A pesar de que la web de Interior no los refleja, en lo últimos siete meses han salido 7 vuelos de repatriación a Mauritania desde Canarias, casi el doble que en 2018. Son sólo la punta del iceberg de toda la política racista e imperialista de este Régimen.
Lunes 3 de febrero de 2020
Los datos llegan a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ya que el Ministerio de Interior cuya cartera ostenta Fernando Grande-Marlaska oculta la cantidad de aviones con deportaciones y cuántas personas viajan en ellos desde 2010. En estos vuelos se suelen deportar entre 100 y 120 personas en cada uno (en algunos casos menores de edad) contra su voluntad, llevándolos, en estos casos, a Mali (en conflicto armado desde 2012), Mauritania y Senegal, países en los que en muchos casos nunca han estado.
Aunque se practiquen este tipo de deportaciones, es una parte pequeña de la política racista del Estado Español, que incluye las devoluciones en caliente en la frontera o los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) auténticas cárceles para inmigrantes. Aún así, gran parte de las políticas racistas de la Europa Fortaleza se llevan a cabo a través de acuerdos con las fuerzas represivas de países como Marruecos o Turquía, quienes hacen buena parte del “trabajo sucio” al servicio del imperialismo europeo.
Las deportaciones más sociales de la historia. #SíSePuede/❤️ pic.twitter.com/Wo8scEOKu9
— simbeniα (@simbenia) February 3, 2020
En el Estado Español las deportaciones no son una noticia nueva. Recordamos que las temporeras de la fresa de Huelva iban a ser deportadas por la propia empresa cuando denunciaron los abusos y la explotación más descarnada que sufren las trabajadoras inmigrantes, oprimidas triplemente por las reaccionarias leyes de extranjería, que las obligan a tener que aceptar las peores condiciones laborales, no sólo para sobrevivir sino también para poder obtener los papeles.
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Estas deportaciones son un ejemplo de toda la violencia y racismo estructural que sufre la población migrante en el Estado español, así como el acoso policial, los contratos en origen, la Ley de Extranjería o la criminalización y campaña política racista que impulsan agrupaciones políticas como Vox, pero cuyas bases institucionales están aprobadas por buena parte del Régimen del 78.
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El PSOE ha querido venderse en sus 10 meses de gobierno como una alternativa a las políticas racistas de países europeos como la Italia de Salvini. Poco le duró la farsa. Antes de las elecciones mantenía retenidos barcos de rescate en puertos como el de Barcelona o el ministro del Interior anunciaba presupuestos millonarios para la apertura de nuevos CIES.
Pero si alguien le quedaba alguna duda basta con recordar su historia reciente. El PSOE es el partido creador de estas cárceles para inmigrantes, el impulsor de la primera ley de extranjería y un partido absolutamente comprometido en la defensa del imperialismo español.
De un partido que ha llevado y lleva a cabo políticas verdaderamente racistas y represoras contra los inmigrantes “sin papeles" según las reaccionarias leyes de extranjería, no vendrá la consecución de demandas como el cierre de los CIEs o el fin de las políticas fronterizas que dejan miles de muertos al año en el mar. Tampoco será quien frene a la extrema derecha, sino más bien es uno de los grandes responsables de su crecimiento.
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Asimismo, si en algún elemento del programa se demuestra palmariamente que Unidos Podemos ha decidido ser parte del status quo es en esta materia. A día de hoy están dispuestos a ser parte del nuevo gobierno "progresista" que promete mantener las grandes políticas de racismo institucional que han sido y son señas de identidad del PSOE, como del PP, y el Régimen del 78 en su conjunto.
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Mientras tanto, el imperialismo español como el europeo son especialistas en provocar guerras y hambre en otros países y luego desentenderse e incluso levantar muros contra todos los refugiados, de guerra, políticos o económicos que huyen de sus consecuencias.
No es de extrañar que todos los años decenas de jóvenes y mujeres trabajadoras huyan de esta situación, mientras las grandes multinacionales como Repsol, Cepsa, Iberdrola o Gas Natural roban en los países semicoloniales a sus anchas, a la vez que imponen astronómicos precios monopólicos a la clase trabajadora española.
Tenemos que seguir luchando por la derogación de la Ley de extranjería, el cierre de los CIEs, el fin de las deportaciones exprés y derechos igualitarios para todas las personas que residen en el Estado español. Es necesario denunciar el rol imperialista del Estado español, causando migraciones forzosas, así como el racismo institucional que impregna el ADN del Régimen del 78, desde las deportaciones, hasta los CIEs, la violencia policial racista o las alambradas.
