Leyes privatizadoras. India: el Gobierno deroga las leyes contra los agricultores

Estas leyes fueron aprobadas por el parlamento en septiembre del 2020, denominadas "leyes negras" por campesinos y trabajadores agrícolas. Este sector representa aproximadamente el 50% de las trabajadoras y trabajadores.

Apenas aprobadas esas leyes el año pasado, millones de agricultores de la India dijeron que las reformas pusieron en riesgo sus medios de vida y dieron a las corporaciones privadas control sobre los precios de sus cultivos, quitando del medio la regulación estatal de precios.

En febrero de este año, cuando Modi se negaba a derogarlas, centenares de miles marcharon hacia Nueva Delhi, tomando brevemente el casco histórico de la ciudad. Los esperaba la Policía con balas de goma, camiones hidrantes y cachiporras. Entonces los agricultores acamparon en la entrada de la capital India y allí permanecieron por meses hasta que las leyes fueran derogadas.

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Todos estos meses el Gobierno del primer ministro se mantenía firme en su defensa de estas leyes que daban enormes beneficios al agropower. Esto a pesar de que su imagen ya el año pasado comenzó a caer en picada entre la población por el manejo de la pandemia.

Ya antes de que estallara la circulación del covid-19, a fines del 2019, Narendra Modi había impulsado leyes de ciudadanía que segregaban a los musulmanes lo que generó la oposición de organizaciones sociales y de derechos humanos y jornadas de protesta, sobre todo de estudiantes universitarios (Universidades en Delhi, Uttar Pradesh (norte), Bombay (oeste) y Hyderabad (sur), entre otras), que terminaron con el asesinato de varias personas y cientos de heridos, sobre todo en el norte y noreste del país. Esta ley consiste en que concede asilo y ciudadanía a cualquier inmigrante indocumentado de Bangladés, Afganistán y Pakistán, siempre que haya entrado al país antes del 2014 y no sea musulmán.

El partido de Modi, partido Bharatiya Janata (BJP, partido nacionalista hindú) justificó esa ley como una forma de proteger a las minorías religiosas hindúes, sijs, budistas, jainitas o cristianas, perseguidas en países vecinos como Pakistán, Bangladés y Afganistán. Pero en realidad no es más que una ley segregacionista que une ciudadanía a religión.

En este marco de descontento popular de varios años, es que se da la lucha de los pequeños agricultores contra esta ley. Primero se planteó desde el Gobierno que las las leyes se "suspenderían", esto no fue suficiente para lograr disolver la protesta. Ahora el gobierno retrocede sobre sus pasos, y tal vez también por la cercanía de elecciones (comienzos del 2022) estatales en ciudades como Uttar Pradesh -que tiene 200 millones de habitantes- y Punjab -norte y noreste indio respectivamente- donde se concentran millones de agricultores. Estas leyes habían causado gran descontento en esos estados, donde el BJP tiene gran parte de su base electoral y también la oposición.

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