El gobierno de Gabriel Boric ha decidido, una vez más, ceder a la presión de la derecha y ha puesto en cuestión su propia decisión de indultar a 12 presos políticos de la revuelta y a Jorge Mateluna. Contraloría ha entrado en escena, y con un nuevo Ministro de Justicia, el indulto peligra, y el escenario para el resto de presos políticos, varios de los cuáles tienen juicios próximamente, se vuelve incierto.
Viernes 13 de enero de 2023
El hecho de que se haya indultado a 12 presos políticos de la revuelta no es ni una casualidad ni menos un regalo que hay que agradecerle al gobierno. Es exclusivamente un triunfo que se conquistó a través de años de movilización de los familiares de los presos, de las organizaciones de apoyo y de distintos sectores que no se cansaron de dejar esta demanda planteada sobre la mesa, a la cual Boric respondió recién a los 9 meses de llegados al gobierno, indultando a un número acotado de presos políticos de la revuelta.
Este triunfo mostró que luchar sí sirve. Pero rápidamente se ha visto cómo todo el régimen político se ha encargado de instalar una opinión pública contraria al indulto, criminalizando burda y brutalmente a los 12 indultados, presentando sus supuestos prontuarios en los medios de comunicación empresariales como Canal 13 o Radio Bio Bio, e incluso con la oposición, encabezada por la UDI, ingresando un requerimiento a Contraloría para que esta solicite un informe al Ministerio de Justicia por los 13 indultos otorgados (12 a presos de la revuelta y uno a Jorge Mateluna).
La derecha ha llegado a vestirse de "democrática" diciendo estar contraria a las facultades arbitrarias del ejecutivo que establece la constitución de la dictadura que ellos mismos defienden. La misma derecha que hasta el día de hoy ha defendido el decreto de amnistía de Pinochet del año ’78. Hasta el diputado republicano Kaiser, amigo del criminal Krassnoff, esputa ahora contra los atributos monárquicos del presidente. Pero son los mismos que aprueban esas facultades cuando se trata de suspender derechos democráticos fundamentales, como decretar estados de excepción permanentes o, como acaban de hacer en el senado, para lanzar a las FFAA a resguardar la infraestructura crítica o para reprimir en zonas fronterizas.
Y como siempre, el gobierno terminó cediéndole a la derecha. No sólo sacaron a la Ministra de Justicia e instalaron a Luis Cordero, un académico del régimen que además fue abogado de la Minera Dominga, en un claro gesto (otro más) hacia el centro político, sino que relativizaron su propia decisión de indultar, al declarar Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno y militante del Partido Comunista que, respecto a las desprolijidades que hubo en el proceso: “Si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiera sido distinta”. El PC se desmarcó de su propio gobierno al señalar en una declaración oficial que no tienen “participación ni directa ni indirecta” en los indultos.
Por su parte, el flamante nuevo Ministro de Justicia, dejó abierto el terreno al cuestionamiento y sembró semillas de dudas respecto a la posibilidad de retroceder en alguno de los indultos, al decir que debe revisar los papeles primeros para luego responder ante la pregunta de su posición ante los indultos otorgados.
Claramente no podemos confiar en este gobierno que en cada decisión busca abuenarse con el gran empresariado, que tiene en su interior a la ex Concertación y que cede cada vez que se lo exige a la derecha de Chile Vamos, y que en materias de Derechos Humanos a mantenido y profundizado la militarización del Wallmapu, con votos del oficialismo el Senado aprobó la Ley de Infraestructura Crítica, a mantenido la prisión política en muchos casos de la revuelta y del pueblo mapuche, con comuneros con más de 40 días de huelga de hambre.
Por eso la situación es compleja para el caso de los indultados el pasado 30 de diciembre y para los presos políticos de la revuelta en general. No sólo porque el indulto puede peligrar, quizás parcialmente para algunos casos (aunque no es descartable una decisión más por derecha y represiva todavía), sino que también porque se aproximan nuevos juicios, como los casos de la Universidad de Concepción que se realizará el 8 de febrero o el de Nicolás Piña, que se desarrollará el 23 de ese mismo mes.
A su vez, se mantienen decenas de otras querellas contra presos de la revuelta, y como decíamos, la prisión política a comuneros mapuche y a figuras como Héctor Llaitul.
Si la primera enseñanza que nos dejó el indulto a 12 presos políticos de la revuelta fue que este se conquistó por la lucha y la movilización, hoy es tiempo de aplicar esa lección de manera inmediata. Es necesario mantenernos alertas y en coordinación común ante esta situación.
El llamado es a que organismos de Derechos Humanos, organizaciones de izquierda, junto a grupos de apoyo, familias, sindicatos y organizaciones sindicales, busquemos la más amplia coordinación en perspectiva de convocar próximas movilizaciones en defensa del indulto a los 12 presos de la revuelta pero con el horizonte de ir más allá, preparándonos para este 2023 en exigencia del retiro de todas las querellas, por la libertad a los presos políticos mapuche y los demás del estallido, para tirar abajo las leyes represivas y criminalizadoras y contra la represión a quienes luchan. No podemos confiar en este gobierno que le cede todo a la derecha, sólo podemos depositar esa confianza en nuestras propias fuerzas.
Dauno Tótoro
Dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios (Chile), y ex candidato a diputado por el Distrito 10.
