Un fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 3 a favor de los vecinos del barrio La Esperanza en Villa Soldati, obliga al ejecutivo porteño reanudar el servicio.
Martes 20 de enero de 2015
La Justicia intimo al Gobierno de la Ciudad a proveer, en el término de tres días desde la notificación judicial, el servicio de agua potable en el barrio La Esperanza de Villa Soldati, en el que viven alrededor de 500 personas, según un censo realizado por sus propios habitantes.
La medida fue dictada por el juez de feria Darío Reynoso, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 3, y ordena al ejecutivo porteño colocar camiones cisterna para el abastecimiento de agua y también lo obliga a brindar el servicio de recolección de residuos.
El barrio esta ubicado próximo a la autopista Héctor Cámpora y la avenida Riestra, y nació en 2009 como consecuencia del incendio de una manzana de Los Piletones. Según denuncian los delegados del asentamiento desde esa fecha no han recibido asistencia por parte del Gobierno de Macri ya que no se encuentra reconocido institucionalmente.
En un comunicado difundido, los habitantes denunciaron el estado de las condiciones habitacionales en las que viven: “Las instalaciones de luz son precarias y provocan cortes constantes, actualmente no contamos con ningún tipo de recolección de residuos ni un lugar específico donde volcar los desechos domésticos, muchos pasillos y calles continúan siendo de tierra agravando las inundaciones los días de lluvia e imposibilitando la circulación y acceso, y lo que es más grave de todo: desde hace meses prácticamente no tenemos agua”.
El servicio de agua lleva seis meses inhabilitado, y la recolección de residuos se realizó únicamente entre octubre y diciembre del año pasado. Los delegados afirman que “el barrio nunca contó con provisión de conteiner ni servicio de camión recolector, lo cual configura una grave situación ambiental y sanitaria”. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, los vecinos decidieron acudir a la vía judicial.
Desde que fue dictada la orden del juez, el Gobierno porteño solo envío algunos camiones cisterna al barrio, pero según declaraciones a Telam de la abogada de los vecinos, Noelia Charchaflie, “los propios conductores les dijeron a los vecinos que era agua no apta para el consumo”.
Los habitantes están a la espera de las soluciones y no descartan medidas de fuerza ante un posible incumplimiento.
