La cartera que está a cargo de Omar Sereno resolvió denunciar a dos trabajadores y a un representante sindical a pedido de la patronal de la empresa WEG, en medio de un reclamo por condiciones de trabajo. Amplio rechazo a la resolución ministerial que abre la puerta a la persecución judicial en el marco de un conflicto por cuestiones laborales.
Luis Bel @tumbacarnero
Jueves 8 de octubre de 2020 01:18
El 28 de septiembre pasado, el Ministerio de Trabajo de la provincia mediante resolución ministerial dispuso remitir una denuncia penal contra trabajadores y representantes sindicales de la Unión Obrera Metalúrgica.
Esto en el marco de un conflicto por despidos, suspensiones, salarios y condiciones laborales, tras es el hostigamiento por parte de la empresa WEG a aquellos trabajadores que se vienen organizando contra el ataque constante a conquistas históricas del movimiento obrero. Por esta causa, venían de tres días de estar en estado de asamblea permanente, hasta que el Ministerio los intimó a acatar la conciliación obligatoria, que fue aceptada por los operarios que tras ser notificados, levantaron la medida. A pesar de esto, y con la anuencia de jefe de la cartera de trabajo, la patronal decidió ir por más y elevar una denuncia que Sereno tomo como suya sin mayores pedidos de explicaciones.
Te puede interesar: Metalúrgicos: tercer día de asamblea permanente en fábrica de motores eléctricos de Córdoba
La UOM rechazó inmediatamente la resolución del Ministerio de Trabajo que tiene fecha del 28 de septiembre, pero que fue notificada el día 29. Resolución mediante la cual el ministerio decide suspender la audiencia presencial que tenía fijada en relación al conflicto que se llevaba adelante en la fábrica de motores eléctricos WEG, e informa, que el ministro, Omar Sereno, por información brindada por fuentes de la empresa, las cuales aseguran que se habrían violado los protocolos de bioseguridad durante el transcurso de una asamblea, decide remitir una denuncia penal a la fiscalía de turno para que ésta investigue la comisión de un delito en el marco del artículo 205 del Código Penal.
Dicho artículo reza que "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia", y es el mismo que les fue aplicado arbitrariamente a más de 30 mil cordobeses, la mayoría trabajadores y trabajadoras, con la excusa de que se encontraban violando la cuarentena.
La resolución ministerial alega que a través de la organización de la asamblea, no se habría mantenido el distanciamiento social, nombrando a una serie de trabajadores y dirigentes gremiales que podrían haber llevado a cabo ese delito. Remitiendo esas actuaciones a la justicia penal para que investigue.
Ante el recurso presentado por el gremio, resta saber si el ministro continuará con la remisión de la causa para que la fiscalía comience con la investigación y el llamado de testigos, o retrocede de esta posición escandalosa. Hasta ahora solo atinó a sacar por sus redes sociales un tibio comunicado haciendo énfasis en la inexactitud de la información brindada por el gremio.
Al rechazo de la Unión Obrera Metalúrgica, se sumaron los rechazos de la CTA Autónoma, la CTA de los argentinos, la CGT Rodríguez Peña, la Mesa Sindical de Oncativo y el sindicato de Luz y Fuerza.
El ministro de Trabajo, quien supuestamente está para intentar equilibrar las relaciones de poder entre los empresarios y los trabajadores, coacciona de este modo a quienes estaban llevando adelante una asamblea en defensa de sus derechos laborales, amenazándolos con una denuncia penal.
Esta política de persecución judicial es la misma que se lleva adelante contra los 27 estudiantes procesados por defender la educación pública durante el conflicto universitario de 2018, o en el reciente amedrentamiento por parte del intendente de Agua de Oro, Orlando Belli, allanando las casas de aquellos vecinos que se organizan y luchan contra el avance de los incendios y por la preservación del bosque nativo.
Esto se da en el marco de una profundización de la crisis sanitaria y económica, la cual que conlleva un aumento de la conflictividad social y el comienzo de la organización de los trabajadores y trabajadoras, como ya lo venimos viendo con los sectores de limpieza, call centers, repartidores, docentes y muchos más que salen a luchar por sus derechos.
