojo. La lucha por la vivienda no puede ser criminalizada. La ley antitomas (ley 21.633) debe ser derogada. No se puede seguir tratando como un delito lo que es una respuesta legítima ante la falta de soluciones.
Una situación de crisis, necesita de medidas drásticas para su solución. Cualquier intento por solucionar el fondo del conflicto, debe de minino disponer de la infraestructura habitable desocupada y ociosa, hoy en manos del fisco, bancos, inmobiliarias y grandes grupos económicos. Esta debe ser expropiadas y puestas a disposición con carácter de emergencia, de forma transitoria y gratuita a los pobladores, hasta que estén disponibles unidades habitacionales dignas y adecuadas.
Por otro lado, la demanda habitacional debe disponer de suelo para la planificación y construcción de proyectos habitacionales. La única vía es la expropiación de los terrenos ociosos (hoy utilizados para especular e inflar precios en el mercado inmobiliario) , que cumplan con las condiciones para ser habitables.
Es más, según un catastro realizado por la consultora Atisba, actualmente en el Gran Santiago hay 179 predios fiscales que están en condición de sitios eriazos o subutilizados, y que suman una superficie de 10 millones 317 mil metros cuadrados, es decir, poco más de 1.317 hectáreas, que es casi la superficie de la comuna de Providencia. Se calculó que en ellos se podrían construir 50.293 viviendas, lo que equivale casi al 40% del déficit estimado para la capital.
Y si bien es cierto, es necesario un plan nacional de obras públicas que se haga cargo de la emergencia, este debe ser ejecutado en base a discusión y decisión democrática de las comunidades, comités de vivienda, pobladores, trabajadores y expertos, definiendo de manera conjunta el cómo queremos vivir en la ciudad.
Solucionar el fondo del conflicto implica chocar con los intereses económicos de multimillonarias y poderosas constructoras, inmobiliarias y bancos. Sus dueños se opondrán a cualquier intento de tocar sus negocios. Por eso, una pelea seria en contra de estos intereses sólo podrá ser exitosa si va de la mano de la organización y la movilización de los trabajadores y el pueblo. La lucha por la vivienda es una necesidad urgente, pero también es una batalla contra un sistema que, a costa los sueños por la casa propia de la mayoría de la población, sigue haciendo ricos a unos pocos, a través de la especulación y la exclusión.
