Los empresarios agroindustriales son los directos interesados en aumentar la frontera agrícola que bajo la forma ilegal de incendios forestales en áreas no autorizadas buscan su objetivo. Ante esta situación, el gobierno realiza tibias medidas de control que, al contrario, alientan la explotación voraz de los bosques con la posterior consecuencia de la contaminación ambiental en nuestro país.
Jueves 9 de noviembre de 2023
Foto: redes sociales
El mes de octubre fue donde se reportaron más incendios forestales debido al chaqueo que inicia la época de siembra en cuatro departamentos del país. De acuerdo a Gestión Forestal al 24 de octubre se dio a conocer que existieron 3.288 focos de calor activos en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Según el Comando Conjunto de Reacción a Emergencias Adversas (C-CREA) los incendios de magnitud estuvieron localizados en el norte de La Paz, en los municipios de Caranavi, Palos Blancos, Guanay, Teoponte, San Buenaventura, Mapiri, Caranavi e Ixiamas. En Cochabamba ocurrieron incendios en Entre Ríos, Chapare, Chimoré y Puerto Villarroel. En Beni, en las regiones de Rurrenabaque, Baures, San Borja, Riberalta, San Javier, Santa Rosa y la provincia Cercado. En Santa Cruz, de acuerdo al informe de la gobernación, los incendios fueron en el Parque Amboró y Buena Vista, también, que en 30 días el fuego arrasó con 54 mil hectáreas de bosque en la reserva del Choré, Yapacaní. En este último denunciaron que personas armadas no dejaron entrar a las brigadas de sofocación de incendios.
En un informe general el director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Omar Tejerina, informó que se tuvieron 2.267.000 hectáreas quemadas a nivel nacional debido a los incendios, de las cuales 630.000 corresponden a zonas boscosas.
El incremento de los incendios forestales ocasionó que en las ciudades de departamento el aire esté contaminado. En la ciudad de La Paz y El Alto el Índice de Calidad del Aire (ICA) registró 200 puntos que con el color rojo asigna que es dañino para la salud. El registro más alto fue en la ciudad de Santa Cruz con un ICA de 308 puntos de color marrón, peligrosa. Estas mediciones indican que el aire de estas ciudades contiene monóxido de carbón, óxido de nitrógeno y azufre debido a los incendios forestales. Por esta situación se tuvieron que suspender las clases presenciales en escuelas y algunos colegios en las ciudades de Santa Cruz y La Paz excepto en la ciudad de El Alto.
Para la organización no gubernamental, Fundación Tierra, “los protagonistas de los incendios son: las grandes y medianas propiedades ganaderas que buscan ampliar sus pastizales; los productores soyeros de todo tamaño, incluyendo empresas agropecuarias, colonias menonitas y comunidades campesinas de las zonas de colonización, territorios indígenas con derecho de uso cedidos a privados; y los beneficiarios de comunidades con autorizaciones de asentamiento en tierras fiscales”, así mismo, añaden que “los principales involucrados en la tala y quema de los bosques son los directos interesados en la ampliación de la frontera agropecuaria y puesta en producción de nuevas tierras para cultivos de exportación” (ANF, 24/10/23).
El presidente Luis Arce asistió a la Cumbre de la Amazonía, en Brasil, donde tocaron los temas de la minería ilegal, deforestación y el narcotráfico. Arce realizó un discurso demagógico porque distó mucho de la realidad que está viviendo nuestro país. Habló de cuidar la Amazonía cuando existen miles de hectáreas boscosas quemadas ilegalmente, con la consecuencia de contaminación del aire en las ciudades. Además, que en los últimos meses sufrimos la contaminación y escasez del agua en varias comunidades por la voraz explotación del oro. El presidente atribuyó este fenómeno del cambio climático a los países desarrollados de occidente, sin embargo, son los modelos de crecimiento industrial extractivista que impulsa y copia en los programas de su gobierno.
Los empresarios agroindustriales realizan el chaqueo indiscriminadamente y rebasan la frontera agrícola ya que el gobierno no tiene ningún tipo de mecanismo serio de control a estas grandes corporaciones agropecuarias que se benefician de las ganancias que producen en tierras muchas veces comunitarias. Donde los pobladores se ven obligados a alquilar las tierras porque no tienen los recursos suficientes para explotar los terrenos para el beneficio de ellos y la comunidad. Estos empresarios que pasan la frontera agrícola ilegalmente son sancionados con la ridícula multa de 0,20 centavos de dólar por hectárea quemada, lo que significa, que es una invitación a quemar más de lo permitido y sacar enormes ganancias que no se quedan en las poblaciones indígenas originarias. Al contrario, los comunarios son explotados en forma esclava, sin ningún tipo de derecho laboral.
Existe un acuerdo tácito entre el gobierno y los productores agroindustriales. Al gobierno le interesa lograr mayores niveles de exportación así tendrá mayores ingresos, en dólares, para el Estado; aunque el precio que haya que pagar sea el daño ambiental irreversible en las ciudades y el campo. Según el portal Agroavances se espera que para el 2030 los agronegocios lleguen a 8.500 millones de dólares anuales y sea el rubro que supere a los hidrocarburos y la industria manufacturera que viene en bajada desde el 2022. Esto significa que el Estado tendrá que entregar ventajas económicas y financieras al sector agroindustrial como lo ha hecho hasta ahora.
Como se observa el gobierno y los empresarios agroindustriales comparten los mismos intereses. El primero requiere mayores ingresos para el Estado y los segundos mayores ganancias para su sector, ambos cómplices y responsables de la degradación ambiental en el país. Prueba de esto es como el gobierno atendió los temas ambientales de manera deficiente: coordinó con las gobernaciones de los departamentos un comité de emergencia de incendios forestales tardío, también, en los últimos meses, mostró el ministerio de aguas lleno de denuncias de corrupción en plena crisis del agua.
Ante un gobierno dócil a los agroindustriales y que tiene controlada a la dirigencia campesina en desmedro de las bases campesinas y comunarias que sufren los daños ambientales de la sequía, contaminación del agua, tierra y aire es necesario enfrentar los planes económicos que las clases dominantes están construyendo ya sea con el MAS o con la oposición. Todos coinciden en facilitar y reducir los controles socioambientales para seguir saqueando la naturaleza y cubrir unas maltrechas cuentas fiscales y aumentar sus ganancias.
Desde la LOR-CI (Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional), organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, denunciamos que el programa económico del actual gobierno es extractivista y dañino contra el medio ambiente y la población. Esta senda fue empezada por Evo Morales atacando reservas forestales como el TIPNIS en 2011. ¡Proponemos una agroindustria al servicio de las necesidades sociales, controlada y administrada por los trabajadores y trabajadoras agroindustriales y las comunidades campesinas y originarias!
Basta del subsidio y ventajas a los agroindustriales que estuvieron inmiscuidos en el golpe de estado de 2019.
La imposición de presupuestos bien dotados para la conservación de la biodiversidad, tanto de especies como de la gran variedad de ecosistemas del planeta, con especial hincapié en los que están en mayor riesgo.
Regeneración de las áreas degradadas (ríos, lagos, bosques y campos) en base a impuestos progresivos al gran capital.
La expropiación de la propiedad terrateniente y confiscación de sus bienes y expropiación bajo control obrero de todo el complejo industrial agroalimentario y exportador.
